La subida del baremo para acceder a ayudas, insuficiente para frenar la pobreza crónica en Cataluña

La pobreza severa va en aumento en Cataluña. En el año 2020, el porcentaje de ciudadanos en esta situación de extrema necesidad era del 6,2% (481.000 personas) y en 2021 se situó en el 9% (698.220), un porcentaje que no parece que vaya a mejorar a finales de 2022, ni siquiera con el incremento del 8% del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), anunciado el pasado 30 de noviembre.

La tasa de cobertura de la Renta Garantizada y complemento --Ingreso Mínimo Vital (IMV)-- alcanza, actualmente al 24,7% de personas en situación de pobreza severa en Cataluña. Es decir, de 698.220 ciudadanos, solo 172.000 cobran esta prestación. Así lo ha manifestado el portavoz de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Renta Garantizada Ciudadana, Diosdado Toledano, quien ha explicado a Crónica Global que el número de expedientes aprobados en Cataluña es de 60.503 y el número de personas beneficiadas del IMV, unas 171.403. Sin embargo, insiste, esta cifra dista mucho de la perspectiva con la que se puso en marcha esta ley en el año 2020.

Una prestación excluyente

La ínfima cobertura del Ingreso Mínimo Vital obedece, según Toledano, a diferentes cuestiones. Por una parte, porque ya hay errores en la redacción de la propia ley, que establece que para ser beneficiario debes demostrar no tener ingresos o unos ingresos inferiores a los que ofrece la prestación. "Para una familia en situación de extrema necesidad, estar un año sin ingresos es inasumible". Pero la cosa no acaba aquí, prosigue Toledano, "resulta que si antes, el plazo para aprobar el trámite era de tres meses, ahora es de seis". Esto significa, por tanto, que estas familias que no tienen ni para comer, deberán pasar 18 meses sin ingresos o con unos ingresos simbólicos.

Otro aspecto que responde a la escasa cobertura de la prestación es la inexistencia de una ventanilla única para tramitar la solicitud de Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital, que deben pedirse de forma paralela y, a día de hoy, requiere realizar dos trámites por separado. Esto, junto a la demora de la aprobación, hace que muchas personas desistan de solicitar la ayuda.

Falta de voluntad política

Otro aspecto que excluye de la prestación a miles de personas es el incumplimiento sistemático de la ley por parte de la Generalitat que, a pesar de estar obligada a actualizar el Índice de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), lo ha mantenido congelado desde 2010 hasta el pasado mes de octubre, que lo incrementó en un 8%. Dicho aumento eleva la cuantía del IRSC desde los 569,12 euros mensuales en la actualidad a 614,65 euros. Así, la cuantía de la prestación mensual de la Renta Garantizada de Ciudadanía pasaría de 664 euros a 717,12 euros y la cuantía máxima para una unidad familiar que es de 1.208 euros al mes pasaría a 1.304, 64 euros. 

El IPC acumulado en Cataluña desde el 1 de enero de 2010 hasta octubre de 2022 es el 29,2%. Por consiguiente, de aplicarse el incremento del 8% en caso de aprobarse los presupuestos, solo se recupera el 27,4% del IPC acumulado. "No se han cumplido las disposiciones adicionales de los dos últimos presupuestos de la Generalitat que autorizaban incrementar el IRSC con el incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 5% en 2020-2021 y el 2,5% en 2022. Es decir, un 7,625% acumulado que hubiera elevado la cuantía de la RGC para un titular a 714,63 euros. Tampoco se ha cumplido la moción aprobada en el pleno del Parlament de 6 de febrero de 2020, que en su artículo 14.B pedía actualizar el IRSC con el IPC acumulado. "La congelación del IRSC ha excluido a una gran parte de la población en situación de pobreza severa del derecho a prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía", insiste Toledano.

Mientras, engordan las arcas de la Generalitat

Así, la Generalitat se ha ahorrado más de 64 millones de euros en prestaciones gracias a la aprobación del IMV, una ayuda que corre a cuenta de la Seguridad Social. Hasta 2020, las arcas catalanas asumían el total de la Renta Mínima Garantizada (aprobada en 2017). Ahora solo asume la diferencia entre esa prestación y el IMV. Según Toledano, cada expediente aprobado le cuesta al Govern entre 80 y 100 euros aproximadamente. Pese a esto, la implementación es nefasta, alcanzando en la actualidad a un 24,7% de personas en situación de extrema pobreza.

Según la Comisión promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, el incremento del 8% del IRSC solo supone unos 43 millones de euros del gasto público previsto de 144 millones de euros para el conjunto de prestaciones sociales en Cataluña vinculadas al IRSC. 

Un desastre nacional

La escasa implementación del IMV en Cataluña no es una excepción. Cuando el Gobierno de España aprobó esta ley, prometía beneficiar, --según los datos de la pobreza de 2020-- a un total de 2,6 millones de españoles de 800.000 familias en situación de extrema pobreza material.

Los datos del pasado mes de octubre reflejan que la prestación solo llegó a 1,4 millones de personas y 509.000 hogares. Es decir, la cobertura estatal se sitúa en un 30%, un porcentaje que dista poco del de Cataluña.