El Govern genera otra crisis en la vuelta al cole con los datos de vacunación

El Govern prepara un nuevo decreto ley para que los centros educativos catalanes puedan acceder a los datos de vacunación de los alumnos y maestros. Un texto que podría aprobarse este mismo martes y que ha anunciado el consejero de Educación, Josep González-Cambray.

El objetivo de la nueva norma es que los institutos "puedan saber qué alumnos se tienen que confinar en caso de detectarse un positivo de Covid en el aula". Sin embargo, ha generado reticencias entre los sindicatos y expertos legales por las consecuencias que tiene a nivel de protección de datos, entre otros motivos.

Un registro de vacunados

"Que los institutos tengan un registro con los vacunados de ninguna manera es posible", señala a Crónica Global el abogado especialista en protección de datos Jordi Bacaria, que considera que "no hay ninguna base legal" para dicho método, que "vulneraría la confidencialidad".

Sin embargo, "si es un acceso muy estricto para mejorar la educación de todos podría ser conforme a derecho. Pero se tiene que escribir, justificar bien", apostilla. Es por ello que el jurista, fundador de Global Legal Data, apuesta por una gestión de datos que se realice directamente desde la Consejería de Salud, lo cual evitaría la cesión de la información.

Obstáculos legales

Otras fuentes jurídicas valoran la iniciativa como "una locura", ya que "hasta ahora había intimidad en los datos" de este tipo. Las fuentes consultadas ven compleja la articulación de dicho decreto, tanto por el derecho a la privacidad de los menores como por el hecho de que "la vacunación no es obligatoria". De hecho, coinciden en recordar que las empresas no pueden acceder a este tipo de información de sus empleados.

Por otro lado, Cristina Martín, responsable de Educación de UGT Catalunya, destaca que los "confinamientos selectivos parecen una buena opción". No obstante, apunta dos problemas: el difícil seguimiento de las clases telemáticas por parte de los alumnos confinados por falta de medios y "el debate sobre la protección de datos y de la vacunación obligatoria" que abrirá el hecho de que los centros tengan acceso a estos datos sensibles. Algo que obliga a reflexionar sobre si "pasa por delante un bien común" que afectará a "los chavales, la gente que trabaja en las residencias y, evidentemente, los maestros que no se han vacunado".