El Gobierno andorrano ‘cabrea’ a la UE con las nuevas reglas del intercambio de datos

Andorra ha dado los primeros pasos para salir de la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aunque las reformas financieras para hacer efectiva la salida han encallado en el intercambio automático de datos. El Gobierno de Andorra pactó en su día que el sistema bancario sería más transparente a partir del 1 de enero de 2017, pero los retrasos y la letra pequeña de la ley que lo regulará han sembrado incluso malestar en la Unión Europea (UE), según fuentes conocedoras del proceso.

Antoni Martí, jefe de Gobierno de Andorra, y Jordi Cinca, ministro de Finanzas, han promovido una propuesta legislativa en la que dilatan de forma unilateral el calendario y dejan la puerta abierta al blanqueo de capitales a través de la adquisición de deuda pública, denuncian los mismos interlocutores.

Retraso de la entrada en vigor

De entrada, el proyecto establece que los titulares de cuentas que de forma consolidada superen el millón de euros el 1 de enero de 2017 entrarán en el intercambio automático un año después. En el caso de que no se alcance esta cantidad, se retrasa hasta 2019.

Esto ha generado multitud de recelos y dudas dentro y fuera del país. Además de que se prolongan los plazos acordados con Bruselas, las entidades no pueden compartir su lista de clientes ni la cantidad que tienen en sus cuentas (especialmente con la competencia) por secreto bancario.

Los más críticos señalan que se dan facilidades a los propietarios de fondos de origen irregular para que los limpien, ya que pueden dispersar el dinero en distintas entidades y ganan un año más para completar los trámites.

Compra de deuda, ¿una forma de blanquear?

Asimismo, denuncian que se ha creado un sistema de blanqueo de capitales estatal. El proyecto de ley de intercambio automático de información en materia fiscal establece que quedan al margen de la fiscalización las cuentas que como mucho alcancen los 50.000 dólares (45.300 euros al tipo de cambio actual) en forma de bonos estatales andorranos.

Es una fórmula para incentivar la adquisición de la deuda del Principado, catalogada como bono basura según las calificadoras de riesgo internacionales --BBB en perspectiva negativa--. Eso generó una sobredemanda del 400% del papel andorrano en la última colocación, algo inaudito hasta la fecha. Pero las dudas sobre la pulcritud de los capitales que apuestan por la deuda pública es mayúscula, dentro y fuera del país.

Falta de transparencia en la tramitación

El proyecto de ley se tramita como un procedimiento de urgencia desde el pasado 21 de junio, pero ni siquiera el debate que se ha generado es conocido. La Batllia, el Gobierno de Andorra, sólo ha hecho pública su propuesta. No ha publicado ni las enmiendas ni las propuestas del resto de partidos políticos y agentes sociales del país.