Colau 'pincha': Pachá, Opium, Shoko y Carpe Diem siguen abiertas

Incumplimiento. El Ayuntamiento de Barcelona, que continúa gobernando la alcaldesa Ada Colau (Barcelona en Comú), ha pinchado y no ha podido cerrar las discotecas Opium, Pachá, Carpe Diem y Shoko, como prometió. Los clubes siguen abiertos tras vencer el plazo dado por el gobierno municipal ayer, 21 de junio.

Tal y como ha recogido El País, los clubes de ocio siguen en operación pese a que la exconcejal de Ciutat Vella, Gala Pin, anunció el 6 de mayo --en plena precampaña electoral-- que el Ejecutivo local dejaría sin actividad los negocios para reconvertirlos en el Instituto de Ciencias del Mar del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El Gobierno matizó a la edil de Barcelona en Comú horas después. Los empresarios la enmendaron en campaña, subrayando que el Ministerio de Hacienda impedirá el cierre, como avanzó este medio y como finalmente ha ocurrido.

Sin fecha de cierre

No es solo que el Ayuntamiento vendiera un cierre de discotecas que no podía garantizar porque es competencia del Gobierno. Es que en estos momentos dicho persianazo no tiene ni fecha. Los operadores del Frente Marítimo dependen de la negociación entre el Ejecutivo local de Barcelona en Comú y el Ministerio de Hacienda. El equipo de los comunes se escuda en que no está formado el nuevo Gobierno.

Por contra, Patrimonio del Estado recuerda dos extremos. En primer lugar, que las concesiones vence el 27 de junio, no el 21 como asegura el Ayuntamiento de Barcelona. Por otro lado, enfatiza que "continúan las conversaciones" entre todas las partes. Por su parte, el gobierno municipal de Ada Colau en la Ciudad Condal ha asumido que se prorrogará la concesión a los operadores.

Dos promesas vacías

Cualquiera que fuere la versión, el fallido cierre de las discotecas del Frente Marítimo se suma a la lista de incumplimientos del gobierno municipal de los comunes. En el mismo figura también la reforma del Puerto Olímpico y la expulsión de los locales. Aseguró Colau que se completaría en 2020, pero la Generalitat de Cataluña no ha cedido la gestión de la dársena ni han empezado las obras mayores: solo trabajos de mantenimiento en los espigones.

Mientras, las supuestas buenas noticias del Ejecutivo de los comunes hacen mella, según los empresarios, en la seguridad jurídica. Solo los cerrojazos del Puerto Olímpico, denuncia la patronal Fecalon, dejarán sin empleo a unas 1.500 personas y fulminarán empresas que facturan más de 50 millones de euros.