Órdago de Torra: reclama 38 millones a Acciona tras perder ATLL

La Generalitat de Cataluña ha lanzado un órdago a Acciona por la resolución del contrato de Aigües Ter Llobregat (ATLL). La Consejería de Territorio y Sostenibilidad, encabezada por Damià Calvet, afirma en una nota de prensa publicada este jueves por la mañana que la cotizada de la familia Entrecanales debe pagarles 38,42 millones de euros al término de la resolución de su principal concesión de agua. Así lo indica el informe jurídico y económico de la comisión que constituyó el Govern para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo del febrero pasado que confirmó que se anulaba el total de la licitación.

Llega a esta conclusión al restar de los beneficios obtenidos por la gestora del agua con la compañía desde 2012 los gastos reconocidos por el Gobierno catalán. Asegura que a 31 de diciembre de 2018, el último día en el que el contrato actual estará vigente, Acciona habrá obtenido unos beneficios de 912,6 millones. Cifra que se alcanza por los ingresos de suministro de agua y venta de electricidad a terceros. A esta cantidad se le debe restar los 874,172 millones que la Generalitat reconoce que debe pagar en conceptos de gastos por la concesión de ATLL. 

Cáculos de Acciona

La compensación económica que ha reconocido la Generalitat implica abrir un conflicto con la compañía. Los Entrecanales avisaron hace aproximadamente un mes que piensan reclamar 1.074 millones de euros al Gobierno catalán por quedarse sin el contrato de ATLL. Basan este cálculo en un informe de PwC que encargó al propia multinacional.

La principal diferencia entre ambas valoraciones parte por la voluntad de la cotizada de cobrar una indemnización por daños y perjuicios. Los informes jurídicos y económicos de la comisión concluyen que este concepto "queda excluido" porque "sólo podría ser aplicable si una de las partes hubiera sido declarado culpable, hecho que no se ha producido". Afirman que los tribunales nunca han llegado a este extremo.

Conceptos que se tienen en cuenta

Asimismo, el grupo de trabajo concluye que "no se pueden tener en cuenta otros conceptos que han implicado un coste para la sociedad concesionaria". Asegura que estos "pertenecen a relaciones con otros sujetos públicos y privados fuera de la relación contractual", entre ellos los "gastos de licitación del contrato u obligaciones tributarias". 

El Gobierno de Quim Torra ha valorado únicamente la "cesión de uso y puesta a disposición de la sociedad concesionaria de las instalaciones de la red Ter-Llobregat" y otros activos "vinculados para los 50 años de concesión, con un canon como contraprestación". 

Primer cálculo del Govern

Cabe tener en cuenta que las conclusiones de los informes jurídicos y económicos de la comisión chocan incluso con los cálculos que había hecho el Ejecutivo catalán en el pasado. El actual vicepresidente económico, Pere Aragonés, cifró en julio de 2016 en 330 millones la liquidación del contrato de la gestora del agua.

Confirmó en ese momento los cálculos que habían defendido el exconsejero de Territorio Santi Vila y el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell desde el primer día en que la justicia señaló los defectos formales del proceso de contratación pública. Eso ocurrió en 2012, poco después de que se firmara el contrato.

Rarezas del contrato inicial

La propia rúbrica del contrato de ATLL se salió de cualquier otra concesión pública habitual. Las prisas por ingresar 300 millones de euros del primer canon del contrato, un montante que se destinó a pagar a los funcionarios catalanes, propiciaron que Acciona tomara el control de la gestora de agua en plena transición de Gobierno. El mismo día en que se sentenció la concesión, Artur Mas nombraba a Vila responsable de Territorio en sustitución de Lluís Recorder y confirmaba a Mas-Colell como responsable de las finanzas públicas catalanas.

Eso propició que el firmante del contrato de ATLL fuera un cargo de confianza de PDeCAT, el entonces secretario de la consejería de Territorio, Pau Villòria. Este político ha ocupado en los últimos seis años varios cargos en la Generalitat. Torra le nombró en la legislatura en curso comisionado del 155. Además, se hizo antes de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, llamado entonces Oarcc, hiciera pública su resolución final sobre la pulcritud del proceso de licitación. Los errores que se detectaron en ese momento han sido ratificados tanto por el TSJC como por el Supremo.

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona / ACCIONA

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona / ACCIONA

Acciona ya ha aseguró en el pasado que no asumió el riesgo que implicaba hacerse con el contrato de ATLL sin más. Alegó que el Gobierno catalán le había presionado para firmarlo antes de que concluyera diciembre por sus problemas económicos. Incluso había dejado la puerta abierta a dejarle sin la licitación. El argumento que previsiblemente promoverá el nuevo conflicto judicial que se abre en la guerra del agua en Cataluña.