Los 6.000 discapacitados 'olvidados' por la Generalitat: "Me voy al paro"

Hablan los 5.649 discapacitados olvidados por la Generalitat: "Me voy al paro", aseguran. Los menores que trabajan en centros especiales han perdido parte de la bonificación de su salario mínimo interprofesional (SMI). El caso ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha admitido a trámite un recurso de la patronal del sector.

Dos de los afectados son Rosario (50 años) y Salvador (49). Ella perdió la movilidad en una mano en un accidente laboral siete años atrás. Tiene una discapacidad reconocida del 55%. Él sufre una cirrosis y tiene el mismo grado. Ambos trabajan en la Fundación Marpi de Pineda de Mar (Barcelona). Pero ven peligrar su empleo.

"La Generalitat ha acordado limitar la subvención del 50% del salario mínimo a los minusválidos con especiales dificultades. Eso son unos 9.500 trabajadores de un total de 15.150. ¿Al resto? Nos abandonan a nuestra suerte", lamenta Rosario.

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Taller Horitzó de la Fundació Privada Marpí

"Sí que tengo miedo. Si no trabajo en Marpi no lo haré en ningún otro sitio. Nadie me contratará con una mano derecha inerte. Las empresas quieren esfuerzo, rendimiento. Aquí saben de mi condición y me cuidan", agrega.

El caso llega a la justicia

El hachazo de la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales se consumó en julio. El departamento de Dolors Bassa lo vendió como un "acuerdo marco" con el sector. En realidad, el movimiento escondió que pasaba de costear el 50% del SMI a 15.000 trabajadores discapacitados catalanes a los 9.500 citados.

Al resto, a los 5.640 olvidados, les pagará sólo el 25%. Lo hará en otra resolución que no ha llegado y que lo hará, como pronto, en septiembre.

"Recurrimos la decisión al TSJC, que la ha admitido a trámite. Le hemos enviado una carta al propio presidente catalán, Carles Puigdemont. Batallaremos hasta donde haga falta", explica Julio Martínez, presidente de Fecetc.

Preguntado por la cuestión, el departamento de Bassa no ha contestado si hará caso a la patronal y a las otras siete organizaciones que firman la misiva y ampliará de nuevo la ayuda.

Revolcón en el Parlament

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Dolors Bassa, la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña

El equipo de la republicana tampoco ha respondido si hará caso del revés parlamentario sobre la cuestión que se llevó a finales de julio en el Parlament. Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot, PP y CUP se unieron para votar las enmiendas que rechazaban la maniobra de Trabajo. Junts pel Sí (JxSí) se quedó solo.

"En el Parlament no lo sé, pero aquí sí que afecta. Significa un agravio comparativo entre personas del colectivo de discapacitados", explica José Antonio Canillas, director gerente del centro de empleo especial.

"Estamos hablando de ciudadanos con elevadas tasas de desempleo y dificultades de inserción. Si les recortan la subvención, se lo ponen difícil a las empresas", añade.

"No llegamos a fin de mes"

Ajenos a la batalla política, Rosario y Salvador temen por su futuro. "Si el Gobierno catalán no le paga a Marpi y ésta no puede pagarme a mí, me hunden. Ya nos cuesta llegar a fin de mes: tenemos tres hijos y una nieta que dependen de nuestro salario", avisan.

"No es que queramos vivir de ayudas públicas. Yo soy albañil. Pero cuando enfermé me pasé seis años en paro. No me contratarían en ningún otro sitio: no puedo hacer esfuerzo físico", indica el empleado.

De hecho, la pareja se enfrenta a una situación kafkiana: de los poco más de 50 empleados que tiene este centro especial de trabajo, más de 40, los discapacitados psíquicos, seguirán recibiendo la ayuda. Sólo nueve, incluidos ellos, pierden la mitad.

"Aquí estamos contentos"

Ante el silencio del departamento de Bassa, hablan los que no resultaron perjudicados por el recorte de julio. "Aquí no nos quejamos porque se mantiene la misma aportación", explican desde la Fundación de Salud Mental (FSM).

No obstante, incluso esta entidad prointegración es víctima de la cicatería del Ejecutivo autonómico. "Pagan a siete meses. En agosto han abonado la nómina de febrero. Incluso los centros de trabajo que se salvan de la quema sufren con esta consellera", indican fuentes del sector.

En este sentido, directivos de los 207 centros especiales de trabajo (CET) repartidos por toda Cataluña cifran en una horquilla de 12 millones a 16 millones de euros el dinero que debe la Generalitat a las empresas de inserción laboral.