Efectos de la amnistía y críticas europeas
Las encuestas reflejan una cierta penalización al PSOE por los pactos con los independentistas. La cruzada del Partido Popular Europeo contra la amnistía. La deuda de los catalanes
27 noviembre, 2023 07:57Noticias relacionadas
Lunes de encuestas y entrevistas sobre los efectos demoscópicos e institucionales de la ley de amnistía, todavía una proposición en sus primeros trámites parlamentarios. Hay proyecciones también sobre lo que puede ocurrir en las elecciones europeas, las próximas (vascas aparte) del calendario electoral. Es El Español quien proporciona a los lectores un sondeo sobre las europeas. "El PP ganaría al PSOE por 7,6 puntos y cinco escaños si las elecciones europeas se celebrasen hoy", apunta en el titular. En el sumario se explica que "Los socialistas sufren el impacto de la amnistía a Puigdemont, que podría haber vuelto ya a España cuando se vote, el 9 de junio". Los datos en porcentajes y escaños son los siguientes: PP, 36,8% /25); PSOE, 29,2% (20); Vox, 10,2% (6); Sumar, 8% (5); Podemos, 2% (0); Junts, 5,1% (3); Coalición de izquierdas, 4,2% (2); Cs, 1,1% (0).
En cuanto a unas elecciones generales, es Vozpópuli quien publica una encuesta que muestra un notorio impacto en las opciones electorales de Sánchez. "El clamor en la calle por la amnistía pasa factura a Sánchez y catapulta al PP hasta los 151 escaños", titula el referido medio. En el subtítulo se abunda en que "El PP ganaría 470.925 votos, frente a la pérdida de más de medio millón que lastraría el PSOE". Los datos escuetos son estos: PP, 151 (36,23%); PSOE, 113 (30,70%); Vox, 30 (11,80); Sumar, 27 (11,03%); ERC, 8 (1,88%); Junts, 7 (1,73%); Bildu, 6 (1,39%); PNV, 5 (1,18%); Otros, 3 (4,06%). En el análisis, que firma Cristina García Vázquez, se indica que la encuesta fue elaborada a partir de 1.000 entrevistas entre el 17 y el 23 de noviembre y que "los populares saldrían beneficiados de la caída, por un lado, de los de Abascal y, por otro, por el hundimiento de PSOE y Sumar hasta los 113 y 27 escaños, respectivamente. A pesar de que Vox perdería 3 escaños, respecto a los pasados comicios del 23-J, su apoyo seguiría siendo imprescindible para que Feijóo se hiciera con el Gobierno".
En tiempos de Pablo Casado al frente del PP ni cotizaba que ganaría a Pedro Sánchez de calle. Es lo que tienen las encuestas cuando se proyectan sobre elecciones remotas.
Otro de los sondeos destacados del día viene en El Diario, que se pregunta sobre la cuestión republicana. O monárquica. "La mayoría de los españoles quiere un referéndum para decidir entre monarquía y república", titula dicho digital. "El respaldo a una consulta sobre la forma de Estado se dispara entre los votantes de izquierda y los jóvenes, mientras las posiciones estarían más igualadas en un hipotética votación: el 44,7% apoyaría la república y un 43,5%, la continuidad de la Corona", resume en el sumario. El texto es de Elena Herrera y Victòria Oliveres: "La mayoría de los españoles cree que debería convocarse un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre si prefieren que España siga siendo o no una monarquía parlamentaria. El respaldo a esa hipotética votación sobre la forma de Estado se dispara entre los que se reconocen como votantes de los partidos de izquierda y también es mayor entre los jóvenes. Son las principales conclusiones de una encuesta realizada por Simple Lógica para elDiario.es tras la jura de la Constitución por parte de Leonor de Borbón. Un acto que evidenció que la mayoría del Congreso que suman PP, PSOE y Vox apoya la continuidad de la Corona".
Y: "Este sondeo, sin embargo, constata que existe cierto interés popular por someter a consulta el asunto de la jefatura del Estado. El 51% de los encuestados quiere que se celebre un referéndum sobre la monarquía, frente al 43,2% que considera que es una cuestión que no debería someterse a votación. Además, más de la mitad de los consultados (el 50,5%) dice estar “poco o nada” de acuerdo con que la jefatura del Estado sea un cargo hereditario. Por contra, el 43,9% defiende que la Corona se transmita de padres a hijos".
Se acaba noviembre y todavía no se ha celebrado, que se sepa y según dicen los interesados, la primera reunión entre el PSOE y Junts en Ginebra. Quedan cuatro días para que se cumplan las estrictas exigencias de Junts sobre el calendario, pero... "El PSOE deja en el aire la reunión prevista para este mes con Junts y el verificador internacional", asegura El Independiente. Escribe Juanma Romero: "El acuerdo de PSOE y Junts lo decía con nitidez: habría una "primera reunión de negociación a celebrar este mes de noviembre", y ya con el verificador internacional. Pero aún no hay fecha. Lo asegura Ferraz. No está prevista por ahora ninguna cita esta misma semana, la última de mes, ni en Ginebra ni en otro punto fuera de España, aunque no se descarta que pueda acabar agendándose en las próximas horas. Insisten en la cúpula de Pedro Sánchez en que el posible aplazamiento, si finalmente se confirma, no obedece a ninguna fricción de carácter político, sino sólo a "razones de agenda". No será este el único foco de atención en el partido estos próximos días, porque este lunes se reúne la ejecutiva federal y decidirá sobre los portavoces parlamentarios. Es decir, sobre la continuidad o no de Patxi López y Eva Granados como rostros del partido en Congreso y Senado".
Sigue Romero: "El PSOE no pretende dar publicidad a los encuentros que, con carácter mensual, mantenga con la formación de Carles Puigdemont a partir de ahora, precisamente para proteger el diálogo, y solo dará cuentas, dicen en el cuartel general, de los "acuerdos" que se alcancen. Por esa misma razón, tampoco se divulgará quién ejercerá de mediador internacional. Por eso y porque las dos partes se han comprometido a no desvelar quién es ese relator de carácter privado: figurar en los papeles, ante la opinión pública, apuntan, "no es su papel"".
Tras las encuestas y la agenda, las entrevistas. La primera, en El Mundo, a un eurodiputado portugués, Nuno Melo, quien declara: "Vamos a intentar que la nueva directiva anticorrupción de la UE prohíba la amnistía". La pieza es de Carlos Segovia. En la entradilla se presenta al personaje: "Nuno Melo (Joane, Portugal 1966) es el presidente del Centro Democrático-Social-Partido Popular de Portugal y concurrirá a las elecciones en su país del próximo año, pero antes el Partido Popular Europeo le ha confiado una misión. Es el eurodiputado ponente responsable de negociar, en nombre del primer partido de la Eurocámara, la inclusión de un artículo clave en el proyecto de directiva europea contra la corrupción que se está tramitando. Es el que prohibiría la amnistía en España y en cualquier otro Estado miembro para delitos de malversación. ERC y Junts han arrancado al PSOE borrarlos al afectar a los bolsillos de sus líderes. Trabaja en coordinación con el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos y con el pleno respaldo del presidente del partido, Manfred Weber, promotores ambos de la enmienda a la directiva en contra de la medida de gracia".
Ahí van las preguntas y respuestas más sustanciosas:
Pregunta: ¿Qué pretende hacer el Partido Popular Europeo respecto a la amnistía en la nueva directiva anticorrupción de la UE?
Respuesta: En primer lugar, defender el Estado de Derecho y los valores fundamentales de los regímenes democráticos. La justicia no es un negocio, ni puede ser manipulada en función de los intereses personales o partidistas de nadie. Por eso vamos a intentar que la directiva prohíba esta amnistía en España, que indulta incluso delitos de malversación, así como prohibir medidas de gracia de este tipo en todos los Estados miembros. Si se aprueba la directiva con nuestra enmienda que prohíbe la amnistía, el Gobierno tendrá entonces que transponerla a la legislación española y, si se niega, la Comisión Europea podría abrir un procedimiento de infracción e incurrir en responsabilidad ante el Tribunal de la UE.
P: ¿En qué base legal fundamenta prohibir amnistías?
R: Hay que enviar un mensaje de cero impunidad a quienes cometen las diversas infracciones que esta directiva busca armonizar. La fundamentación de esta modificación tiene en cuenta la posición que la Comisión Europea envió en mayo de 2019, a través de su entonces vicepresidente Frans Timmermans, a las autoridades rumanas respecto a una reforma legal que tuvo como efecto la exoneración de un grupo de funcionarios públicos responsables de delitos de corrupción. En esa carta, la Comisión Europea denunció el riesgo de permitir una situación de impunidad de facto para los delitos, incluida la corrupción, y recordó que todos los Estados miembros tienen la obligación de asegurar que su sistema de justicia penal sea eficaz en la lucha contra la delincuencia grave.
P: El Gobierno español alega que también hay una amnistía similar en Portugal o en Francia...
R: Es mentira. No es comparable. La ley de amnistía de 2023 de Portugal y la ley de amnistía de 2022 de Francia excluyeron expresamente los delitos de corrupción que la amnistía española quiere borrar. La medida del Gobierno español queda, por tanto, muy por debajo de los estándares de la Unión Europea, que recuerdo que son imperativos en el momento de la adhesión de todos los Estados miembros. La amnistía española cubre precisamente los delitos excluidos en la amnistía portuguesa: terrorismo, el mal uso del dinero público y los ataques al Estado de Derecho. El deterioro de la democracia española deteriora la democracia de la Unión Europea y hay enorme preocupación.
P: ¿En qué consistió la amnistía portuguesa?
R: Es ridículo compararla. La amnistía en el caso portugués no se concedió a cambio de ningún beneficio para los que la decidieron. Sólo se concedió a jóvenes condenados por delitos menores para que pudieran acudir a la visita del Papa y la Jornada Mundial de la Juventud. En el caso español, la justicia es la moneda de cambio para obtener el poder. Esto es ofensivo, una aberración democrática y una flagrante violación del Estado de Derecho.
La siguiente entrevista es de La Vanguardia a Manfred Weber, también eurodiputado, quien señala que "Es una locura que el Gobierno español esté supervisado por una instancia desde Ginebra". Es Julio Hurtado quien presenta e interroga al político germano: "Manfred Weber (Niederhatzkofen, 1972) es el presidente del Partido Popular Europeo (PPE). Antes de viajar a Barcelona para participar este lunes en la jornada "Camino a la recuperación", donde coincidirá con Alberto Núñez Feijóo y otras figuras políticas y del mundo económico, contestó el viernes por videoconferencia desde Munich, donde reside, a las preguntas de La Vanguardia".
En cuanto a las preguntas y respuestas, una selección:
Pregunta: ¿Cómo valora el debate del pasado miércoles en el Parlamento Europeo sobre el Estado de derecho en España? ¿Se siente satisfecho con el resultado?
Respuesta: Para nosotros, como PPE, era importante mantener un intercambio de puntos de vista sobre la cuestión. Me sorprendió bastante que la izquierda ni siquiera estuviera dispuesta a celebrar un debate en Europa. No juzgamos, no emitimos un juicio definitivo, porque el proceso está en marcha, pero al menos debatir, teniendo en cuenta que millones de personas, cientos de miles de ellas en las calles, y muchas organizaciones de la sociedad civil están pidiendo a Europa que se pronuncie sobre lo que está pasando. Por eso me alegro de que el debate se haya celebrado. Nosotros entendemos que no es una cuestión española, sino más amplia. Por el PPE hablaron diputados de muchas nacionalidades, por ejemplo, de Polonia, donde tuvimos una fuerte lucha a favor del Estado de derecho. Se trata, pues, de una cuestión europea.
P: Pero el comisario de Justicia, Didier Reynders, dijo que la cuestión catalana es un asunto interno de España y tan solo anunció que estaría vigilante con la ley de amnistía. ¿Es suficiente?
R: Bueno, la Comisión debe basarse en hechos y ser precisa en todo el procedimiento. Y por eso estoy muy contento de que enviara una carta ya una semana después de que tuviéramos el acuerdo final (entre el PSOE y Junts) en la que planteaba preguntas. Sabemos que el proceso en el Congreso acaba de empezar y habrá enmiendas. Veremos su desarrollo, que debe ser seriamente analizado por la Comisión, y yo lo apoyo totalmente. Veo en la Comisión que tienen preguntas, que están preocupados. Y también han oído que Reynders ha dicho públicamente que no será el último debate sobre España. Tiene muy claro que es necesario un seguimiento.
P: ¿Qué dudas le plantea la amnistía?
R: La amnistía, como consideración básica, como principio básico, es cierto que se da como opción también en otros países. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en mi país, en Alemania, solo es posible para casos muy concretos. No es una tradición en Europa que se utilice para más de mil personas, algunas de ellas con delitos graves en su historial.
En cierto modo, es algo único. Tuvimos un caso similar en Rumanía, donde también se utilizó para cuestiones políticas para formar gobierno. Y finalmente fracasó cuando intervino Jean-Claude Juncker. Así que por eso la amnistía en España no es comparable con ninguno de los procedimientos normales que tenemos en el resto de Europa.
P: Usted es bávaro y Alemania es un Estado federal. ¿Cuál sería, en su opinión, la solución para el conflicto territorial en España?
R: Ya dije en mi discurso en Estrasburgo que, especialmente como bávaro, estamos muy orgullosos de nuestra identidad regional. Pero ni en Baviera ni en Tirol del Sur existe el nivel de autogobierno que Catalunya tiene ya hoy en día. Ya hay mucha libertad, mucho espacio político para expresar la identidad regional con fuerza. Lo que España y Europa necesitan en este momento es unidad. Lo que más me preocupa es que estemos tan ensimismados en este momento de la historia, cuando la guerra y la crisis se acercan a nuestras fronteras. Nos enfrentamos al reto de la globalización, de que China se está convirtiendo en un gigante y nosotros nos estamos debilitando como europeos. Así que nuestra fortaleza económica está en juego. El año que viene probablemente vuelva Donald Trump y nos arriesgamos a tener incluso un problema de seguridad en la OTAN.
Esos son los verdaderos desafíos. Y en este momento, lo que me preocupa es que solo estemos debatiendo hacia dentro, mirando nuestros pequeños problemas y nuestra pequeña perspectiva. Soy un bávaro orgulloso, soy un ciudadano alemán y soy un europeo convencido. No hagan de esto una división. Eso es lo que defiendo. Eso es lo que defiende mi partido. Y también Feijóo defiende esto. Él también tiene una fuerte identidad regional, pero es español y es un europeo orgulloso.
A vueltas con la amnistía, en El Confidencial descubren un resquicio en la exposición de motivos que podría complicar el futuro de Puigdemont y el resto de los amnistiados. "La ley de amnistía esconde una amenaza para Puigdemont si retira su apoyo al Gobierno", afirma el titular. En el sumario se explica que "Una sentencia citada por la norma avisa de que la persecución penal y la detención a nivel europeo e internacional pueden reactivarse si la amnistía queda derogada por gobiernos futuros". Escribe Beatriz Parera: "El redactado de la ley de amnistía tiene un trasfondo que no se aprecia en una primera lectura. El texto incluye referencias a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, a simple vista, avalaría la protección europea e internacional a Carles Puigdemont frente a arrestos una vez quede amnistiado. La resolución confirma la desactivación de las órdenes europeas de detención en casos de perdón. No obstante, esa misma resolución también avisa de que la detención se reactiva si la amnistía queda derogada por gobiernos futuros. Traducción: si Junts deja caer al Ejecutivo de Pedro Sánchez, un Gobierno del PP puede retomar la persecución penal del expresident incluso fuera de España, según defiende el TJUE".
Sigue Parera: "La ley que ahora se tramita en el Congreso repasa en su exposición de motivos la jurisprudencia europea sobre la amnistía. Menciona, entre otras resoluciones, la sentencia C-203/20 AB y otras en las que la sala resolvió, el 16 de diciembre de 2021, una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Comarcal de Bratislava III (Eslovaquia). La cita, en concreto, para indicar que en ella el tribunal "ha establecido la posibilidad de archivar diligencias penales y de poner fin a las penas, basándose en resoluciones judiciales dictadas al amparo de una amnistía resultante de un procedimiento de índole legislativa". Sin embargo, el debate que aborda la resolución no solo va más allá, sino que incluso puede llegar a amenazar a Puigdemont: en esta sentencia del 16 de diciembre de 2021, la Justicia europea avala reclamar la entrega de un amnistiado si posteriormente la ley que lo perdonó se deroga. El caso que analizó el TJUE se centró en una orden europea de detención y entrega dictada contra una persona acusada del secuestro del hijo del presidente eslovaco. El afectado había sido amnistiado en 1998 y sus procedimientos penales quedaron archivados. Años después, en abril de 2017, la amnistía se revocó y el tribunal encargado de investigar a esta persona preguntó si podía reactivar su persecución internacional o, por el contrario, debía entender que el archivo y la absolución que provocaron la amnistía equivalían a que el caso ya era cosa juzgada y, por lo tanto, volver a perseguirle implicaba romper el principio de non bis in idem, que impide que una persona sea sancionada dos veces por la comisión de los mismos hechos. El TJUE concluyó que en la situación no había non bis in idem porque el acusado nunca había llegado a ser juzgado, es decir, no llegó a examinarse su responsabilidad penal. Decía que la amnistía proporcionó el efecto "de una sentencia absolutoria" pero se había acordado "con carácter previo" y, con base en esa conclusión, ratificó que el tribunal eslovaco dictara una nueva OEDE (orden de detención europea)".
Destacado matiz.
Economía política. "Cataluña es la comunidad con la mayor deuda pública: cada vecino debe 10.981 euros", informa La Razón. "Canarias, Asturias y Andalucía tienen las administraciones autonómicas sobre las que pesan un menor endeudamiento por habitante", abunda el sumario. El texto es de Martín García: "El Informe sobre las Comunidades Autónomas del año 2022 ha desvelado interesantes datos que ponen luz sobre cuál es la situación financiera de las 17 regiones que tiene España. El estudio, elaborado por el Observatorio de Derecho Público de Barcelona y que fue presentado en el Senado la pasada semana, examina la gestión económica que hicieron los gobiernos regionales en los últimos años. Del documento se desprenden claras diferencias en la deuda per cápita que pesa sobre las distintas administraciones autonómicas. Cataluña lidera este ranking, con una deuda por habitante de 10.981 millones de euros al término del pasado año, le sigue de cerca la Comunidad Valenciana (10.810 euros) y, en menor medida, Baleares (7.530 euros). Contrastando con estas cifras, Andalucía registra una de las deudas per cápita más bajas, de 4.433 euros, seguida de Asturias con 4.199 euros. Mientras que Canarias se posiciona como la comunidad con el menor déficit a distribuir entre sus residentes, con solo 2.873 euros por habitante".
27 de noviembre, santoral: La Medalla Milagrosa, Acacio mártir, Acario de Noyón, Barlaán mártir, Basileo obispo, Bilhildis, Eusicio, Facundo, Fergusto, Francisco Antonio Fasani, Gulstano, Hirenarco, Jacobo Interciso, Laverio, Leonardo, Máximo, Primitivo, Saturnino, Sigfrido de Carpentras, Simeón Metafraste, Valeriano y Virgilio de Salzburgo.