Sànchez, Rull, Turull y Forn tampoco defenderán sus indultos ante el Supremo

Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, de Junts per Catalunya (JxCat), tampoco responderán por escrito ante el Supremo para defender su indulto, aduciendo que no se sienten "interpelados" por el tribunal.

Según fuentes de la defensa de estos tres políticos secesionistas encarcelados por el procés, la decisión de renunciar a responder al Supremo, que les ha dado un plazo de cinco días para que presenten alegaciones sobre el trámite de indultos, la han tomado en una reunión esta tarde en la cárcel de Lledoners con su abogado, Jordi Pina.

Un cuarto dirigente posconvergente, en este caso el exconseller Joaquim Forn, representado por el abogado Xavier Melero, también ha tomado la misma decisión.

Los cuatro presos de JxCat se han sumado así a los condenados de ERC por el procés --Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell--, y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ayer ya envió un escrito al Supremo en el que dijo que su prioridad no es salir de la cárcel y que lo que quiere es la amnistía.

Decidirá el Gobierno

El Tribunal Supremo dio ayer un plazo de cinco días a los 12 líderes independentistas condenados por el procés --nueve de ello, encarcelados-- para que aleguen lo que consideren oportuno en relación a las peticiones de indulto. Se trata del último paso antes de que la Sala de lo Penal, como tribunal sentenciador, emita su informe preceptivo pero no vinculante para el Gobierno, que será el que decida si otorga los indultos.

Para ello, los magistrados deberán estudiar no solo los informes de los condenados, sino de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

Fiscalía, contra su salida

Esta última ha evitado manifestarse a favor o en contra de la concesión del indulto, aunque ha destacado la reparación del daño económico ligado al delito del malversación, una vez que se han depositado 4,1 millones en el Tribunal de Cuentas por el referéndum ilegal de secesión del 1-O.

La posición de la Abogacía contrasta con la de la Fiscalía, que sostiene que los condenados deben cumplir las penas sin "atajos" y por eso se ha opuesto a la concesión de los indultos, una medida que, subraya, no puede operar "como moneda política de cambio" para la "obtención de apoyos parlamentarios".