Apartar a un religioso, una medida extrema de la jerarquía eclesiástica

Suspender a un religioso es una medida extrema para la jerarquía eclesiástica. El destierro forzoso del mosén de Bellaterra, Silvio Torregrossa, por su política financiera y por generar una fuga de fieles en la pedanía, sólo tiene precedentes en casos de abusos sexuales, posicionamientos políticos enconados o daños a la imagen de la Iglesia.

Antes de Torregrossa, del que el Obispado de Terrassa asegura que "se ha cambiado de servicio a Suiza por petición propia", el arzobispo de Barcelona apartó al cura de la parroquia de la Inmaculada Concepción de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Custodio Ballester, tras afirmar en misa que la homosexualidad "es un pecado gravísimo". En aquella ocasión, la Archidiócesis de Barcelona también alegó que Ballester había pedido "un permiso de ausencia" para tomarse "un año sabático".

Casos penales

Además del caso del cura ultra de L'Hospitalet, el arzobispo metropolitano ha suspendido de ministerio a otros religiosos y personas vinculadas a la estructura pastoral por presuntos casos de delitos penales. Es el caso de, por ejemplo, un fraile de la Pia Unió de Germans Missioners dels Malalts Pobres de Barcelona, conocidos como los hermanos Camilos, apartado en 2017 por presunta estafa.

Un año antes, Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, arrebató las responsabilidades al director de la escolanía de la parroquia de la Sagrada Familia de Barcelona. La persona suspendida, un laico, abandonó el coro tras una denuncia interpuesta contra él por presuntos abusos sexuales en los años 70. Dos años antes, el Arzobispado apartó de "todas sus funciones y responsabilidades parroquiales" a Ignasi Marquès, rector de la parroquia de Santa Rosa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), por una denuncia similar.

Mal gobierno e imagen

Los precedentes de forzar a religiosos a tomar "ausencias voluntarias" también se dieron en casos menos graves. Sucedió por ejemplo con Jordi Castellet, párroco de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona), suspendido en 2012 tras haber invertido 200.000 euros en pagarés de Nueva Rumasa sin permiso de la autoridad superior.

El mismo año, el Arzobispado de Barcelona tomó la misma decisión, esta vez de carácter temporal, con el padre Juan Antonio Molina Sanz. La medida se adoptó por la participación de éste en el programa de televisión Gran Hermano de Telecinco.