El problema de la vivienda se enquista en Barcelona

Acceder a una vivienda en Barcelona, o conseguir mantenerse en ella, es cada día más complicado por los altos precios del alquiler, ya que es la provincia con el precio medio del metro cuadrado más caro de toda España. Este ha sido el caso de Emma y su familia, que han sido desahuciados este martes de su piso de alquiler en Sants por no poder hacer frente a las cuotas. Por ello, vecinos y activistas han ocupado la sede del distrito durante la mañana para reclamar una solución habitacional, aunque no lo han conseguido.

Desahucio en Sants

Integrantes del Grup d'Habitatge de Sants han denunciado que la comitiva judicial había incumplido la Ley 24/2015, que establece que no se puede producir un lanzamiento sin existir alternativa de Servicios Sociales o Vivienda. Pero desde el consistorio han detallado a Crónica Global que se trata de un caso de finalización de un contrato de alquiler de un pequeño propietario y que, por tanto, no se encuentra sujeto a esta normativa.

Mediación con el propietario

“Los equipos de emergencia residencial del Ayuntamiento de Barcelona han intentado una mediación con la propiedad para parar el proceso de desahucio, incluso han ofrecido ayudas para el pago del alquiler, pero el dueño se ha negado a negociar”, detallan fuentes de Habitatge i Rehabilitació.

Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipotéca (PAH) y vecinos de Sants tratan de frenar un desahucio / PAH

Es más, los mismos interlocutores subrayan que ofrecieron a Emma y su familia “una salida previa para evitar el impacto del desahucio”. Una solución que no aceptaron. “Servicios Sociales les ha atendido --tras el lanzamiento-- y ya se ha tramitado el alojamiento de emergencia en una pensión”, han aclarado. Por su parte, el grupo de activistas de Sants ha abandonado su encierro en la sede municipal “bajo el compromiso de reuniones continuadas” con Vivienda, aunque han lamentado no haber conseguido una “solución” para la afectada.

Fondos buitre

No todo son malas noticias, ya que este martes el Sindicat de Lloguer Rubí ha llegado a un acuerdo con el fondo Medasil Desarrollos para pactar las subidas de los arrendamientos de las viviendas de Sant Jordi Parc y conseguir así la renovación de sus inquilinos durante siete años más, a precios que puedan asumir.

Miembros del Sindicat Lloguer Rubí celebran el éxito de la negociación / @RubiLloguer

El año pasado, algunas de las familias que residen en estos pisos de Can Fatjó comenzaron a recibir burofaxes que les avisaban de futuras subidas de hasta el 50% de la renta que abonaban. Fue entonces cuando decidieron organizarse e impulsar una negociación colectiva, que ahora ha dado sus frutos. Una de las vecinas afectadas es Noelia Moreno, que acudió a la entidad tras recibir una de las notificaciones, y fue así como descubrió que había más personas en su misma situación. “Nos reunimos y vimos que había gente a la que pedían más dinero, y a otros menos”, explica a este medio.

“Alquileres por las nubes”

Aunque al principio el fondo no respondió a la petición de los vecinos, después de que éstos ocupasen su sede, accedieron a mantener una reunión, y es así como, doce meses después, 14 familias podrán quedarse en sus viviendas haciendo frente a incrementos que no superan el 11%. “¿A dónde vamos a ir? Antes nadie quería venir a Rubí, y lo próximo será tener que mudarnos a Terrassa, porque los precios de los alquileres están por las nubes, mientras los salarios no suben”, lamenta Moreno.

Varios carteles de venta y alquiler de viviendas de propietarios / EUROPA PRESS

El resultado de la negociación --“luchar para conseguir algo digno”, subraya-- le ha traído "calma", pero solo temporal. “Veremos si al final el contrato dura esos siete años”. Aunque rechaza pensar en lo que sucederá después --“vivo el día a día”--, es consciente de que el precio de la vivienda en Barcelona se ha vuelto insostenible.

Sin respuesta a corto plazo 

Desde el consistorio de la capital catalana denuncian que la Generalitat, “una vez más”, no destina recursos ni a la mediación ni a la bolsa de alquiler, y “prácticamente ningún recurso de vivienda ni alojamiento en la ciudad”. Así, lamentan que todo el esfuerzo lo asume el ayuntamiento. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Cataluña es la comunidad autónoma que lidera, de nuevo, el número de desalojos, con 3.433 en el segundo trimestre de 2019, lo que supone el 23,3% del total nacional, por delante de Andalucía --con 2.456--, Comunidad Valenciana --con 1.960--, y Madrid --con 1.637--.

La semana pasada, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) volvió a exigir soluciones para cerca de 600 familias que fueron desahuciadas y realojadas en condiciones “indignas". Llum Olivé, miembro de la asociación, lamentó entonces que las administraciones son incapaces de dar respuesta a corto plazo a los afectados que se quedan sin un techo. De hecho, abandonó la reunión con representantes de Govern y consistorio tras manifestar la inutilidad de estos encuentros.

En total, en Barcelona hubo unos 10.700 casos de desahucio entre 2015 y 2018: 3.098 en 2015, 2.691 en 2016, 2.519 en 2017 y 2.381 en 2018. Hasta junio de este año se han llevado a cabo 1.479 lanzamientos en la provincia --550 en el primer trimestre y 765 en el segundo--.