El Supremo archiva de forma definitiva la querella contra el Gobierno por el Covid

Lo ha resuelto la sala de lo Penal en un auto de 20 de mayo al que ha tenido acceso Crónica Global. Según la resolución, el Supremo inadmite el recurso de súplica interpuesto por las 116 familias querellantes, la Fundación Zeballos, la asociación HazteOir, la plataforma Abogados Cristianos y el letrado catalán Esteban Gómez Rovira. La argumentación de los magistrados es la misma que en diciembre de 2020, cuando hubo una primera inadmisión: "La ausencia de indicios suficientes para imputar los hechos denunciados a las personas aforadas". 

No basta con esconder información

Como ya hicieran a finales de 2020, los jueces reiteran ahora que los escritos de las acusaciones no cumplen "unos presupuestos mínimos de imputación". Para que los 23 miembros del Gobierno fueran responsables, recuerda el grupo de togados encabezado por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, no basta con acreditar que "se ocultó información procedente de organismos internacionales y que esos informes técnico-sanitarios ya eran conocidos por el Gobierno". 

Tampoco es suficiente "demostrar que la no adopción de medidas tendentes a evitar las aglomeraciones masivas pudo incrementar el número de contagios [con el virus SARS-CoV-2]". Según el Supremo, para que la ocultación de información mereciera reproche penal es preciso acreditar que "hubo una precisa relación de causalidad" entre "la desinformación y el resultado lesivo o mortal" de esa acción. 

"No hay vulneración de tutela judicial"

Los magistrados subrayan que el archivo inicial de la causa y la inadmisión ahora del recurso de súplica "no significa [...] que esta Sala haya descartado el carácter delictivo de todos y cada uno de los hechos mencionados en las querellas y denuncias presentadas". El grupo de jueces se ciñe a no avalar los escritos de acusación por la citada "ausencia de indicios". A este respecto, la sala Penal del alto tribunal deduce testimonios para que, "en su caso, se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen a las que ya estuvieran siendo o hubieran sido objeto de tramitación" ante otras instancias. 

La inadmisión del recurso de las asociaciones y de las 116 familias querellantes tampoco vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los denunciantes. La máxima instancia judicial recuerda su exposición "motivada y razonable" y el hecho de que la valoración de la "significación penal" de unos hechos puede hacerse con la descripción de los mismos en "la querella o denuncia", como es el caso. 

Contra todo el Gobierno

Cabe recordar que la querella contra todo el Gobierno tiene su origen en una acción penal de un grupo de abogados representantes de 116 familiares de víctimas del Covid-19 en mayo de 2020. La causa se inició con una acusación contra los 23 miembros del Ejecutivo "como presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave". Entre otros, se citaba el permiso a la celebración del Día Internacional de la Mujer de 2020 pese a que el consejo de ministros sabía de la existencia del virus SARS-CoV-2 desde "diciembre de 2019" o enero del pasado año. Concentraciones "fomentadas activa y públicamente por varias de las querelladas". Los afectados también alertaron de las competiciones deportivas no suspendidas o de las conexiones de vuelo entre España e Italia que operaban con normalidad a principios de marzo del año pasado. 

Las familias de los fallecidos que decidieron sumarse a la acción judicial alegaron que sus seres queridos perdieron la vida "en condiciones ciertamente indignas de un ser humano". Señalaron como causantes "el comportamiento y actuaciones de los querellados", en referencia a todo el Gobierno. Aunque en un primer momento se indicó que había más de 3.200 familias interesadas en denunciar al Ejecutivo, finalmente fueron 116 las que comparecieron en la causa. La misma que ha sido inadmitida a trámite en dos ocasiones.