La comisaría ilegal que controla a la comunidad de China en Barcelona
LinkChina, empresa de traducción en Arc de Triomf, acusada de operar como sede policíal del Partido Comunista en Cataluña: el negocio solo admite "intermediar" para la policía de Fuzhou
13 noviembre, 2022 00:00¿Hay una comisaría ilegal China en pleno centro de Barcelona? LinkChina, una empresa de traducción jurada de documentos situada en pleno Eixample, ha sido acusada de trabajar desde España con la policía del Partido Comunista con potencial acceso a "desafectos". Su dueño niega ser sede policial, aunque admite que "intermedia" con un cuerpo de seguridad de la potencia asiática.
El epicentro de la polémica está en el número 83 de la calle Roger de Flor de Barcelona. Allí opera desde hace cinco años LinkChina, un negocio de traducción jurada de documentos de varios idiomas al mandarín, y viceversa. Su dueño, el doctor Yi Lin, también opera una filial de consultoría empresarial desde la misma dirección. La doble operativa, no obstante, esconde una tercera pata menos conocida: intermediación entre la comunidad china, que está muy presente en el entorno del Arc de Triomf y Fort Pienc, donde hay una fuerte presencia de chinos en la Ciudad Condal.
Denunciante: "Es muy preocupante"
Quien ha dado la voz de alarma es Shiany Pérez-Cheng, una analista hispanotaiwanesa que fue profesora de la Universidad de Salamanca. Su especialidad es la fiscalización de la influencia china alrededor del globo. En conversación con este medio, la experta recuerda que LinkChina tiene vínculos con la policía de Fuzhou, capital de la provincia de Fujian, una de la dos con más presencia en Barcelona junto a la de Zhejiang. "Muchas referencias de la diáspora de Fujían en España se relacionan con el Departamento del Frente del Trabajo Unido", agrega. El Frente es un brazo del Partido Comunista Chino para localizar y "desactivar" la disidencia, especialmente fuera del país.
"Técnicamente tienen acceso a datos personales", recuerda, porque "traducen partidas de nacimiento o certificados de antecedentes penales". Ello es preocupante porque "los taiwaneses en España tiene que dirigirse a negocios así porque están acreditados por el Ministerio de Asuntos Exteriores". Ello y el hecho de que trabajen con la policía de Fuzhou, es "extremadamente preocupante" por la posibilidad de captación de datos no solo de Taiwán, que China considera una provincia pese a operar como estado independiente de facto, sino también de desafectos al régimen del presidente Xi Jinping.
Proderechos humanos: "La conocemos y es muy extraño"
Este medio ha preguntado a la oenegé Safeguard Defenders, con sede en Madrid, que brega por los derechos humanos en Asia. "Conocemos esa empresa de traducción del número 83 de la calle Roger de Flor de Barcelona", confirman. Para esta entidad social, que trabaja con duros filtros de seguridad para evitar el espionaje chino, "es muy extraño" que LinkChina trabaje con la policía de Fuzhou. "Es una empresa privada", recuerdan.
De hecho, Safeguard es la red asociativa que denunció recientemente que el régimen chino opera decenas de comisarías en el exterior de China que operan como sedes policiales y judiciales al margen de la ley de cada país. En Barcelona habría tres. Una de ellas en la calle Industria 79, que este medio visitó para comprobar que era también el cuartel general de la Cámara de Comercio de Fujian en la capital catalana. La segunda sería LinkChina. De la tercera se desconoce la dirección.
Linkchina: "Traducimos documentos e intermediamos"
¿Qué dice la empresa? Una portavoz ha subrayado que entre sus principales servicio está "la traducción de documentos para nacionales españoles y chinos para su uso posterior ante las distintas autoridades e instituciones de ambos países". Ello incluye sentencias judiciales y registros matrimoniales, entre otros. "Simplemente traducimos los documentos y el cliente los presenta a las autoridades pertinentes según sus necesidades", defienden, antes de recalcar que son solo una "empresa intermediaria".
Un ejemplo: la renovación de los permisos de conducir. "Debido a la epidemia, hay ciudadanos chinos que viven en España y que no pueden regresar a China para renovarlos", recuerdan. Solo ayudan, dicen, a los chinos de la comunidad de Fuzhou a hacer trámites frente a la policía de su ciudad. También ayudan a tramitar visados para los súbditos chinos que viven en España. Alegan que LinkChina es como cualquier otra "empresa externa" de servicio de visados para una embajada española. "La autoridad final para emitir el visado sigue perteneciendo a la embajada".
"¿Ves algún policía aquí?"
Este medio se ha presentado en LinkChina para pedir una entrevista formal con su fundador para defenderse de las acusaciones, aunque la firma asegura que "no concede" entrevistas. Eso sí, la gerencia ha enviado un comunicado en el que desmarca de las críticas de los proderechos humanos. "¿Ves instalaciones aquí que te cuadren para una comisaría?", ha preguntado un trabajador. Empleados de la oficina han negado tajantemente que sean una sede parapolicial. "Hemos visto lo que se dice en las redes sociales. Cuando supimos que eran taiwaneses, lo entendimos", han añadido, deslizando la animadversión de parte de la población de la isla con China continental, que la reivindica como parte integral.
Desde los comercios de alrededor, niegan ver "movimiento de personas o uniformados" en la oficina de traducción. Eso sí, constatan que el comercio "va a la suya, sin relacionarse con los demás, incluso con los que están puerta con puerta".
Exteriores se desmarca
A la luz de estas acusaciones, ¿rescindirá el Ministerio de Exteriores la relación formal con LinkChina [ver lista oficial de traductores de Exteriores aquí] o la pondrá en barbecho hasta comprobar que el negocio no cede datos sensibles a la policía o toma declaraciones extrajudiciales a nacionales chinos, como ha denunciado Safeguard Defenders? Una portavoz del departamento de José Manuel Albares ha asegurado que no corresponde a la oficina tomar ninguna acción porque "no entra dentro de las competencias de este Ministerio".
Eso sí, tras la publicación de la lista de comisarías ilegales en el exterior, tres de ellas en Barcelona, el Ministerio del Interior sí ha iniciado una investigación para comprobar si las sedes policiales ilegales en España son, en efecto, oficinas parapoliciales. Las pesquisas continúan en estos momentos.