Puigdemont, acorralado, y el nombramiento de Simón
Alta tensión en materia política y judicial. Los partidos que impulsan la ley de amnistía juegan una partida de ajedrez con la judicatura, encarnada a los efectos por el magistrado Manuel García Castellón, instructor en la Audiencia Nacional de los casos del Tsunami Democràtic y los CDR detenidos en el marco de la operación Judas. El terrorismo, definición, alcance y fines, marca el debate. Tras la enmienda auspiciada por ERC y Junts para esquivar una acusación por terrorismo, el juez ha movido ficha y sitúa a Carles Puigdemont y Marta Rovira a los pies de los caballos por su presunta implicación en los disturbios en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo.
Pero no queda ahí la cosa. El ambiente de bronca se agudiza tras las explicaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la intervención del teléfono del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a quien consideraban el operador en la sombra de la estrategia de los Comités de Defensa de la República, los antecitados CDR. La amnistía, pues, sigue en el primer plano informativo en compañía de la sequía y el nombramiento de Ángel Simón como nuevo CEO de Criteria.
Las evoluciones del sumario del Tsunami y su coincidencia temporal con la tramitación de la amnistía causan una cierta perplejidad en la prensa catalana. "Nuevo movimiento de García-Castellón para dejar a Puigdemont fuera de la ley de Amnistía", apunta al respecto La Vanguardia. El texto es de Josep M. Calvet: "En un nuevo movimiento no exento del oportunismo político que le atribuye incluso el Gobierno, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha emitido este jueves un auto sobre la causa de Tsunami Democràtic que instruye para tratar de dejar fuera de la ley de Amnistía que se tramita en el Congreso al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a diez personas más investigadas por terrorismo en dicha pieza. Y el magistrado lo ha hecho a falta de cinco días para que el texto definitivo de la ley de Amnistía se debata para su aprobación en el pleno del Congreso y sorteando la enmienda que el martes pactaron el PSOE y los grupos independentistas que excluía del olvido penal los actos de terrorismo que, "de forma manifiesta y con intención directa, causen violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario".
Sigue la pieza: "En un auto, en el que el magistrado confirma la personación de dos agentes de policía que sufrieron heridas de gravedad en los incidentes ocurridos en el marco de las protestas que tuvieron lugar tras la sentencia del procés, García-Castellón señala que "no puede minimizarse esta acción" (las protesta en las que resultaron heridos los agentes) "ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el art. 15 de la CE (Constitución española), y el art. 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados". Es muy clara la referencia al artículo 2 del Convenio Europeo (para la Protección) de Derechos Humanos a la que alude la enmienda pactada el martes. En su escrito, el magistrado, que no descarta ánimo homicida en estas acciones, ha rechazado el recurso de una de las investigadas en la causa, Marta Molina, al que se había adherido otro, Xavier Vendrell, y el Ministerio Fiscal, que alegaba que esos actos ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, no eran imputables a Tsunami sino a los CDR, por lo que no se podían vincular a la causa en la que se personaron los agentes".
Asunto espionaje de Aragonès. "El CNI pidió espiar el teléfono de Aragonès porque "dirigía los CDR en la clandestinidad", titula Crónica Global. En el texto se informa de que "el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre los años 2019 y 2020 por sospechas sobre sus presuntas conexiones con los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), los grupúsculos de radicales ultranacionalistas en cuyas convocatorias se desarrollaron actos de violencia y sabotajes tras la condena de los líderes del procés. Así lo han admitido a El Español fuentes conocedoras del contenido de los denominados papeles secretos del CNI, que este martes ha desclasificado el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez".
Y: "Desde este jueves se sabe que una de las razones que supuestamente el CNI argumentó ante el juez para conseguir la autorización para pinchar el teléfono de Aragonès fueron las sospechas de que el mandatario de ERC -por aquellas fechas, vicepresidente del Govern- dirigía las acciones de los CDR.
Moncloa aseguró en su día que "el bien último" por el que se investigó a Aragonès fue "preservar la pacificación de Cataluña". El mismo motivo que el Gobierno de PSOE y Sumar alega ahora para amnistiar a los encausados del procés a cambio del apoyo parlamentario de los partidos secesionistas que lo representan: ERC y Junts".
La noticia es sorprendente. Aragonès, del que se hacen bromas sobre su juventud y aspecto aniñado, no parece capaz, a simple vista, de dirigir nada ilegal y mucho menos desde la clandestinidad. Hoy declara en un juzgado de Barcelona la exdirectora del CNI, Paz Esteban, fulminada a raíz del caso Pegasus y a petición de ERC. No es previsible que arroje luz sobre la cuestión.
Más amnistía. "El fiscal general libra al Gobierno de un 'informe crítico' con la Ley de Amnistía", señala El Mundo. Escribe Ángela Martialay: "Primero evitó condenar el término lawfare pactado entre el PSOE y Junts -convirtiéndose en una excepción dentro del Poder Judicial- y, ahora, planta al Senado para neutralizar un informe contrario a la Ley de Amnistía. El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz rechazó ayer de forma unilateral que el Consejo Fiscal informase sobre el borrado de los delitos del procés, tal y como solicitó hasta en dos ocasiones el Senado. En una carta remitida al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, le comunicó que este órgano carece de competencia para examinar la proposición de Ley diseñada para beneficiar a Carles Puigdemont. «Lamento comunicarle la inviabilidad de la solicitud formulada por la Mesa del Senado con fecha 5 de diciembre», contestó aferrándose a un «obstáculo legal»".
Sigue la pieza: "Álvaro García Ortiz adoptó esta decisión sin consultar con los vocales del Consejo, órgano colegiado que él preside, pese a que tanto los consejeros de la Asociación de Fiscales como el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, es decir, la mayoría del órgano, le afeó que no les informara de la petición cursada por la Cámara Alta. El artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el Consejo Fiscal informará de «los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal». El argumento en el que se apoyó el fiscal general para denegar el informe pedido por la Mesa del Senado es que estamos ante una proposición de Ley, no un proyecto de Ley. Ese es el «obstáculo legal». En la misiva, García Ortiz respondió a Rollán que «no está legalmente prevista la labor informante o consultiva» del Consejo Fiscal en proposiciones de Ley en tramitación en el Parlamento (...) Fuentes fiscales sostienen que García Ortiz se ha negado a informar sobre la amnistía para hacerle un «favor» al Gobierno ya que con su negativa neutraliza un informe que «a todas luces sería crítico» con la amnistía".
Hay actualidad más allá de la amnistía. Por ejemplo, "Cataluña retrasa la emergencia por sequía pese a que las reservas ya bajan del 16%", asegura El País. La nota viene con la firma de Luis Velasco: "La Generalitat de Cataluña, que preside Pere Aragonès, ha vuelto a retrasar la fecha para declarar la emergencia por sequía aunque los embalses de las cuencas hidrográficas internas hayan bajado del 16% de su capacidad (15,99%), el umbral establecido para activar las restricciones más severas. El Ejecutivo ha descartado activar el escenario más duro la próxima semana en los municipios que dependen de estos embalses, tal y como Aragonès declaró el lunes en una entrevista para Catalunya Radio. “Probablemente, la semana que viene. Cuando lleguemos al 16% de las reservas”, afirmó el president. Fuentes del Govern explican a este diario que, aunque las 18 unidades de las cuencas internas estén al 15,99%, se declarará la emergencia cuando “el sistema Ter-Llobregat alcance el 16%, los 100 hectómetros cúbicos”, es decir, cuando los cinco embalses de Sau, Susqueda, La Baells, Llosa del Cavall y Sant Pons bajen ese volumen de agua. Estos son los embalses que abastecen directamente el área de Barcelona. “Por los cálculos que se han hecho, la emergencia no llegará la semana que viene”, han afirmado".
Continúa la pieza: "No es la primera vez que el Govern matiza o da un volantazo en las medidas que se deben adoptar por la sequía. Ya en noviembre, diseñaron el estado de preemergencia que no estaba incluido en el Plan Especial de Sequía (PES), en el que casi seis millones de habitantes del área de Barcelona y Girona permanecerán unas semanas más. En diciembre también decidieron finalmente aguantar en la fase previa a la emergencia y, ahora en enero, volvieron a retrasar su decisión a la espera de unas precipitaciones que pudieran estirar los recursos. También han tenido que dar marcha atrás en algunas de las modificaciones que el Govern aprobó la semana pasada, como el cierre de las duchas de los gimnasios y el riego de los centros deportivos federados, después de que el sector se rebelara contra esta decisión por no haber sido tenidos en cuenta. El Govern insiste en que quiere evitar tanto como sea posible las medidas más duras y que más pueden perjudicar a la economía".
Economía. "Fainé renueva como presidente de Criteria y nombra a Simón nuevo CEO", comenta el Abc. El texto es de Àlex Gubern, quien escribe que "el consejo de administración de CriteriaCaixa, sociedad 'holding' que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación 'La Caixa', ha acordado proponer la reelección de Isidro Fainé como presidente por el periodo estatutariamente establecido de cuatro años. Asimismo, el órgano también ha aprobado la propuesta de nombramiento de Juan José López Burniol como vicepresidente primero y, de manera relevante, de Ángel Simón como nuevo consejero delegado del brazo inversor de la mayor fundación española. Isidro Fainé (1942), que es presidente de la Fundación 'La Caixa', accionista único de Criteria, liderará pues otros cuatro años, ahora con Ángel Simón como mano derecha, un 'holding poderosísimo'; la entidad es primer accionista de compañías clave como Caixabank, de la que posee el 32,2%, o Naturgy (26,7%), o con posiciones significativas como en Cellnex (4,3%). Por otra parte, también está presente en Telefónica, que ha protagonizado titulares estos últimos meses por la entrada de los saudíes STC y del Estado a través de la SEPI; en la teleco, Criteria posee el 2,55%, que debe sumarse al 3,5% del que dispone Caixabank en forma de participación directa. Según detalla la misma compañía, Criteria cuenta con una cartera de activos con un valor bruto de 26.000 millones de euros".
Continúa Gubern: "Junto a la esperada renovación de Fainé, el consejo de administración también ha acordado proponer el nombramiento de Ángel Simón como consejero delegado de la compañía, en sustitución de Marcelino Armenter. Simón (1957), originario de Manresa, como Fainé, es presidente de Agbar, ingeniero de caminos, canales y puertos y se incorporó al grupo Agbar en 1995, donde ejerció numerosos cargos de responsabilidad hasta su nombramiento como presidente en 2010. Ha sido también vicepresidente ejecutivo de Suez (2013-2022) y gerente del Área Metropolitana de Barcelona (1989-1995), entre otros cargos. Se le señala como un hombre de la máxima confianza de Fainé, y su designación, como siempre sucede en los movimientos que se producen en el entorno del exbanquero, se lee también en clave sucesoria por parte del mercado".
26 de enero, santoral: Timoteo, Tito, Teógenes mártir, Agustín Erlandson y Alberico abad.