Puigdemont censura que jueces españoles se pronuncien antes de conocer la ley de amnistía

El expresidente de la Generalitat fugado, Carles Puigdemont, ha censurado que los jueces españoles se hayan pronunciado antes de conocer la ley de amnistía del procés, de la cual se verá beneficiado a cambio del apoyo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez. En opinión del prófugo, "queda claro que los estándares europeos respecto a los derechos fundamentales no son los estándares de la nomenclatura judicial española".

A través de un mensaje en la red social X, Puigdemont se ha referido a unas declaraciones de la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Síofra O'Leary, en la que la magistrada irlandesa supuestamente ha rechazado posicionarse sobre la ley de amnistía en este momento por "no conocer el contenido" y porque "un juez nunca se puede posicionar sobre un proyecto de ley, porque sería interferir en los procesos democráticos".

Unas palabras que han provocado una reacción sarcástica por parte de Puigdemont: "Pues los jueces españoles se han pronunciado, y de qué manera, antes incluso de conocer la ley de amnistía. Queda claro que los estándares europeos respecto a los derechos fundamentales no son los estándares de la nomenclatura judicial española", ha escrito.

El juez ve "ánimo homicida"

El mensaje del prófugo se ha producido horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya sostenido que no se puede descartar "el ánimo homicida" en las graves lesiones que sufrió un policía en una protesta de los CDR en Barcelona contra la sentencia del procés, una manifestación que él vincula con la plataforma ultranacionalista Tsunami Democràtic.

El juez -que ve indicios de terrorismo en Puigdemont por el caso Tsunami- ha hecho ese planteamiento en un auto dictado apenas dos días después de la enmienda pactada por PSOE, ERC y Junts a la ley de amnistía para incluir los delitos de terrorismo siempre y cuando no hubieran causado violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa, según el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios secesionistas.