La subdelegación del Gobierno en Cataluña amparó a la mafia georgiana

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona considera que “hay indicios de criminalidad suficientes contra quien fuera subdelegado del Gobierno en Cataluña entre los años 2004 y 2007, Eduardo Planells. La Fiscalía le acusa de “connivencia criminal” con destacados capos de la mafia.

En un auto que acaba de hacerse público y al que ha tenido acceso Crónica Global, la audiencia considera que Planells pudo haber cometido un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias y por ellos, atendiendo la petición de la Fiscalía, pide al juez de instrucción que cierre el caso y que le lleve a juicio.

Papeles sin control

Según la audiencia, Planells facilitó de forma sistemática los preceptivos permisos de residencia a destacados miembros de la mafia georgiana, una organización dirigida desde Barcelona por el capo (vor v zakone) Tariel Oniani y su lugarteniente, Malchas Tetruashvili.

La audiencia ha estudiado los distintos informes policiales elaborados por la Udef y por la Guardia Civil en el marco de la llamada Operación Avispa que hace referencia a la sospechosa actuación de Planells. La sala segunda cree que la conducta del subdelegado debe dirimirse en un juicio y por ello ordena al juez de Instrucción número 3 de Barcelona que reabra la investigación. 

La Fiscalía, implacable

La Fiscalía ha enumerado hasta 20 expedientes de residencia (preceptivos para la regularización administrativa de un ciudadano extranjero en España) firmados por Planells a distintos componentes del clan georgiano. Según indica la Policía, muchos de esos permisos se efectuaron fuera de plazo y fuera de cualquier control administrativo.

Se da la circunstancia de que Planells, según relata la audiencia, constituyó al menos dos empresas con uno de esos georgianos, Salak Ben Sayan. Se trata de Laura y Sofia Coorporation,S.L. e Inversiones Reunidas Barcelonesas S.L..

Avispa

La Operación Avispa contra la mafia georgiana se desarrolló hace nueve años en distintos puntos de España bajo la coordinación de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. En ella participaron los servicios de inteligencia de más de 10 países.

Los mafiosos habían creado una verdadera industria criminal gracias a la ganancias obtenidas por el tráfico de drogas, blancas y armas. Los sicarios de Oniani habían comprado decenas de restaurantes en el centro de la ciudad y en Las Ramblas de Barcelona con lo que se disponían a blanquear el dinero del crimen.