Jueces andorranos promueven una ley que agilice las rogatorias

Desde hace meses, la cúpula judicial andorrana trabaja en el borrador de un proyecto de ley que enviará al Gobierno del principado con el que pretende reformular la actual legislación en materia de comunicación judicial internacional.

En no pocas ocasiones, jueces y fiscales españoles se han quejado de la lentitud de Andorra en dar respuesta a las solicitudes de información sobre las actividades o el patrimonio en aquel país de sospechosos investigados por distintos delitos en España.

Mucha burocracia, demasiado control

Las comisiones rogatorias, tanto de ida como de regreso, han de pasar por el canal (y por el filtro) diplomático del Gobierno andorrano que se ampara en lo que, en ese sentido, recoge la ley hasta ahora vigente.

Según los juristas consultados, la legislación andorrana en materia de comunicación judicial escuda el secreto bancario y, en cierta medida, protege a aquellos sospechosos que pertenecen al tejido político y financiero.

De juez a juez

La justicia andorrana es consciente de ello. Y los últimos acontecimientos han dejado al Gobierno del principado sin argumentos para no auspiciar esa reclamada reforma. Así, con pleno conocimiento del Ejecutivo que dirige Antoni Martí, algunos de los magistrados y magistradas más prestigiosos de Andorra ya tienen prácticamente concluido el borrador de una ley que permita el contacto directo entre un juez andorrano con un juez, por ejemplo, de la Audiencia Nacional española, sin mediar la intermediación de ningún otro funcionario y sin precisar de validación diplomática.

Contactos bilaterales y rápidos

Este intercambio directo se establecería tanto en el caso de recibir, como en el de enviar información. Serían los jueces y fiscales los que, llegado el momento, pedirían de sus homólogos aclaraciones o precisiones específicas sobre el objeto de la consulta.

El Gobierno de Andorra, que espera ese borrador para los próximos días, solo exigió una cuestión previa a los jueces que trabajan en ese proyecto: que, una vez tramitada (tanto de entrada como de salida) una rogatoria, la Justicia andorrana les comunique su contenido de forma somera, pero certera. Los jueces estarían de acuerdo en incluir esa condición siempre y cuando la notificación se produjere a posteriori de la tramitación de dichas rogatorias.