Dos funcionarios de prisiones llevarán el Govern al Constitucional por su vía crucis en Lledoners

Dos funcionarios de la prisión de Lledoners llevarán la Consejería de Justicia ante el Tribunal Constitucional (TC). Según un portavoz de la organización Marea Blava, los trabajadores expedientados por el departamento dirigido por Lourdes Ciuró presentarán un primer recurso por lo contencioso-administrativo y, en última instancia, recurrirán al TC para restituir su honor "tras un vía crucis de dos años" que se ha saldado con sanciones pírricas.

Los hechos se remontan a noviembre de 2020. Fue en esa fecha cuando, tras la inmovilización de un interno ocurrida en octubre en el equipamiento de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima decidió informar a la fiscalía de unos presuntos maltratos por parte de cuatro funcionarios de la cárcel, dos del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) y dos jefes de servicio.

Exterior de la cárcel de Lledoners / GENERALITAT DE CATALUNYA

Sin recorrido penal

A su vez, también suspendió de forma cautelar de empleo y sueldo a los superiores durante seis meses. Fueron precisamente estos jefes de servicio quienes centraron la respuesta del departamento. En un comunicado de prensa, Justicia alegó que los funcionarios se habían excedido y habían llegado a lesionar al recluso --un facultativo diagnosticó varias fracturas costales y un traumatismo en el tronco, y el preso fue ingresado en el hospital--. Pero la denuncia no tuvo ningún recorrido penal: la fiscalía no observó ningún tipo delictivo y el juez sobreseyó la causa.

"Ni siquiera se instaron diligencias por parte del juez al no observar ningún indicio razonable", señala un portavoz de la organización penitenciaria. En paralelo a este revés judicial, la consejería abrió una información reservada para documentar los hechos y estudiar una posible medida disciplinaria.

Sanciones mínimas

Esta vía administrativa concluyó a finales de agosto con un castigo por la mínima: 16 y 18 días de sanción para cada uno de los jefes de servicio afectados tras un procedimiento que ha durado cerca de 20 meses. La comunicación de las faltas graves viene firmada por el número dos de Justicia, Joaquim Clavaguera.

Estas sanciones quedan automáticamente satisfechas por el semestre durante el cual ambos trabajadores fueron suspendidos de servicio de forma cautelar, como establece la resolución.

La 'consellera' de Justicia, Lourdes Ciuró / EUROPA PRESS

"Atemorizar" a la plantilla

Desde Marea Blava se considera que la intención de Justicia fue "atemorizar" a la plantilla actuando con contundencia contra los funcionarios. El movimiento de servicios penitenciarios cosechó el rechazo unánime de los sindicatos de prisiones, que difundieron un comunicado conjunto reprobando las formas de Justicia.

En aquella ocasión, CCOO, UGT, CSIF y CATAC adujeron que se "habían aplicado unos criterios subjetivos claramente interesados que desvirtúan unos hechos muy graves producidos en el DERT, donde la actuación de los jefes de servicios y de los compañeros del departamento permitieron evitar un levantamiento del módulo".

Agresiones a funcionarios

En los últimos meses, las organizaciones de funcionarios de prisiones han retomado sus movilizaciones contra la Generalitat por la oleada de violencia en los penales de la comunidad. Según las organizaciones de trabajadores, solo en los primeros cuatro meses del año los empleados públicos han sido víctimas de 160 agresiones graves.

De estas, 21 han sido agresiones muy graves --con riesgo para la vida de los agentes-- mientras que las otras 141 han sido graves. Además, añaden otras 111 menos graves, que incluyen intentos de agresión, insultos o amenazas y que la administración no contabiliza. La falta de efectivos, la derogación de circulares sobre seguridad y la falta de apoyo jurídico de Justicia son las principales causas señaladas por los sindicatos tras esta situación.