Pobreza disparada y tensión entre el Govern y el Gobierno

El caso Koldo atenaza al PSOE. El exministro José Luis Ábalos dimite como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero se atrinchera en su escaño dispuesto si hace falta a residir en el grupo mixto. Pulso letal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a una dura prueba, cercenar a uno de esos colaboradores que no le abandonaron cuando fue expulsado de la dirección del partido. Y todo ello con la amnistía pendiente y con Jordi Turull, uno de los negociadores de referencia de Junts, en la uci de Bellvitge tras sufrir un infarto. Dentro de lo malo, ha tenido suerte el dirigente independentista. Bellvitge es un hospital de merecida fama en todo lo relativo a las afecciones de corazón. En ningún otro sitio podría ser mejor atendido. Se recupera satisfactoriamente.

En el plano catalán, la política discurre por senderos mucho más suaves que los madrileños. "ERC y PSC cierran un acuerdo presupuestario que da el balón de oxígeno final a Aragonès", apunta Crónica Global en su tema de apertura. "El pacto allana el camino para que los republicanos terminen la legislatura y, a la vez, beneficia a Pedro Sánchez", se añade en el sumario de una información que signan Noelia Carceller y Gerard Mateo: "Cataluña tendrá presupuestos para el último año de legislatura si no lo impiden los comunes. El Govern de ERC y el principal partido de la oposición, el PSC, han intensificado las negociaciones para sacar adelante las cuentas del 2024 en plena emergencia por la situación de la sequía. Hasta tal punto que el acuerdo es inminente y se podría anunciar en cuestión de horas. El apretón de manos entre republicanos y socialistas da oxígeno al president, Pere Aragonès, líder de un Ejecutivo en minoría de tan solo 33 diputados e inmerso en una batalla contra Junts por la hegemonía del espectro independentista. Pero el acuerdo también provocará efectos en la política nacional, otorgando tranquilidad al presidente español, Pedro Sánchez, con el grupo parlamentario de Gabriel Rufián. Una necesidad urgente teniendo en cuenta los quebraderos de cabeza que los de Junts están generando al Gobierno en votaciones clave como los decretos anticrisis y la propia ley de amnistía, que sigue bloqueada en la Comisión de Justicia por deseo expreso del expresident de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont".

Portada de 'El Mundo' del 27 de febrero del 2024

Si las relaciones entre el PSC y el Govern pueden ser calificadas de buenas, las del Govern con el Gobierno no lo son tanto a tenor del encontronazo entre Ejecutivos por el tope de los alquileres. "Cataluña se resigna a aplicar el índice estatal para limitar el alquiler, pero cree que 'no bajarán los precios'", titula al respecto El País. La pieza es de José Luis Aranda y Clara Blanchar y arranca así: "Cataluña no está satisfecha con el sistema de índice de precios de las viviendas de alquiler que ultima el Ministerio de Vivienda y que será la base sobre la que se aplicará la regulación de las rentas que prevé la ley estatal. La consejera de la Generalitat que lleva la cartera de Vivienda, Ester Capella, se ha reunido este lunes con la ministra Isabel Rodríguez. El encuentro ha durado poco más de una hora y 'no ha ido bien' desde el punto de vista de la Generalitat, que señalaba que era un viaje 'de urgencia' y se producía 'ante la posibilidad de que el ministerio publique un índice que no respeta el acuerdo' que ambas partes alcanzaron el pasado enero. Pero ni en eso hay consenso, fuentes del Gobierno han señalado que se trata de una 'reunión pactada y acordada entre ambos equipos' hace unos días. En una comparecencia posterior ante los medios, Capella ha dicho que con el sistema estatal 'no bajarán los precios'".

Continúa el texto: "Capella también ha anunciado que la publicación de la memoria con las áreas tensionadas de precios en Cataluña 'es inminente y hará que entre en vigor la contención de rentas de Cataluña'. Ambas Administraciones habían acordado dar el paso de publicar la memoria y el índice de precios a la vez, y todo apunta a que ese pacto sí se mantendrá aunque la fecha sigue siendo una incógnita. En Vivienda insisten en que será antes de acabar el mes. La discrepancia de fondo es la del sistema para poner tope a las rentas, que el ministerio todavía no ha presentado. Capella ha confirmado, en línea con algunas 'filtraciones en prensa', que el índice no dará un precio fijo, sino un rango inferior y uno superior. La actual estadística gubernamental hace algo parecido: para cada zona, da la media de precio y los percentiles 25 (la cuarta parte de arrendamientos más baratos) y 75 (los más caros). No está claro si la nueva hará eso o si el rango al que se ha referido la consejera será otro".

Y: "Capella ha dicho que dar varias referencias para un mismo alquiler 'hará que todo el mundo se vaya al rango más alto y no bajarán los precios'. Esa afirmación, ha explicado, se basa en que han estado 'testeando' la metodología que propone el ministerio con casos reales. La Generalitat proponía que el índice catalán, con un precio único, se aplicase dentro del rango del ministerio. Y que si quedaba fuera, entonces se aplicara la referencia más alta o más baja del ministerio, en función de cuál estuviera más próxima. 'Nuestra propuesta no solo es legal, sino que es robusta', ha añadido la consejera, quien asume que no se aplicará de momento, pero ha dicho que no tira la toalla: 'Continuaremos batallando'. 'Hay que sacar la vivienda de la lógica del mercado y hacer que el precio baje, desgraciadamente el ministerio no lo ve igual que nosotros', ha asegurado Capella".

Portada de 'El Periódico' del 27 de febrero del 2024

Los precios están por las nubes, alquilar un piso decente en Barcelona se ha vuelto una quimera al alcance solo del pijerío internacional y la economía de miles de familias se desploma. "La pobreza severa toca techo en Cataluña: el 11% de los niños sufren graves privaciones", alerta El Periódico. El texto es de Francisco José Moya y Núria Marrón: "Cataluña no solo es incapaz de bajar la tasa de pobreza severa, sino que este año ha vuelto a tocar techo. Se trata de uno de los datos más preocupantes de la Enquesta de condicions de vida. 2023 que este lunes ha hecho público el Institut d'Estadística de Catalunya. Según el nuevo informe, el porcentaje de población que, entre otras privaciones, tiene problemas para comer carne, pollo o pescado cada dos días o pagar puntualmente los recibos domésticos ha aumentado desde el 6,5% en 2015 hasta el 8,9% en 2023 (con un pico también del 9% en 2021 en plena pandemia). De hecho, las luces de warning se han activado de nuevo porque esta tasa escala hasta el 11% entre los menores de 16 años y los jóvenes de hasta 29 años. Una década atrás –y tras algunos vaivenes– el indicador de la privación severa se situaba en el 8,2% en el primer grupo y –atención– en el 7,5 en el segundo".

Sigue la nota: "Lo cierto es que esta concentración de las dificultades en niños y jóvenes también vuelve a registrarse en la tasa europea de riesgo de pobreza o exclusión social (este indicador, llamado AROPE, tiene en cuenta la tasa del riesgo de pobreza, la baja intensidad del trabajo y la privación material y social severa). Pues bien. Teniendo en cuenta que el 24,4% de la población catalana se encontraba bajo el umbral de este parámetro en 2023 (sensiblemente inferior al 24,7% en 2022), el porcentaje se disparaba hasta el 33,1% entre los menores de 16 años, seis décimas más que en el ejercicio anterior. En este sentido, el único colectivo que ha mejorado sus condiciones de vida es la población mayor de 65 años, con una tasa del 16,2%, 3,4 puntos porcentuales menos que el año anterior. La radiografía general, no obstante, es tal que así: a rasgos generales, el 20% de las familias dicen tener problemas para mantener su casa a temperatura adecuada; una de cada tres personas no se puede permitir irse una semana de vacaciones y el 40% de catalanes no tienen capacidad para afrontar un gasto extra doméstico de 800 euros. Según el Idescat, casi la mitad de los catalanes (46,5%) llegan justos a final de mes: en total, dos puntos menos que en 2022".

De vuelta a la política y al debate sobre la amnistía, El Confidencial subraya que "Junts aprieta al PSOE con el terrorismo y agita un informe del Consejo de Europa". En el sumario de ese titular se indica que "Un dictamen de la Comisión de Venecia refuerza la exigencia del partido de Puigdemont de que la norma sirva para perdonar por completo los delitos de terrorismo vinculados con el procés". Escribe Beatriz Parera: "Los días siguen pasando sin que, al menos de momento, el PSOE tenga atado un apoyo de Junts a la ley de amnistía y, con ello, el respaldo del partido de Puigdemont durante la legislatura más accidentada que se recuerda. Las negociaciones continúan con las posturas muy alejadas. En este escenario, un nuevo informe del Consejo de Europa ha venido a reforzar la exigencia del partido independentista de que la norma sirva para perdonar por completo los delitos de terrorismo vinculados con el procés, estén en la fase que estén. El plazo expira el 7 de marzo. Para Junts, el informe elaborado por la Comisión de Venecia y fechado el pasado 23 de febrero deja sin argumentos al principal negociador del PSOE, Félix Bolaños, a la hora de defender que los delitos terroristas son inamnistiables de forma íntegra en coherencia con el marco de la UE. La Comisión de Venecia agrupa en una tabla comparativa el tratamiento que efectúan de la amnistía 56 países del mundo, tanto de Europa como fuera de ella. A la vista de las conclusiones, el entorno de Puigdemont concluye que ninguno de la UE cita de forma expresa como línea roja para borrar delitos que estos sean terroristas".

Sigue la pieza: "Tres Estados mencionan el delito concreto de terrorismo. Brasil y Kirguistán prohíben que sea amnistiado siempre que haya habido una condena firme. Chile exige por su parte que dos tercios de su Parlamento lo apoyen para que sea efectivo. El partido secesionista entiende así que, en la UE, no existe ese límite al que aluden los socialistas como principal motivo para negarse a ampliar la amnistía a este tipo de ilícitos e ir más allá de su redacción actual. En el cuadro de este esquema comparativo, al que ha tenido acceso El Confidencial, figuran, eso sí, países que imponen limitaciones. El ejemplo más evidente es el de Bélgica, precisamente el Estado en el que se refugia Puigdemont desde que huyera hace años de la justicia española. La descripción de la Comisión de Venecia indica que allí, de forma histórica, las amnistías están relacionadas con cuatro tipos de hechos: la revolución, la guerra, las huelgas y la evasión fiscal. "La doctrina considera que las amnistías deben encajar con el derecho internacional. Por ejemplo, quedando excluidas las violaciones graves de los derechos humanos". En el caso de Francia, la comparativa indica que algunas de sus leyes de amnistía, aunque no todas, han excluido los crímenes más graves, mientras que Portugal precisa que quedan excluidos los delitos de homicidio y 'daños a la integridad física'".

Aprovechando que 44 nuevos jueces han tomado posesión de sus destinos en Cataluña, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha lanzado una filípica contra la amnistía, según explica Cristina Rubio en El Mundo: "'Una ley que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía nunca podrá ser esgrimida como elemento de pacificación, sino de discordia, como se evidencia con los debates académicos suscitados por la llamada ley de amnistía actualmente en tramitación parlamentaria", ha advertido Barrientos mencionando explícitamente el texto de Sánchez y el independentismo. Así se ha posicionado el presidente del TSJC en la durante la toma de posesión de los nuevos jueces en Cataluña, un acto que ha encabezado junto a la vocal de la CGPJ, Núria Díaz; el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres; y la consejera de Justicia de la Generalitat, Gemma Ubasart".

Y frente a estos jueces empeñados en cantar las verdades del barquero, el mundo del espectáculo y el periodismo hecho espectáculo han firmado junto al Consell de la República, ANC y Òmnium un manifiesto en el que se pide el decaimiento del sumario del Tsunami al calor del lema de que Protestar no es terrorismo. "Évole, Buenafuente, o Llach entre los firmantes del manifiesto contra la instrucción de Tsunami", titula El Independiente. Del texto de Iva Anguera de Sojo: "Comunicadores como Jordi Évole, Mónica Terribas o Andreu Buenafuente, cantantes como Lluís Llach o Gerard Quintana, actores como Enric Majó o Ana Polo, el doctor Bonaventura Clotet, o el director Oriol Broggi se han unido bajo el lema Protestar no es terrorismo para cuestionar la instrucción del caso Tsunami Democràtic que lleva a cabo la Audiencia Nacional, con acusaciones de terrorismo contra el líder de Junts, Carles Puigdemont, la número dos de ERC, Marta Rovira, o el diputado republicano Ruben Wagensberg, entre otros. La protesta, escenificada este lunes, es una iniciativa de Òmnium Cultural a la que se ha sumado más de un centenar de entidades entre las que destacan los sindicatos CCOO y UGT, además de la ANC y la Asociación de Municipios por la Independencia, el Sindicato de Arrendatarios, la entidad Iridia o el Sindicato Top Manta. Todos ellos han secundado un manifiesto en el que cuestionan la instrucción del magistrado Manuel García Castellón".

Y: "Le acusan, sin mencionarlo en el manifiesto, de utilizar la justicia para erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez y dinamitar la aprobación de la ley de amnistía al independentismo catalán con la instrucción de Tsunami Democràtic". Aunque en el vídeo producido para publicitar la denuncia en redes sí aparece el magistrado, con nombres y apellidos, como máximo responsable de lo que tachan de abuso del poder judicial. "La decisión de la Audiencia Nacional" de investigar por terrorismo a representantes políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil, "en el contexto actual, muestra una clara intención de desgastar el Gobierno y a la mayoría parlamentaria en la tramitación de la ley de amnistía". Un hecho, añade el texto, que supone "una injerencia del poder judicial sobre el legislativo y debilita la democracia y la voluntad de la ciudadanía que se expresó con su voto el pasado 23 de julio".

27 de febrero, santoral: Gabriel de la Dolorosa, Ana Line, Baldomero, Basilio, Besa, Euno, Hipólito, Honorina, Julián de Alejandría y Lucas.