La crisis del coronavirus supera a la ley catalana del alquiler

La crisis económica provocada por el coronavirus ha barrido la utilidad de la ley catalana del alquiler. Pese a que los precios de la vivienda cayeron en octubre en la comunidad, los operadores atribuyen este descenso a una dinámica iniciada antes de la pandemia. Los polémicos topes establecidos por la Generalitat, que entraron en vigor el 22 de septiembre, no han tenido hasta ahora ningún efecto sobre un mercado que aún está adaptándose a la nueva coyuntura.

Según el último informe publicado por Idealista, la vivienda de alquiler se abarató un 2% en Cataluña durante el mes pasado. Además, la provincia de Barcelona registró una fuerte caída (-1,8%), solo por detrás de Girona (-1,9%). Pese a que la capital catalana sigue siendo uno de los mercados más caros a nivel nacional, un portavoz del portal observa que "las bajadas se acumulan desde mayo". "La normativa del alquiler no ha afectado de ninguna forma a este ritmo", resume.

En la misma línea se pronuncia Francisco López de BNP Paribas: "Desde un punto de vista inmobiliario, la percepción es que se había tocado techo y entrábamos en una línea más de moderación tanto en venta como en alquiler".

Incertidumbre entre los propietarios

Lo mismo opina Beatriz Toribio, directora general de Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler), una plataforma que agrupa a cerca de 30.000 arrendadores en toda España. "Como consecuencia de la crisis se ha reducido la demanda y han caído los precios", explica. Asimismo, deja en el aire la cuestión de si las restricciones favorecerán un "mercado negro que compense las limitaciones" y que escape al radar de los índices públicos.

Toribio suma a esta situación la incertidumbre generada por la nueva legislación: "Nos llegan dudas de muchos particulares que no saben cómo debe aplicarse concretamente la norma". La casuística que se deriva de esta confusión es variada: mientras algunos caseros optan por destinar a la venta sus activos, otros pasan se pasan del mercado residencial al mercado vacacional. Todo para reforzar su liquidez ante un panorama complicado que podría tensionar la tesorería de los pequeños propietarios.

El sector del alquiler prepara una batalla jurídica contra la norma catalana de control de precios / EP

Crisis histórica de la demanda

El analista Gonzalo Bernardos advierte de que se avecina una "caída del precio del alquiler histórica" provocada por un sobreexceso de stock. Las causas señaladas por el experto son múltiples, pero todas ellas parten del panorama causado por el Covid-19: "La disminución de los estudiantes extranjeros o nacionales que buscan piso, la caída en la llegada de ejecutivos, el regreso de muchas personas al hogar familiar o su preferencia por alquilar una habitación... todo esto provoca un incremento de la oferta y una contracción de la demanda".

Bernardos también señala el paso dado por muchos propietarios entre el mercado turístico y el mercado residencial como otro factor de abaratamiento de los precios. El profesor de la Universidad de Barcelona se muestra tajante: "La ley catalana del alquiler no ha tenido ningún impacto". Ahora bien, señala que determinados operadores podrían planificar su traslado a otras localizaciones más atractivas para escapar de la maraña legislativa catalana. En este sentido, apunta que Madrid se presenta como una alternativa tentadora para algunos agentes del sector.

López respalda este razonamiento: "En general, el capital tiene aversión al riesgo. Cuando se introduce una nueva legislación, todos los fondos necesitan primero entender bien cuáles son las consecuencias". Y desvela que algunas transacciones han reducido el ritmo para ajustarse a la nueva normativa: "Hay una cierta ralentización en la inversión, porque los actores necesitan saber cuáles son las nuevas hipótesis de mercado. Esto también nos puede llevar a un cierto ajuste del precio”.

El sector no recurre... de momento

Pese a estas críticas a la nueva regulación, el sector inmobiliario de momento no ha movido ficha. Toribio reconoce que tras saber que algunos partidos políticos recurrirían la normativa, Asval y otras organizaciones dejaron en manos de las formaciones la pelea jurídica.

Ahora bien, la portavoz no descarta dar la batalla contra una ley que el Consejo de Garantías Estatutarias ya puso en cuarentena. El organismo consultivo señaló la inconstitucionalidad del texto legal al entender que invadía competencias reservadas a la administración central. Sin embargo, en una sesión maratoniana, el Parlament votó a favor de la propuesta de ley aun con el dictamen en contra de la institución.

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