El 'fraude de los residentes' se cierra sin citar a quien lo denunció

El caso residentes se ha cerrado sin llamar a quien lo denunció. El fraude admitido por Globalia con las subvenciones aéreas a los ciudadanos de las islas Baleares y Canarias se ha descafeinado antes de que la Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav) pudiera aportar más datos. La patronal de agencias de viajes, la mayor perjudicada por la mala praxis y denunciante de la situación, lamenta que no pudiera arrojar más luz sobre el asunto.

"Ceav alzó la voz en el Ministerio de Fomento contra el fraude en 2007. La confederación lo denunció en la Audiencia Nacional en 2014. Durante la instrucción del caso, su presidente, Rafael Gallego, pidió verse con el fiscal para aportar más pruebas en, al menos, dos ocasiones. Nunca fue citado", explican fuentes cercanas al procedimiento.

El esquinazo al denunciante no ha sido óbice para que el procedimiento se desinchara. El juez que instruye el caso, Eloy Velasco, ha aceptado desimputar al expresidente de Globalia Juan José Hidalgo; al director comercial, Richard Clarck, y al apoderado Ramiro Campos. Además, de 21 empresas investigadas inicialmente, sólo se buscará responsables del desfalco en una.

Pendiente de calificación

El dosier del caso ha recalado ahora en la Fiscalía para que califique el delito. No obstante, el procedimiento que resta vivo contra Globalia y su aerolínea, Air Europa, es mucho más tibio de lo que lo era inicialmente.

"Ceav denuncia un fraude de más de 100 millones de euros. La fianza depositada por Globalia es de unos 30 millones. Se considera que todo lo anterior a octubre de 2010 ha prescrito por inacción administrativa. ¿Por qué? Ceav lo denunció al Ministerio de Fomento en 2007 por primera vez", agregan las mismas fuentes.

Seguirá recibiendo subvenciones

Asimismo, el hecho de que sólo se juzgue a una empresa del grupo, y no a la aerolínea o a su matriz, permitirá a Air Europa seguir recibiendo la subvención del 50% por billete que vende a los residentes en Canarias y Baleares.

"Las ayudas totalizan más de 350 millones de euros al año. El caso ha destapado dos cosas: una, falta de control por parte de Fomento con estos descuentos; y dos, varios factores han confluido para que menos gente y menos empresas respondan por arañar dinero público sin pudor", concluyen las mismas fuentes.