Tersa, la incineradora del ecologista Eloi Badia, bate récords de actividad
La planta de cremación de residuos, que Barcelona en Comú prometió cerrar, dipara su negocio gracias a la venta de electricidad
11 diciembre, 2020 00:00La incineradora que dirige el concejal ecologista Eloi Badia está en máximos de actividad. Tersa, la empresa que gestiona la planta de cremación de residuos situada en la frontera norte de Barcelona, y que preside el edil de Emergencia Climática y Transición Ecológica, ha disparado su negocio el 64% gracias a la venta de electricidad.
Así se detalla en las cuentas de 2019, las últimas disponibles, de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), el grupo de empresas del Ayuntamiento de Barcelona. La memoria aflora un incremento de ingresos por venta de electricidad de 19,92 millones en 2018 a 34,27 millones el pasado año. A su vez, el beneficio global del grupo Tersa se encaramó hasta los 5,6 millones, por 2,3 millones 12 meses atrás. El avance es del 140%.
Barcelona en Comú prometió cerrarla
La clave de las buenas cifras de Tersa, que opera la planta de valorización de residuos de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), reside en su línea de negocio de venta de electricidad. ¿A quién? A la polémica eléctrica municipal Barcelona Energia, sí, pero sobre todo al distribuidor, Red Eléctrica Española (REE), operador público que nutre de energía la capital catalana y su entorno --cuatro millones de personas-- con las comercializadoras como último eslabón.
La buena marcha de una empresa pública serían buenas noticias para el erario público, salvo por tres motivos. Uno, porque Tersa la preside Eloi Badia, teórica punta de lanza ecologista del Ayuntamiento de Barcelona que ha declarado la emergencia climática en la Ciudad Condal. Dos, porque el partido de Badia, Barcelona en Comú (BComú), se comprometió a cesar la incineración de la planta en 2019. Ha incumplido. Y tres, porque el principal activo de Tersa, los hornos, están investigados por Fiscalía por presunto delito ambiental.
Ecologistas: "Queman a máximos"
Silvina Frucella, portavoz de la coordinadora Aire Net, hace hincapié en que el ministerio público investiga a Tersa. La plataforma vecinal llevó a la Fiscalía la actividad de la planta de residuos del grupo público, participado por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana, ambas pilotadas por Ada Colau. La entidad vecinal alertó de que Tersa, presuntamente, quemaba residuos con gas a menos temperatura de la fijada por normativa para ahorrarse costes. "Ello incrementa la emisión de dioxinas", recuerda Frucella. La oficina del fiscal delegado de medio ambiente recogió el guante y envió al Seprona a recabar pruebas, en unas diligencias que continúan.
Mientras, Aire Net recuerda que Barcelona en Comú ha incumplido con su promesa de cesar la incineración a las puertas de la capital catalana. "Queman a máximos, ya que la incineración de residuos es un lucrativo negocio, habida cuenta de que los ayuntamientos que llevan la basura a quemar a la planta de Tersa pagan un canon por tonelada", explica la activista. ¿Cuánto se incinera? "Tienen permiso de la Agencia Catalana de Residuos (ACR) para prender 400.000 toneladas al año", se queja la ambientalista. "Deberían cesar paulatinamente la incineración, como prometieron", apostilla su compañero, Enric Navarro.
Oxigeno para B:SM
Sin embargo, la creciente actividad de Tersa significa dar espaldarazo a su accionista mayoritario, Barcelona de Serveis Municipals. El grupo municipal retiene el 58% del conglomerado de gestión de residuos y recibirá como maná el impacto en los libros de su participada del incremento de ingresos por venta de electricidad. No en vano, la empresa-paraguas del ayuntamiento tuvo que acometer dos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en mayo por una caída de negocio del 90%, avanzó El País.
Previo a la pandemia, B:SM venía ya cargada de lastres importantes. El Zoo de Barcelona, uno de los agujeros del conglomerado de sociedades municipales, perdió 7,23 millones de euros en 2019, un lastre que sigue a las pérdidas registradas el ejercicio anterior, 2018, de la misma magnitud. Asimismo, la grúa municipal está en rojo. Cerró con más de cuatro millones de quebranto el pasado año como derivada de la disminución de la retirada de vehículos por la implantación agresiva de carriles bici en Barcelona.