Más de 300 familias se unen para reclamar 'el dinero rojo' que les expolió Franco

Más de 300 descendientes de familias republicanas se han unido para reclamar los ahorros que les fueron expoliados a sus antepasados durante los años 1938 y 1941, en plena dictadura franquista. En aquel momento, Franco requisó el capital de cientos de familias al considerar que se trataba de "dinero rojo", emitido por la República.

Ahora, ochenta años más tarde, estas familias, capitaneadas por el bufete Vosseler Abogados, han iniciado los trámites para reclamar compensaciones económicas, invocando la Ley de Memoria Democrática de 2022, que por primera vez los reconoce a las víctimas económicas.

Capital económico que jamás se devolvió

En una entrevista con EFE, dos miembros de la Asociación de Perjudicados por las Incautaciones del Gobierno Franquista (APIGF) recuerdan los casi 20 años que llevan luchando para que el Estado reconozca su derecho a ser resarcidos por las requisas, que los historiadores cifran en millones de las antiguas pesetas, la gran mayoría de ellos en Cataluña.

Las incautaciones del llamado "dinero rojo", con el que Franco pretendía financiar su gobierno tras la Guerra Civil, se basaban en un decreto del bando sublevado que consideraba ilegal la moneda emitida por el Banco de España tras el golpe, por lo que se prometía canjearlo por billetes válidos. En la mayoría de casos, nunca se devolvió.

El dinero no se entregaba de forma voluntaria

Los miembros de la Asociación de Perjudicados por las Incautaciones del Gobierno Franquista conservan los títulos que las autoridades franquistas entregaron a sus abuelos a cambio del dinero intervenido y que, desde entonces, siguen depositados en el Banco de España. Un documento en el que se puede leer: "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo" y el detalle de la suma "entregada", especificando el tipo de billetes o monedas intervenidos.

Lo cierto, aseguran los entrevistados, es que ese dinero no se cedía de forma voluntaria. En ocasiones, eran las fuerzas del orden las que llamaban a las puertas de las casas para exigirlo, bajo amenaza de cárcel, y en otras se hacía un llamamiento a la población, a través de ayuntamientos u otras administraciones, para que lo entregaran.

Especialmente en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conocía y sabía de las afinidades políticas de sus vecinos, era la propia presión social la que forzaba a las familias a entregar unos ahorros, explica el letrado Lluís Domingo de Vosseler Abogados. 

Tres comisiones para evaluar todos los casos

La Dirección General de Memoria Democrática -cuya titular, Zoraida Hijosa, se reunió a principios de mes con los abogados de Vosseler- ha nombrado tres comisiones científicas, integradas por especialistas de la Real Academia de Historia, para que lleven a cabo una auditoría que establezca una estimación "justa y equitativa" del valor que el dinero incautado tendría en la actualidad.

"Lo importante es que no se les requisó el dinero que llevaban en el monedero para la compra, cuya actualización sería el IPC, sino ahorros que habrían servido para comprar viviendas u otras cosas de extraordinario valor", apunta la letrada de Vosseler Leire López, quien cree que ese factor deberá ser tenido en cuenta al calcular las compensaciones.

López confía en que, a finales de año, la Dirección de Memoria tenga ya en sus manos las conclusiones de las comisiones científicas nombradas para valorar las cantidades requisadas, lo que permitiría al Gobierno incluir una partida en los presupuestos generales del Estado para efectuar los pagos.

La cifra real de víctimas es mucho mayor

Los 300 afectados a quienes representa Vosseler Abogados suponen, según López, el grueso de víctimas acreditadas de las incautaciones del franquismo, aunque los historiadores apuntan a que la cifra real podría ser mucho más elevada a juzgar por el número total de títulos que constan expedidos.

"Muchos de esos títulos se perdieron porque los descendientes de los afectados no sabían qué eran y los destruían. En realidad, pocas familias han guardado ese papel como un documento valioso", señala Leire López.