Barcelona paga el abogado a las víctimas de los reincidentes
El Ayuntamiento de la capital catalana se persona en los juicios y exige penas de prisión y repatriaciones. Junts no sabe qué hacer con Laura Borràs. ERC sigue con las campañas de desinformación
16 septiembre, 2024 09:25Noticias relacionadas
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Crece la sensación de inseguridad. Se viralizan las cuentas en las que se denuncia la actividad de carteristas organizados en el transporte público de las grandes ciudades. Madrid, Barcelona y Sevilla son los escenarios donde campan los ladrones y ladronas, que combinan su pericia delictiva con la impotencia de las autoridades y un sistema judicial laxo. Van y vienen, entran y salen de España, espacio Schengen, sin registro alguno. Aspiran a convertirse en parte del paisaje urbano en la Sagrada Familia y en la puerta del Sol y cuando se les denuncia públicamente aducen que no cometen ninguna clase de violencia sobre sus víctimas, que son limpios y eficaces, unos auténticos pianistas.
De modo que no sólo los alcaldes del Maresme se enfrentan al problema de los multirreincidentes. En el caso de la capital catalana, La Vanguardia eleva la cuestión al rango de noticia principal de su portada. "Barcelona asiste a las víctimas en los juzgados para acorralar a los carteristas" se titula la información que firman Toni Muñoz en el referido diario: "El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha en el último mes una nueva fórmula para presionar a los multirreincidentes en los juzgados. En un contexto en el que la acción penal no consigue disuadir la actuación de estos malhechores con juicios que se señalan para el 2026, el Consistorio ha movido ficha y ha impulsado un plan piloto con el que intentará someter a los carteristas a un marcaje férreo en los juzgados más allá de la presión que ejerce la Guardia Urbana y los Mossos en las calles. En el marco de este nuevo protocolo, el Ayuntamiento ofrece asistencia jurídica a las víctimas de robos cometidos por ladrones reincidentes para así poder participar del proceso judicial como acusación particular y pedir su ingreso en prisión u órdenes de alejamiento de determinados lugares. Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso La Vanguardia de fuentes policiales y judiciales".
Sigue el texto: "La iniciativa se puso en marcha el 19 de agosto y se aplicará en un total de diez casos para luego analizar su efectividad. La iniciativa debe servir para evaluar si la intervención municipal puede ayudar a ahuyentar a los reincidentes de las calles, a endurecer las consecuencias de sus actos y a agilizar los procesos judiciales que en la actualidad sufren una preocupante demora. El Ayuntamiento posee una lista con los ladrones multirreincidentes más activos que acumulan más de 500 antecedentes a sus espaldas. El protocolo está pensado para aplicarse en detenidos multireincidentes que hayan cometido delitos tales como hurtos menos graves, los robos con violencia e intimidación y los robos con fuerza en interior de vehículo".
Líneas después Muñoz apunta que "el plan piloto ha sido diseñado por la penalista Paz Vallès, que participó como experta en la comisión municipal que estudiaba medidas contra este fenómeno. En el primer mes de funcionamiento de este protocolo, el Ayuntamiento ha conseguido la personación de dos víctimas en dos casos y ha forzado a los juzgados a celebrar vistillas en las que se ha planteado la posibilidad de que el multirreincidente ingresara en prisión preventiva. Hasta el momento ningún juez ha decretado prisión. Sin embargo, más allá de que los delincuentes acaben en prisión se les manda un mensaje de que se ha aumentado la presión y que algún día podrían acabar ingresando".
La información incluye un caso práctico, el de un ladrón que se llevó la mochila de un transportista en Ciutat Vella. Entre los efectos, material informático por valor de 920 euros. Activada la operación, el abogado municipal no logró que el ladrón ingresara en prisión. "El condenado tenía varias penas menores que estaban suspendidas si no reincidía. Ante el empuje del Ayuntamiento, el fiscal anunció que pediría que se revocara la suspensión de las condenas y que pasaran a ser de cumplimiento, una petición que tramitará ante el juzgado de ejecutorias. Una vez finalizó la comparecencia, el procedimiento se tramitó como diligencias urgentes y la Fiscalía solicitó una pena de 2 años de cárcel para el ladrón y su expulsión del país. La petición será resuelta en un juicio que fue señalado para el año 2026", señala Muñoz en su texto.
Más noticias sobre la delincuencia. El Periódico subraya que "La Fiscalía avisa del 'alarmante' aumento del narcotráfico en el puerto de Barcelona". Escribe Juan José Fernández: "El puerto de Barcelona crece en número de contenedores gestionados, y a la par crece también el interés del crimen organizado por utilizarlo para sus cargamentos de droga. Un laberinto de contenedores -con 3.280.000 movidos al año, ya es el noveno puerto en Europa- facilita la ocultación. Pero no es solo el tamaño, también las deficiencias en materia de seguridad, hasta el punto de que han motivado una queja de la Fiscalía con un tono nada frecuente. En la Memoria Anual del ministerio público, la Fiscalía Antidroga de Barcelona describe sin ahorro de adjetivos una situación que podría servir para el guión de otra película o serie de televisión: 'En Barcelona preocupa extraordinariamente el crecimiento del narcotráfico en el puerto, que se refleja en crecimiento alarmante del número de contenedores', expone el informe".
Continúa el texto: "Se refiere a los contenedores incautados. Veinte de esos cajones de 12 metros de largo en noviembre pasado, con más de 17 toneladas intervenidas. En 2022 fueron ocho, y cinco en 2021. En la Memoria, la fiscalía deplora 'graves deficiencias de seguridad' en un caso concreto de octubre de 2023. Había sido apartado un contenedor para inspección aduanera, pero alguien pudo sacarlo de la zona de seguridad, lo abrió, lo vació y lo volvió a colocar donde lo había cogido. 'Se está produciendo una insuficiente supervisión de la estiba -concluye la Fiscalía Antidroga de Barcelona-, actividad externalizada con un régimen de recursos humanos opaco, privilegiado y basado en relaciones familiares fuera de control e incompatible con las medidas de seguridad requeridas'".
Sin salir del ámbito de la información local, El País destaca que "El Círculo de Economía pide crear un gobierno para la Barcelona de los cinco millones de habitantes". En el sumario se añade que "La entidad es partidaria de ampliar el actual AMB a 199 municipios y dotarla de más competencias y recursos, para planear a mayor escala políticas de vivienda o movilidad". Escribe Clara Blanchar: "Han pasado 50 años desde que el Círculo de Economía publicó un informe que tituló Gestión o caos, el área metropolitana de Barcelona (1973), donde apostaba por la creación de instrumentos de planificación y gestión para afrontar la realidad de la capital catalana y su entorno. Cinco décadas más tarde, la entidad publica este lunes una nota de opinión, La hora de la Barcelona Metropolitana, donde considera que 'es hora de revisar a fondo el modelo de gobernanza de la Región Metropolitana de Barcelona y hacerlo con coraje y ambición'. Por ello pide crear un gobierno, un 'ente local fuerte de gobernanza metropolitana', que dé un salto y afronte los retos de una región que agrupa 199 municipios y cinco millones de habitantes (en total, Cataluña tiene ocho). Las grandes políticas públicas que el Círculo sitúa como necesitadas de planear con dimensión metropolitana son la vivienda, la movilidad, la sostenibilidad, la promoción económica y las desigualdades. Formalmente, el Círculo apuesta por ampliar el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 'a más municipios y dotarla de más competencias', lo que supondría asumir parte de las competencias y recursos que tiene una administración de la envergadura de la Diputación de Barcelona y que otras pasaran a la Generalitat. 'Es un cambio importante que requiere de un gran consenso político y que debería hacerse de forma progresiva', admite el texto".
Sigue Blanchar: "'Desde el punto de vista institucional, la Barcelona de los cinco millones es un entramado de gobiernos locales creados y regulados por leyes estatales y/o autonómicas y otros instrumentos como los consorcios, mancomunidades, empresas y redes. Un centenar de entes que conviven en un territorio que paradójicamente no cuenta con instrumentos de gobierno propio', alerta y cita: 199 ayuntamientos, el AMB, ocho comarcas, siete con consejo comarcal, dos veguerías y la Diputación de Barcelona. 'Una gran densidad institucional que no necesariamente se coordina de forma eficiente' y sobre la que ya existe un consenso, señala (entre los alcaldes, representantes del mundo económico, asociaciones y academia) de la necesidad de abordar la gobernanza. El director general del Círculo, Miquel Nadal, lo sintetiza así: 'Simplificar organismos y crear un gobierno realmente regional a través de una administración propia'. Entiende que 'si se potencia el AMB habría que aprovechar para clarificar competencias de otras administraciones que se solapan', como ocurriría con la Diputación o los consejos comarcales. Es una cuestión 'delicada', admite Nadal, pero que no tiene por qué ser un tabú ni hay por qué 'poner la venda antes de la herida'. 'Tendría implicaciones legales, en legislación de ámbito estatal, pero no son insuperables si pensamos en reforzar el marco metropolitano'".
Cambio de tercio. Información política. "Junts busca nuevo destino para Laura Borràs", apunta El Món. La presidenta de Junts condenada por corrupción se ha convertido en un jarrón chino, un 'pongo' que molesta a la vista. El texto es de Sílvia Barroso y arranca así: "Faltan seis semanas para el congreso avanzado de Junts per Catalunya y el partido de Carles Puigdemont intenta conducir el proceso con perfil bajo y sin estropicios, mientras en ERC se abren en canal los diferentes sectores enfrentados. Y uno de los flancos en el que todos los dirigentes van más con pies de plomo es el del destino de la todavía presidenta de la formación, Laura Borràs. Todo el mundo en Junts da por hecho que el presidente en el exilio recuperará el cargo orgánico que dejó hace dos años y pico, en el congreso de Argelers, o uno equiparable. Hasta junio de 2022 era el presidente de la formación que él mismo había impulsado y decidió dar un paso al lado desde el exilio para que cogieran las riendas los dirigentes que estaban en el interior".
Continúa el texto: "En aquel momento, ya hubo tensión e hizo falta una negociación intensa entre Jordi Turull y Laura Borràs para repartirse la ejecutiva y diseñar una estructura con dos cargos destacados para evitar una votación que habría sido dura, con un enfrentamiento entre el aparato de uno y la popularidad entre las bases de la otra. Las dos partes llegaron a un acuerdo y empezó una etapa de bicefalia que ha funcionado con tensiones pero en la que la cuerda nunca se ha llegado a romper".
Párrafos después, Barroso destaca que "ahora, por lo tanto, con la decisión de avanzar a finales de octubre un congreso que estaba previsto para la primavera de 2026, todo indica que Puigdemont podría volver a ser presidente de Junts, a pesar de que nadie lo ha verbalizado públicamente y de que hay que contar con su tendencia a las decisiones sorpresa. No hay nada decidido, pero se trabaja con esta hipótesis. Y el mismo Puigdemont y Borràs están en conversaciones para decidir cuál tiene que ser el nuevo destino de la presidenta del partido si tiene que dejar el cargo porque el fundador de la formación lo recupera. Cuando accedió a él, Borràs era presidenta del Parlamento de Cataluña y ahora ha perdido el escaño y espera que el Tribunal Supremo responda a su recurso contra la sentencia que la condenó a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación. No ha intentado que la amnistíen, a pesar de que está convencida de que el suyo es un caso de lawfare, porque mantiene que tiene que ser absuelta. Esta opción requiere un proceso más largo, pasando por el Tribunal Constitucional, si el Supremo no da una sorpresa –improbable– y le estima el recurso de casación. Y si tiene que recurrir al TC y este tribunal no la ampara, tendrá que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Mientras todo esto pasa, continuará inhabilitada de facto. En estas circunstancias, no se puede presentar a elecciones ni tener ningún cargo público. Solo puede tenerlos en el partido. Y no piensa tirar la toalla".
O sea que el de ERC no va a ser el único congreso convulso que se va a disputar en el otoño que entra. En el caso de los republicanos, el Ara añade más leña al fuego al explicar en su edición de este lunes que el partido ha continuado con sus operaciones de desinformación a pesar del escándalo de los carteles contra los hermanos Maragall. Se cambió de empresa para efectuar los pagos pero se mantuvo la estructura, los militantes asignados a ese aparato de contrapropaganda y las cuentas falsas en las redes sociales.
Más noticias. Amnistía. El Tribunal Constitucional suspende los recursos de las autonomías del PP y de Castilla-La Mancha contra la ley de amnistía. La ley orgánica del tribunal prevé que las impugnaciones autonómicas deben referirse a materias de sus competencias, destaca El País. Se abre un plazo de dos meses para decidir si se admiten los recursos. Entre tanto, "Puigdemont recusa al magistrado del TC José María Macías en todos los amparos del 'procés' y adelanta que también lo hará en la amnistía", avanza El Mundo. Del texto de Ángela Martialay: "El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los ex consellers Clara Ponsatí y Antoni Comín han presentado un incidente de recusación contra el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, en todos los procedimientos incoados por vulneración de derechos fundamentales en la corte de garantías en relación con el procés. De hecho, en el escrito remitido al Alto Tribunal, conocido por El Mundo, anticipa que Puigdemont también recusará al magistrado cuando tenga oportunidad de recurrir la no aplicación de la Ley de Amnistía para el delito de malversación de caudales públicos".
Líneas después Martialay señala que "en concreto, Puigdemont, Ponsatí y Comín argumentan que el magistrado ha sido muy crítico con la actuación de los independentistas, con el pacto de investidura alcanzado entre el PSOE y Junts y que, además, es amigo personal del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena, instructor del 1-O. 'Resulta evidente que José María Macías, ahora recusado, es soberano para formarse la opinión que considere más oportuno respecto de esta o cualquier otra cuestión. Resultaría absurdo e inasumible, en el marco de una sociedad democrática, que igual que cualquier otro ciudadano los jueces y magistrados -más si cabe los del Tribunal Constitucional- no tengan una opinión política e incluso una ideología concreta, sin embargo sí es exigible en una sociedad democrática, que la misma no se haga pública sin esperar las consecuencias legales porque eso afecta a la imagen de imparcialidad que ha de tener toda persona llamada a enjuiciar y resolver sobre un asunto', reza el incidente de recusación. Ponen como ejemplo que el magistrado Macías calificó de 'grave error' la decisión de la Justicia alemana de no entregar a Carles Puigdemont en el año 2018 por el delito de rebelión. Añaden que calificó el acuerdo de investidura suscrito por socialistas y neoconvergentes como un 'pacto indigno', añadiendo que era 'una amenaza directa' y 'en términos ya mafiosos' que daba 'un toque de atención a los jueces que tengan que determinar cómo se aplica esa Ley de Amnistía'".
De vuelta a la actividad ciudadana, el Abc reporta que diez mil personas han visitado el Juan Sebastián Elcano en los últimos días. Escribe Sergi Doria: "El buque escuela Juan Sebastián Elcano leva anclas este sábado y concluye su estancia en el puerto de Barcelona con un éxito de visitas: diez mil barceloneses han pasado por el Buque Escuela desde el pasado domingo cuando arribó a la Ciudad Condal para apoyar la Copa América. Luis Carreras-Presas Do Campo (La Coruña, 1972), que acaba de terminar su primer crucero de instrucción como comandante del Juan Sebastián de Elcano, volverá a salir a la mar en enero de 2025 para realizar un segundo viaje. Su Alteza Real, la princesa Leonor de Borbón, se integrará a la dotación de los guardiamarinas. El comandante se despide de Barcelona con una charla en el Círculo del Liceo acompañado de su oficialidad. La relación de la entidad barcelonesa con la Armada es antigua: desde 1869 con la visita de Pascual Cervera Topete hasta hoy con las charlas de geopolítica del almirante Ignacio Cuartero, el capitán Damián Niebla, el AJEMA Antonio Piñeiro o el contacto permanente con el comandante Javier Moreno que está a punto de concluir su destino en Barcelona".
16 de septiembre, santoral: Abundio y compañeros, Cipriano obispo, Cornelio papa, Juan Macías, Edita, Eufemia, Ludmila de Bohemia, Martín el Sacerdote, Niniano de Galloway, Prisco de Nocera de los Paganos y Vital de Savigny.