La justicia investiga ahora a Fèlix Millet por la desaparición de unos bienes embargados

Fèlix Millet, expresidente del Palau de la Música condenado a más de nueve años de prisión por el expolio de la institución, tendrá que rendir cuentas, de nuevo, ante la justicia. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granollers lo ha citado a declarar como presunto autor de un delito de falsedad documental y apropiación indebida.

La investigación se ha abierto a raíz de una denuncia presentada en mayo por la Agencia Tributaria. La jueza considera que el expresidente del Palau de la Música podría haber sustraído varios objetos de valor de la mansión en la que vivía, en La Ametlla del Vallès, Barcelona, y que habían sido embargados.

Un expolio de 23 millones de euros

Según avanza El País, los bienes desaparecidos, junto a otras obras, estaban embargados por orden judicial para resarcir los 23 millones de euros procedentes de las arcas públicas que los gestores del Palau, Millet y Jordi Montull, desviaron en beneficio propio.

Para recuperar la cantidad millonaria, en el marco del caso Palau, varios peritos acudieron a la casa de Millet para tasar las obras de arte de su propiedad. La sorpresa de los técnicos fue mayúscula al descubrir que gran parte de los objetos habían desaparecido: colmillos y figuras labradas de marfil, un cabecero del siglo XVIII y un piano de cola son solo algunos de los efectos que fueron embargados por orden del juez y que se encuentran ahora en paradero desconocido.

En prisión

A pesar de que Millet estaba sobreaviso de la imposibilidad de disponer de los mismos, todo parece indicar que el expresidente del Palau hizo caso omiso de la justicia. Después de la citación judicial, sus abogados han recuperado el cabecero y el piano, pero muchos otros siguen “perdidos”. Por su parte, el investigado ha alegado que desconoce por qué los bienes requeridos no se encuentran en su propiedad y que no sabe dónde están.

Millet, de 85 años, cumple condena en Brians 2 desde junio de 2020, después de que el Tribunal Supremo ratificara la pena de nueve años y ocho meses de cárcel por un delito de expolio y por haber obtenido “mordidas” a cambio de su intermediación entre el Govern y empresas de obra pública.