El enredo de Pegasus y Tsunami contra el Rey

Como con lo de la amnistía no era suficiente, el espionaje se suma al aderezo de la política. Es el entremés del Pegasus y las derivaciones en torno a la figura de Pere Aragonès, a quien se llegó a situar en el epicentro de la dirección orgánica de los Comités de Defensa de la República. Eran años de ruido los posteriores al 17. Sentencias, prisión, lazos amarillos y Quim Torra al frente de la Generalitat. Sí, Torra, un regalo de Puigdemont como Puigdemont fue una gentileza de Artur Mas patrocinada por la CUP de Anna Gabriel. Qué tiempos.

Total, que el Gobierno ha enviado al juzgado de Barcelona los papeles desclasificados del espionaje a Aragonès y la Generalitat a través del nuevo viceconsejero Sabrià ha tenido a bien abanicarse la parte posterior del arco del triunfo con esa documentación, que dice que está llena de tachones y es un truño a las tres. ¿Y el secreto de sumario? Lo que tengo aquí colgado, que dice el clásico.

"El CNI espió a Aragonès con Pegasus en cuanto Sánchez llegó a Moncloa", asegura El Mundo, que le imputa el marrón al actual presidente y no al anterior, don Mariano, a quien el independentismo le endosa la operación Cataluña. El texto del diario de Unedisa viene con las firmas de Ángela Martialay y Marina Pina y arranca así: "Las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a Pere Aragonès por «dirigir las acciones de los CDR» se iniciaron bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes jurídicas consultadas por El Mundo explican que el CNI presentó al juez del Tribunal Supremo unos datos concretos donde justificaban la pertinencia de intervenir las comunicaciones del entonces vicepresidente de la Generalitat para el buen resultado de sus investigaciones. El servicio de inteligencia, cuyo control corresponde al Ejecutivo, sospechaba que Aragonès coordinaba las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y solicitó al magistrado de Control del CNI en el Alto Tribunal, Pablo Lucas, que autorizara el espionaje telefónicos a Pere Aragonès. Las fuentes jurídicas consultadas explican que antes de conceder el permiso para intervenir el teléfono del vicepresidente catalán, el magistrado Lucas preguntó expresamente al CNI por qué había que interceptar las comunicaciones de Aragonès. En aquel momento, el dirigente independentista ya era vicepresidente del Govern y Lucas solicitó al servicio de espionaje una motivación consistente antes de permitir que se escucharan sus conversaciones. Una vez que obtuvo respuesta por parte del CNI, el juez de control concedió la autorización para espiar al actual presidente de la Generalitat. Su teléfono fue entonces infectado con el sofisticado software israelí Pegasus".

Sigue la pieza: "Cuando el móvil de Aragonès fue intervenido por primera vez, Pedro Sánchez ya había ganado la moción de censura a Mariano Rajoy y era presidente del Gobierno, según informan a El Mundo tanto fuentes del Tribunal Supremo como del CNI. Las mismas fuentes explican que el Consejo de Ministros ha desclasificado, a petición del juzgado de Instrucción Número 29 de Barcelona, tres autos de prórroga de la intervención telefónicos a Aragonès fechados en julio y octubre del 2019 y un tercero de enero del año 2020. No obstante, las escuchas del CNI al dirigente de ERC comenzaron con anterioridad a julio del 2019 y hubo más prórrogas de los pinchazos telefónicos. En aquellos meses se estaban produciendo intensas negociaciones con ERC para los presupuestos generales del Estado y las sucesivas investiduras de Sánchez. (...) El Gobierno teme ahora que el caso Pegasus sea objetivo de chantaje por los independentistas. Por eso, desde el pasado jueves por la noche, el Ejecutivo socialista trata de desvincularse de la orden de infección con Pegasus del teléfono móvil de Aragonès. Sin embargo, basta con entender el funcionamiento del CNI, regulado en la ley 11/2002 del 6 de mayo, para concluir que es imposible que Pedro Sánchez y el núcleo decisivo del Ejecutivo fueran ajenos al procedimiento para vigilar a los líderes independentistas. Entre otras razones porque el CNI no investiga la comisión de delitos sino que se dedica a «obtener información dirigida a preservar la seguridad nacional y la reporta al Gobierno», indican fuentes jurídicas".

De modo y efecto que "ERC amenaza la estabilidad del Gobierno por el espionaje", deduce La Razón. Así que ahí hay otro frente (uno más) para aportar inseguridad al conjunto. El texto es de Àlex Cárcel: "La inestabilidad que caracteriza a este Gobierno ha vuelto a manifestarse tras la desclasificación de los autos del Tribunal Supremo (TS) que autorizaron al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a espiar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el software «Pegasus». De hecho, la situación puede ir mucho más allá y complicarse para el Gobierno si se confirma que Pedro Sánchez estaba detrás del espionaje como las sospechas indican. De ser así, el presidente del Ejecutivo puede quedar aún más debilitado en esta legislatura y forzado a ceder más a los independentistas para «compensar» a sus socios y salvar su cargo. De momento, el «caso Pegasus» está en fase incipiente y quedan muchas cosas por aclarar".

Líneas después Cárcel apunta que "Aragonès mostró malestar y calificó de «mentiras» los argumentos del TS y cargó duramente contra el CNI: «Si no fuera por la gravedad de los hechos, este auto se parecería más a un cómic de Mortadelo y Filemón que a un documento de un Centro de Inteligencia». Para el presidente catalán, tras esta operación se esconde «la intención política de destruir el legítimo proyecto de defender la libertad de Cataluña», y aseguró que él, por contra, siempre ha utilizado «los medios democráticos» para lograr sus fines. Es más, desde el Govern anunciaron una respuesta y avisaron: «Pasarán cosas y seguro que habrá más contactos con el Gobierno español». No se hizo esperar la respuesta del Gobierno que, consciente de lo que implica enemistarse con ERC, orquestó un discurso tan inverosímil como fielmente asimilado por los socialistas: «Ni el ejecutivo autorizó este espionaje ni se tenía conocimiento de él», defendió el titular de Presidencia, Félix Bolaños. «Se autorizó antes», añadió la vicepresidenta, María Jesús Montero, en referencia al Gobierno de Mariano Rajoy".

Se autorizara cuando se autorizara, eso de que ERC amenace la estabilidad del Gobierno se entiende más bien como un brindis al sol, un farol que no tendrá consecuencias, dada la docilidad mostrada hasta el presente por los negociadores republicanos.

'La Razón', portada del 27 de enero Kiosko.net

Más madera en el caso Tsunami. "García Castellón encuentra ahora un plan fallido de Tsunami para “actuar” durante una visita del rey a Catalunya en 2020", afirma El Diario. La nota es de Pedro Águeda y Elena Herrera: "El juez Manuel García Castellón ha dictado un nuevo auto en el marco de la causa Tsunami Democràtic en el que expone un supuesto plan desconocido hasta ahora de la plataforma para actuar contra la visita del rey Felipe VI a los premios Princesa de Girona en Girona en el verano de 2020. El magistrado reconoce que no había incluido esta acusación en escritos anteriores y que lo hace ahora porque ha revisado la causa. Para exponer esta nueva acusación, García Castellón recurre a una conversación mantenida a través de una aplicación informática a Josep Campmajó, empresario imputado en la causa de Tsunami, los días 12 y 13 de julio de 2020. En ese intercambio de mensajes habla con un tal “Xuxu Rondinaire” (Perro Rabioso). El juez añade: “Se estima que, con mucha probabilidad, el usuario identificado como Xuxu Rondinaire podría pertenecer a algún cuerpo policial, que podría ser del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra”. Campmajó es el investigado con el que Carles Puigdemont mantiene la conversación que sirve a García Castellón para acusar de terrorismo el ex president".

Eso de Xuxu Rondinaire puede tener otras traducciones. Tal vez se refiera al bollo de crema que tanto le gusta a Puigdemont y cuyo origen se disputan Badalona y Girona. Y lo de rondinaire es más bien cascarrabias que no pas rabioso. Sea como fuere, el texto sigue de este modo: "En el auto, conocido este viernes, García Castellón abunda en las suposiciones: “Revisadas las actuaciones se constata que en un hilo de mensajes, ”Xuxu Rondinaire“ comienza a explicar pormenorizadamente diferentes aspectos relativos a los preparativos de seguridad de una comitiva que, por las referencias expresas, se entiende que pudiera tratarse de una comitiva real. La lectura de las actuaciones permite inferir que se hace referencia a la visita que el Rey Felipe VI realiza anualmente a la ciudad de Barcelona con motivo de la entrega de los premios ”Princesa de Girona“”. Para el magistrado, expresiones como “el juez Guardia R”, que se incluyen en ese intercambio de mensajes, aluden, “con toda probabilidad”, a la Guardia Real. El magistrado reconoce que hay que enlazar estas deducciones con el contenido de un chat anterior entre los mismos protagonistas que no está a disposición de la causa. Ese chat, añade, “sería el prólogo de las ideas expuestas por ”Xuxu Rondinaire“, que no son otras que la exposición detallada del despliegue de seguridad estándar realizado en los desplazamientos del Monarca, desde el uso de vías rápidas desde el aeropuerto hasta el recinto donde se celebra el acto, incluyendo la composición de la comitiva móvil con la disposición de los vehículos de Casa Real, Mossos, ambulancias etc, pasando por los reconocimientos realizados de forma permanente sobre el recorrido y la disposición de fuerza policial en cruces, puentes, intersecciones etc.”".

Sea can o sea bollo, el xuxu murmurador da un enorme juego, igual que en su día las deambulaciones de los amigos de Puigdemont en torno a un hipotético apoyo del Kremlin al proceso independentista. En El Món, Quico Sallés alerta de que "La ley de amnistía puede desenterrar la causa de la trama rusa del Procés". De su texto: "El juez instructor de la causa del Tsunami Democrático no está solo buscando una excepción para la amnistía. De hecho, bien pronto podría tener un antiguo aliado en la causa, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Al final, en su día, y a raíz de la causa Volhov (Volhov según los medios afectos a la causa independentista y Voloh para el resto), Aguirre le envió parte de su instrucción que, finalmente, ha servido a Manuel García Castellón para calificar las protestas postsentencia de terrorismo. En este caso, Aguirre podría tener la opción de reabrir la pieza separada de la trama rusa que se va a archivar provisionalmente en julio del 2022. Según fuentes jurídicas próximas al caso, un nuevo informe sería la vuelta de tuerca que volvería a poner en marcha una investigación ya archivada. En concreto, se trataría de un informe forense informático de los tres teléfonos confiscados a Víctor Tarradellas tanto durante las detenciones de la operación Estela (causa madre de la Volhov), de mayo del 2018, como de la Volhov, en octubre del 2020. Este informe serviría al juez para desenterrar la famosa trama rusa del Procés, basada en supuestas conversaciones o contactos con miembros del Kremlin que habrían ofrecido apoyo al proceso independentista. En aquella causa, además de Tarradellas estaba involucrado el jefe de la oficina del presidente en el exilio Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y Alexander Dmitrenko, un empresario ruso, además de unos billetes de avión en Rusia de Oriol Soler. Parte de la investigación, sin embargo, demostró que alguno de los supuestos contactos rusos fueron una estafa. (...) La reapertura de esta instrucción, con el argumento que han aparecido nuevas pruebas o indicios, como por ejemplo conversaciones o archivos extraídos de los tres móviles de Tarradellas, podría servir también para eludir la aplicación de la ley de amnistía. En concreto, en aplicación de la exclusión que se aprobó en el dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso este pasado martes. El artículo 2 apartado e) establece como exclusión de la ley de amnistía “los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal”".

Va a haber entretenimiento para años.

Más madera. "Crece el temor en el PSOE por la dependencia de Puigdemont y la dificultad de “explicar lo que hacemos”", sostiene Vozpópuli. El titular alude a una crónica de Gabriel Sanz que empieza así: "Pedro Sánchez ha logrado encapsular a Emiliano García-Page como único dirigente socialista crítico relevante una vez que Javier Lambán abandonó la Presidencia de Aragón tras perder las elecciones de mayo, pero eso no le evita que su arranque de legislatura esté generando serias dudas sotto voce, incluso entre cargos públicos, por la “fuerte dependencia” de Carles Puigdemont y Junts per Catalunya que muestra día si día también el PSOE. Son legión dentro del oficialismo quienes creen que, aunque Page “se equivocó” el miércoles al afirmar que su partido está cada vez más “en el extrarradio de la Constitución” mientras “confraternizaba” (sic) con barones del PP en FITUR -hasta el otrora crítico Ximo Puig le ha reprochado que no sea “leal”-, lo cierto es que está costando articular un relato sobre “por qué hacemos lo que hacemos”. “Y esto no ha hecho más que empezar”, admite con preocupación una de las fuentes con las cuales ha hablado Vozpópuli".

Continúa el texto: "Si hace quince días pareció desfondado con el episodio de la agónica aprobación de los decretos ómnibus, con el Gobierno “cediendo y cediendo” in extremis a las exigencias de Junts para no aparecer derrotado a las primeras de cambio, según reveló su secretario general, Jordi Turull, esta semana ha sido la presentación de unas enmiendas transaccionales de última hora a la Ley de Amnistía -a fin de blindar a los prófugos Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira- la causante de la tensión; esta vez con Page como protagonista porque ha dicho “lo que todo el mundo piensa”, aseguran en su entorno. La Dirección federal lo sabe y, por eso, no va a ir más allá de acusar al barón socialista más votado de “buscar protagonismo”, como ha hecho la vicesecretaria general y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, pero sin expedientarle ni, mucho menos, sancionarle por sus palabras. Saben que no pueden sin abrir una gran crisis política a favor del PP en caso de que Page, desautorizado, se viera obligado a dimitir".

Portada de 'El País' del 27 de enero Kiosko.net

Cambio de tercio. Noticia de sociedad. "El arzobispo Omella rechaza comparecer en la comisión sobre la pederastia del parlamento catalán", señala El País. Ups, qué curioso, con los transparente que dice que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española que presume de ser amigo del Papa Bergoglio. Vaya, vaya. Así lo cuenta Àngels Piñol: "El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha remitido una carta al Parlament de Cataluña, dirigida a su presidenta, Anna Erra, en la que avanza que no comparecerá en la Comisión de Investigación sobre la Pederastia en la Iglesia Católica. Omella asegura en la misiva que se trata de una decisión “unánime y expresa” de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a los de Cataluña. El prelado está citado este lunes 29 de enero junto a otros cuatro testigos y dos de ellos ya han comunicado que tampoco comparecerán: se trata de Enric Termes, vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, y Santiago Bueno, presidente del Tribunal Eclesiástico de Barcelona".

Sigue la pieza: "El arzobispo había sido citado en la Comisión sobre la pederastia, creada en el Parlament en 2022 y por la que han testificado víctimas de abusos, expertos en el acompañamiento a las víctimas y letrados. Omella justifica su ausencia afirmando que el Tribunal Constitucional estableció, en una sentencia de 2016, que a las cámaras no les corresponde “efectuar una calificación jurídica de los hechos investigados” así como tampoco llevar a cabo imputaciones sobre la autoría de comportamientos ilícitos”. Omella añade en la carta, remitida este jueves y que los comunes han divulgado, que la “atribución de comportamientos ilícitos” merecedores de pena está reservada a “los jueces y tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional o a los órganos de la Administración en cada caso titulares de la potestad sancionadora”".

27 de enero, santoral: Ángela de Mérici, Enrique de Ossó y Cervelló, Avito mártir, Devota, Gilduino de Dol, Juan María el Muzeo, Julián de Cenomanum y Julián de Sora.