La juez inadmite la querella contra Cinca por cuestión de territorialidad
La magistrada de Barcelona afirma que el grueso de los hechos presuntamente delictivos que aparecen en la denuncia son competencia del juzgado de El Prat
29 julio, 2016 23:40La Juez de Instrucción número 26 de Barcelona, Roser Aixandrí, ha inadmitido la querella criminal presentada por el empresario Joan Samarra contra el actual ministro de Finanzas de Andorra, Jordi Cinca, a quien acusa de tráfico de oro y diamantes.
La juez, que no entra a valorar en profundidad del detalle de las acusaciones, considera que los hechos criminales sugeridos en la querella acaecieron en el aeropuerto de El Prat y, por lo tanto, no es un juzgado de Barcelona, sino uno de esta población del Baix Llobregat el que, eventualmente, ha de instruir esa investigación. La querella sitúa a Cinca en El Prat recogiendo físicamente lingotes de oro.
¿En España o en Andorra?
La juez apunta, además, que se deberá abrir un debate mucho más amplio y pormenorizado sobre si es la justicia española o la andorrana la que ha de investigar los supuestos portes de oro ilegal que Cinca y un grupo de colaboradores habrían llevado a cabo al margen del control de la empresa Orfund para la que trabajaban a finales de los años 90.
Joan Samarra, expresidente y fundador de Orfund, autor de la querella, está estudiando si recurre ese auto de inadmisión o directamente traslada la denuncia al juzgado decano de El Prat para su tramitación.
Trama fraudulenta
Tal y como adelantó Crónica Global haciéndose eco de la querella, “al menos desde el año 1995, Cinca diseñó una estrategia fraudulenta para apropiarse indebidamente de oro y diamantes pertenecientes a Orfund, la cual comprendía el ulterior blanqueo de los beneficios delictivos”.
La querella se dirige contra Cinca y contra su hombre de confianza, Manuel Terren, que intercambiaron poderes en una sociedad creada para ellos por el despacho de abogados Mossack-Fonseca, sobre el que pivotan los llamados papeles de Panamá.
Descapitalizar la compañía
Samara les acusa de administración desleal y estafa. Según la querella, Cinca urdió una trama empresarial y bancaria al objeto de desviar para su propio beneficio reiteradas cantidades de oro (lingotes) y de diamantes fuera del control y de la contabilidad de la empresa para la que trabajaba y de la que llegó a ostentar un 10% de las acciones: Orfund SA.
La querella relata cómo Cinca estableció contactos diplomáticos con quienes, a cambio de comisiones, facilitaban los contactos, permisos y favorecían las gestiones comerciales en países productores de oro y diamantes como Costa de Marfil, Liberia y Sierra Leona.