Caso Raval: fiscalía y defensa buscan un pacto para evitar el juicio 

El juicio está previsto para principios del próximo mes de mayo. Habrán transcurrido dos años y medio desde que el empresario Juan Andrés Benítez perdió la vida mientras era reducido por la fuerza por un grupo de ocho Mossos d´Esquadra. El seis de octubre del 2013 las patrullas fueron alertadas por un vecino que informó sobre el desarrollo de una pelea en plena calle. Benitez era uno de los contendientes.

El Fiscal pidió cárcel

En su escrito provisional de calificación, el Fiscal pidió para los seis agentes que resultaron finalmente imputados 11 años de cárcel por los delitos de homicidio con dolo eventual y contra la integridad moral y para sólo dos de ellos un delito de obstrucción a la justicia por haber presuntamente eliminado pruebas.

Según el Ministerio público, los Mossos provocaron al fallecido «un estado de estrés que, unido a los golpes, puñetazos, rodillazos y patadas diversas que le propinaron y el uso de porra o defensa policial en posición horizontal, llevaron a aquel a un estado de inconsciencia y a una situación de parada cardiorrespiratoria». Benítez falleció, apunta el escrito, debido a las lesiones que le provocaron los Mossos d’Esquadra, unido a la situación de estrés derivada de la propia contención, que se agravó por la dolencia cardíaca que la víctima padecía y el consumo de cocaína en horas previas.

La defensa de los Mossos pidió la absolución al considerar legal y proporcionada su actuación.

Ahora, un acuerdo cerrado

Esa era la situación procesal hasta ahora. Sin embargo, en los últimos meses la fiscalía, los abogados defensores de los Mossos y los legales herederos de la víctima, Juan Andrés Benítez, han llegado a un acuerdo cerrado para pactar la pena. Se trata de una condena de conformidad, con penas reducidas, que incluya la responsabilidad económica y la consiguiente indemnización a la víctima y que no implique el ingreso en prisión de los agentes.

Doctrina Botín

El acuerdo ya está cerrado, pero no va a poder plasmarse porque el juez instructor aceptó la personación de una acusación particular (Asociación de Defensa de los Derechos Humanos) que no está de acuerdo con el pacto. Todo lo contrario, pide severas penas de cárcel para los Mossos y la celebración del consiguiente juicio.

Sin un acuerdo de todas las partes concurrentes, no puede haber pacto ni sentencia de conformidad.

La Audiencia de Barcelona ha abierto un debate alrededor de la llamada “doctrina Botín” (como ya sucediera en la audiencia de Mallorca con el caso Nóos).

Los jueces tratarán de dirimir si la sola personación de una acusación popular puede llevar al banquillo o no a los Mossos investigados.