Colau cede y estudiará cómo acabar con las "okupaciones conflictivas"

De participar en el movimiento okupa antes de 2015 a estudiar "eliminar las okupaciones delictivas". Este es el viaje que han hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su partido, BComú. La formación, que gobierna la capital catalana junto al PSC, se ha plegado al clamor de la oposición y ha creado un grupo de trabajo para zanjar las tomas de edificios por parte de mafias criminales.

Lo aprobó el Ejecutivo local mediante decreto de alcaldía con fecha a 3 de diciembre, texto que se publica hoy, 14 de diciembre, y que da fe de la creación del Grupo de Trabajo sobre las Ocupaciones. Este comité lo presidirán la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI, Laura Pérez (BComú), y el responsable de Seguridad y Prevención, Albert Batlle (PSC).

"Eliminar las okupaciones conflictivas"

El objetivo de la comisión de estudio, en la que también participará la oposición, es censar las okupaciones por motivo de vulnerabilidad. A este respecto, los técnicos municipales presentarán ante los miembros del grupo de trabajo el número de este tipo de unidades de convivencia, presencia de menores, situación respecto a la vivienda y si la propiedad es un local o vivienda y si es de un pequeño o gran tenedor.

Esta línea de trabajo, la de apuntar a los llamados grandes tenedores, no es nueva. BComú ha arremetido en los últimos meses contra propietarios de múltiples viviendas como el fondo Azora, la Sareb o Vauras Investment. Esta última inmobiliaria ha llegado a interponer una querella por presunta connivencia del ayuntamiento con okupas que habían allanado uno de sus activos en la calle Lleida. Lo novedoso es pues que, por primera vez, la administración local admite que hay "okupaciones con fines delictivos y/o que generan graves problemas de convivencia". La propuesta de la comisión es "reducir o eliminar" estos allanamientos.

Oposición, Fiscalía y Badalona

La creación de un grupo de trabajo que trabaje sobre esta tesis, el hecho de que mafias dedicadas a actividades delictivas utilicen bienes inmuebles para su operativa, llega por la presión de la oposición municipal sobre el bipartito sociocomún. Fue Junts per Catalunya en el pleno de septiembre quien llevó al pleno una proposición en este sentido. Su texto contó con el plácet de todos los partidos salvo Ciudadanos, que lo vio insuficiente. BComú y PSC también lo avalaron desde el gobierno. Al calor de la propuesta Fiscalía investiga la "pasividad" del ayuntamiento con el autodenominado Casal Popular Tres Lliris de Gracia, una antigua comisaría okupada, como avanzó este medio.

La comisión arrancará sus sesiones este mismo mes y en enero. Durante los encuentros, las fuerzas políticas de la oposición podrán plantear propuestas. El grupo de trabajo concluirá sus reuniones con un informe que detalle una batería de actuaciones con respecto a las dos líneas de trabajo principales. En la retina de los partidos estará también el fatal incendio en una nave del Gorg de Badalona, antiguo taller okupado por razones humanitarias, deflagración en la que fallecieron dos personas.