Rechazo judicial a que Goldman Sachs desahucie a inquilinos de pisos protegidos

La polémica compra acometida en 2013 por parte del fondo Goldman Sachs, cuando se adjudicaba por 201 millones de euros un lote de 2.935 viviendas públicas en alquiler ofrecidas por la Comunidad de Madrid, sigue dando vueltas por los tribunales, con varios frentes abiertos.

Hace un año, un juzgado de la contencioso-administrativo anulaba la venta al entender que la adjudicación no fue debidamente “explicada y justificada”, ni tampoco aprobada por el consejo de administración del ya extinto Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), a la postre titular de los pisos. Encasa Cibeles, la sociedad con la que opera Goldman Sachs para la gestión de estos pisos, recurrió y está por ver en qué queda este litigio.

Sobreseimiento de la causa general

En otro, a finales del pasado año, el juzgado de Instrucción 48 de Madrid decretaba el sobreseimiento temporal de la causa abierta por la venta de estos pisos. El juez valoraba la estimación del fiscal de que no se había acreditado “la existencia del delito de malversación, ni de prevaricación ni fraude de funcionarios públicos”.

Y ahora, el pasado 11 de abril, como consta en un sentencia a la que ha tenido acceso Crónica Global, otro juzgado madrileño --en este caso, el 92-- ha desestimado la demanda de desahucio interpuesta por la gestora de Goldman Sachs por expiración del plazo del contrato y el devengo de rentas impagadas por parte de un inquilino.

La Ley de Arrendamientos Urbanos no es cauce

Encasa Cibeles presentó demanda por expiración del contrato que, tras firmarse en junio de 2007 entre el demandado y el Ivima, había vencido en junio de 2018. Y también por el impago de las rentas desde entonces.

Basaba la denuncia la gestora en el hecho de que, según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), habían expirado los cinco años de vigencia del contrato de arrendamientos y sus sucesivas prórrogas. El mismo argumento que está detrás de otra muchas demandas sobrevenidas por las excesivas rentas aplicadas por Encasa Cibeles tras el vencimiento de los contratos.

Normativa específica de la Comunidad de Madrid

Pero la juez ha entendido que la gestora de Goldman “no puede extinguir el contrato unilateralmente aplicando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino que tiene que someterse a la normativa específica de vivienda pública de la Comunidad de Madrid que habla de prórrogas bianuales del contrato siempre que no cambie la situación económica de los adjudicatarios”, recoge la sentencia.

El fallo recuerda que la legislación sobre viviendas públicas madrileñas, que se remonta al Decreto 100 de 1986 de la Comunidad de Madrid, prevé una duración de los contratos de dos años, con renovación automática bianual siempre que se sigan cumpliendo los requisitos socioeconómicos que en su día justificaron la adjudicación de la vivienda al inquilino.

Recurso para evitar sentar jurisprudencia

Y que, en consecuencia, Encasa Cibeles no puede ampararse en la Ley de Arrendamientos Urbanos y la sola “voluntad de las partes” para decidir unilateralmente la no renovación de los contratos y su extinción.

La sentencia no es firme y la gestora ya ha recurrido en apelación para intentar revertir la situación, y evitar que se siente jurisprudencia.

Primeros beneficios en 2017

Mientras tanto, Encasa Cibeles sigue sacando rendimiento a esta inversión. A la espera de que deposite en el Registro Mercantil las cuentas al cierre del pasado ejercicio, en 2017 lograba entrar en beneficios. Ganaba 600.000 euros por los 2,57 millones perdidos en 2016.

También metía en positivo el Ebitda, hasta casi 900.000 euros, desde el negativo de 3,4 millones registrado un año antes. A esos beneficios llegaba Encasa Cibeles tras ingresar casi 11 millones por rentas y vender 211 pisos.

Dividendo para los fondos de Goldman

En esas cuentas de 2017 se recogía el dividendo de 13 millones de euros abonado por la gestora a los propios fondos de Goldman Sachs, mediante la devolución de una prima de emisión en dos plazos por seis y siete millones de euros.

En diciembre de 2016 fue la primera vez que esta sociedad patrimonial del banco estadounidense pagó un dividendo, de ocho millones, a su matriz a través de este sistema, que tiene ventajas fiscales respecto a un dividendo tradicional.

Cuando un inversor recibe una devolución de prima de emisión, no tributa por este importe en el momento del devengo, sino que lo que hace es reducir el valor de adquisición de las acciones, hasta llegar a cero.