La gran patronal y los sindicatos catalanes piden juntos inversión pública en construcción

La crisis se ha cebado con el sector de la construcción de forma que, actualmente, las licitaciones de todas las Administraciones públicas en Cataluña han pasado en siete años de representar el 5,1 % del PIB a tan solo el 2,3 %. Ante ello, los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, se han sentado este martes con la gran patronal catalana, Foment del Treball --PIMEC no estaba presente, ya que la guerra por la representatividad sigue allí--, para firmar un manifiesto cuyo título deja clara su reivindicación: “Por la ocupación, hay que recuperar la construcción”.

“Sabemos que por delante de nosotros van la educación, la sanidad, el bienestar social o las políticas de inmigración”, reconoció el presidente de la comisión de Infraestructuras de la patronal, Joaquim Llansó, antes de añadir que mandan “un SOS porque se están cargando el sector”. El secretario de Acción Sindical y Política Sectorial de CCOO, José Cachinero, puso más cifras al clamor: “Desde 2007 se ha reducido el 84 % de la inversión pública y se ha perdido el 62 % del tejido productivo”.

Acuerdos anteriores

“Hablamos de cosas muy graves en las que la clase política ha tenido y tiene su responsabilidad”, añadió el sindicalista. ¿Cuál? “El Gobierno no ha estado a la altura del país y de sus organizaciones”.

Cachinero hizo hincapié en otros acuerdos que los agentes sociales habían alcanzado anteriormente con medidas identificadas para dinamizar de nuevo la actividad, sin llegar a un esfuerzo de inversión como el plan PIVE de la automoción, una de las comparativas de los firmantes. Pero el Ejecutivo catalán las guardó en el cajón y nunca más se supo de ellas.

Inversiones estables

“Se ha criminalizado a la construcción, especialmente en el inicio de la crisis, por malas prácticas que se hicieron, pero no son un elemento diferencial del sector”, añadió el secretario de Políticas Sectoriales de UGT, José Antonio Pasadas. Por ello, la construcción ha pasado de representar 11 % del PIB catalán antes de la recesión a un escaso 5,5 %, cuando el objetivo perseguido por los agentes sociales es moverse de nuevo en un horquilla estable de entre el 5,5 % y el 6 %.

La regularidad de las inversiones que el sector público, en colaboración con el privado, debe asumir es indispensable, según el escrito. “Deben ser a largo plazo y estratégicas, no al albor de la situación política del país”, manifestó Pasadas.

Huir de proyectos electoralistas

Los agentes sociales criticaron la excesiva politización que se hace de las ejecuciones de inversiones en período electoral, lo que somete al sector a un vaivén que compromete el empleo, el gran objetivo de las reclamaciones. “En cuatro años desparecieron más de 200.000 puestos de trabajo del sector en Cataluña, que ahora tan solo alcanza los 178.000”, señaló el secretario sectorial de UGT.

Se deben tener en cuenta especialmente los perfiles del sector, con dificultades para encontrar otra oportunidad en el mercado laboral actual por la poca preparación que tienen más allá de la formación en construcción al haber pasado años en una obra; certificados mediante un sistema de acreditación.

Agencia de Infraestructuras de Cataluña

Serían fácilmente reubicables en el caso de impulsar la inversión tanto en grandes infraestructuras estratégicas a largo plazo, como el Corredor del Mediterráneo, como en programas de rehabilitación o certificación energética, entre otras.

Además de las nuevas exigencias en materia de inversión, los agentes sociales reclaman al Gobierno catalán que ponga en marcha sin más demoras la Agencia de Infraestructuras de Cataluña, que lleva un año y medio de demora, y un consejo de expertos formado por 10 profesionales con una trayectoria reconocida tanto del sector público y privado.