El CNI pidió espiar el teléfono de Aragonès porque "dirigía los CDR en la clandestinidad"

El actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre los años 2019 y 2020 por sospechas sobre sus presuntas conexiones con los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), los grupúsculos de radicales ultranacionalistas en cuyas convocatorias se desarrollaron actos de violencia y sabotajes tras la condena de los líderes del procés.

Así lo han admitido a El Español fuentes conocedoras del contenido de los denominados papeles secretos del CNI, que este martes ha desclasificado el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.

'Pinchazo' telefónico

Desde este jueves se sabe que una de las razones que supuestamente el CNI argumentó ante el juez para conseguir la autorización para pinchar el teléfono de Aragonès fueron las sospechas de que el mandatario de ERC -por aquellas fechas, vicepresidente del Govern- dirigía las acciones de los CDR.

Moncloa aseguró en su día que "el bien último" por el que se investigó a Aragonès fue "preservar la pacificación de Cataluña". El mismo motivo que el Gobierno de PSOE y Sumar alega ahora para amnistiar a los encausados del procés a cambio del apoyo parlamentario de los partidos secesionistas que lo representan: ERC y Junts.

Coincidencia llamativa

Se da la circunstancia que todo este asunto surge justo un día antes de que la exdirectora del CNI Paz Esteban declare este viernes como investigada por la querella presentada por Aragonès por el llamado caso Pegasus.

Y mientras tanto, el actual Gobierno socialista trata de minimizar su responsabilidad sobre dicha vigilancia esgrimiendo que las escuchas del teléfono de Aragonès se iniciaron antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa en 2018, y que contaron siempre con autorización judicial, según su versión.

El Gobierno culpa al PP... y gobernaba Sánchez

Asimismo, fuentes del Gobierno es escudan en que ni el CNI ni el Tribunal Supremo tienen que informarle de estas operaciones, y presumen que ha sido el Ejecutivo de Sánchez el que ha decidido lo que llaman "colaborar" con la justicia y desclasificar esta información a petición de un juez. A su modo de ver, esto supone que "ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia".

"Nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP", argumentan fuentes del Ejecutivo de PSOE y Sumar.

Fuentes consultadas por Europa Press han asegurado que los documentos sobre la presunta vigilancia a Aragonès que el Gobierno desclasificó parcialmente a petición del juez están "llenos de partes eliminadas", con páginas enteras tachadas, y que quieren estudiar documentación.