David Caballero, el estibador asesinado en Montgat, con la Audiencia de Barcelona de fondo
La sombra de ‘Bubito’, el estibador asesinado en Montgat, sobrevuela el juicio con dos mossos implicados
El portuario incriminado en un caso de drogas ha declarado que David Caballero ('Bubito') fue el autor intelectual del montaje, una hipótesis que la investigación nunca logró probar
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La segunda sesión del juicio por el presunto montaje del puerto ha tenido este martes un protagonista inesperado: David Caballero, alias Bubito, el estibador asesinado en noviembre de 2024 de un tiro en la cabeza a las puertas del colegio Hamelin-Laie de Montgat (Barcelona).
Su nombre ha resonado en numerosas ocasiones en la sala de vistas, especialmente durante la declaración del estibador Carlos L., víctima del montaje que en 2016 lo llevó a ser detenido por la supuesta posesión de casi un kilo de cocaína, varias piezas de hachís, un hacha y una pistola semiautomática.
"Fue 'Bubito'"
Según ha explicado el estibador incriminado ante el tribunal, fue Caballero quien ordenó que le colocaran drogas y armas en el interior de su vehículo.
Una teoría que, sin embargo, nunca llegó a probarse durante la instrucción policial y, por lo tanto, no figura en la causa.
Carlos L. ha relatado que la enemistad entre ambos era conocida en el entorno portuario y que incluso llegaron a las manos en enero de 2016 durante una comparecencia en la Ciudad de la Justicia. "Querían quitarme del medio", ha verbalizado ante el tribunal.
El origen de su enemistad, ha explicado, se remonta al año 2008 con la aparición del blog “Los sapos del puerto”, una página web anónima que señalaba a varios estibadores de Barcelona como delatores y narcotraficantes, entre ellos a Caballero, a quien se acusaba de ser confidente policial. "Él era informador de la policía y gozaba de impunidad", ha asegurado el estibador
El entorno de Bubito señaló entonces al estibador como artífice de este blog. Incluso, ha manifestado, lo amenazaron con una barra de hierro y recibió un navajazo en la espalda.
Imagen del blog "Los sapos del puerto", desde donde se vertieron amenazas contra 'Bubito'
'Bubito' estuvo en el punto de mira
Durante la sesión también ha declarado Patxi, el sargento que lideró la investigación. El instructor policial ha reconocido que se llegó a investigar a Caballero, aunque esas diligencias no quedaron reflejadas en la causa principal.
El instructor ha precisado que la línea sobre Bubito se abandonó por falta de indicios concretos y que se decidió centrar la investigación en los dos agentes de los Mossos d’Esquadra implicados, a raíz de los hallazgos de la División de Asuntos Internos (DAI). Caballero llegó a ser entrevistado como testigo, pero nunca constó como investigado formal.
El sargento también ha hecho referencia a las informaciones procedentes de confidentes policiales que apuntaron al agente y al caporal de la unidad de investigación de Sant Martí, aunque —ha admitido— que no se aportaron más pruebas materiales que sustentaran esas sospechas.
El grueso de la carga acusatoria se centra, pues, en las consultas que presuntamente se realizaron desde comisaria meses antes de los hechos y en la información que les facilitó la DAI.
Imagen de archivo de un agente de los Mossos d'Esquadra
Las defensas ven lagunas
Las defensas de los dos funcionarios, representadas por los letrados José Ramón Sorní y Sandra Melgar, han lamentado en esta segunda sesión que muchas diligencias esenciales quedaron sin practicar, especialmente aquellas que podrían haber descartado la implicación de los Mossos.
Ambos han insistido en las inconsistencias sobre los turnos de trabajo del día en que se realizaron las tres consultas desde el ordenador del jefe de la unidad —en marzo de 2016— en las que se buscaron los nombres de David Caballero, Carlos L. y el vehículo del estibador.
Los abogados de la defensa subrayan que no se ha acreditado quién realizó esas búsquedas y que los horarios oficiales no coinciden con los turnos reales: el agente acusado trabajaba por la mañana, mientras que las consultas se hicieron por la tarde, cuando ya no estaba de servicio.
Extremo que Patxi, el sargento, no ha podido justificar.
El “chivatazo” anónimo
El instructor también ha recordado que el día de la “colocada” de la droga y las armas, un hombre identificado como “Alberto” llamó a la comisaría de Sant Martí para hablar con Trini, un agente conocido por su red de informadores en el ámbito del narcotráfico.
Durante la llamada, el tal “Alberto” alertó de que un Volkswagen Golf contenía droga y armas en su interior, estacionado en la zona de Francesc Macià.
Ese aviso activó el operativo que culminó con la detención de Carlos L.
El instructor ha señalado que el propio agente Trini sospechó desde el principio de la llamada, ya que sus informadores nunca lo llamaban por ese apodo. La investigación policial considera que ese "Alberto" es, en realidad, uno de los otros dos civiles investigados.
Imagen de la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona minutos antes del juicio de este lunes 27 de octubre
Escuchas y grabaciones
Las defensas también han vuelto a cuestionar la validez de las intervenciones telefónicas y de la sonorización de la oficina y el vehículo policial.
El instructor ha reconocido que, durante la fase de investigación, se dejó deliberadamente un atestado sobre la mesa para provocar una conversación entre los agentes mientras el despacho estaba siendo grabado.
Durante la primera sesión del juicio, en el apartado de las cuestiones previas, los letrados José Ramón Sorní y Sandra Melgar solicitaron la nulidad de las intervenciones telefónicas y de la sonorización del vehículo y de la oficina policial en la que trabajaban sus clientes.
Sorní, abogado del agente, denunció una vulneración de derechos fundamentales, alegando que las escuchas fueron “prospectivas” y carentes de fundamento.
![Imagen de la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona minutos antes del juicio de este lunes 27 de octubre](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/10\/27\/vida\/1003742701654_15328029_320x180.jpg"])
Lo que pide la Fiscalía
La Fiscalía mantiene su acusación inicial contra los cuatro procesados —los dos Mossos y los dos civiles— por detención ilegal, revelación de secretos, delito contra la salud pública agravado, tenencia ilícita de armas y aprovechamiento de información privilegiada.
Solicita penas de entre 6 y 17 años de prisión, además de inhabilitaciones profesionales, multas superiores a 100.000 euros y la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat de Cataluña.
El juicio continuará este miércoles con las declaraciones de nuevos testigos e investigadores de la DAI, llamados a esclarecer un caso que, casi una década después, sigue rodeado de sombras y rivalidades portuarias.
