Vilarrubias: “PP y PSOE han cedido el monopolio lingüístico a los nacionalismos”

Construir un Estado plurilingüe. Este es el objetivo de la ley de lenguas en la que Mercè Vilarrubias, catedrática de lengua inglesa, trabaja desde 2014. Denuncia que, durante cuatro décadas de democracia, los sucesivos gobiernos españoles han dejado en manos de los nacionalistas el monopolio del debate sobre la lengua "por interés partidista".

Vilarrubias acaba de publicar Por una ley de lenguas. Convivencia en el plurilingüismo (Deusto), donde propone una hoja de ruta para crear una norma que obligue al Estado a ser actor en la defensa del catalán, el vasco y el gallego en toda España, pero también de la protección de los derechos de los castellanohablantes en Cataluña.

-Pregunta. Después de cuarenta años de democracia ¿cómo es posible que no exista una ley de lenguas?

-Respuesta. No ha habido una voluntad de hacerla. Partíamos del artículo 3 de la Constitución que suponía un cambio cualitativo, pues reconocía todas las lenguas como españolas, decretaba la oficialidad del vasco, gallego y catalán si así lo reconocían sus estatutos, como una riqueza de todos que debía ser promovida. A partir de aquí se deja en manos de las comunidades autónomas bilingües el desarrollo de ese artículo 3. Los diferentes gobiernos autonómicos nacionalistas empiezan a desarrollar la normalización lingüística en función de sus intereses. Y los diferentes gobiernos del Estado ven ese desarrollo con preocupación, pero se piensa que es una cuestión autonómica y cualquier intervención desde el Estado se interpretaría como querer inmiscuirse. Pasaron los años y surge el concepto de lengua propia, el monolingüismo, y con silencio por parte de los gobiernos del Estado, que han ido a remolque de los nacionalismo lingüísticos. No han sido capaces de desarrollar una ley para todo el país que buscara el bien común. No han sabido cómo hacerlo.

Mercè Vilarrubias con su libro 'Por una ley de lenguas' / LENA PRIETO

Merçè Vilarrubias con su libro 'Por una ley de lenguas' / LENA PRIETO

-¿No han sabido o PP y PSOE han utilizado este asunto en su estrategia de pactos?

-Exacto, era la época en la que se pactaba con Pujol y con el nacionalismo vasco. Los partidos nacionales dejaron hacer porque les convenía. Los intereses partidistas han primado por encima de hacer un buen diagnóstico. Estamos donde estamos porque no ha habido una comprensión de que el Estado debía actuar de forma inteligente. Cuando gobernaba el PP, con Aznar que hablaba catalán en la intimidad, se aprobó la segunda ley de normalización lingüística en 1998. Y no dijeron nada porque les interesaba. Y el PSOE ha dado la razón siempre a los nacionalistas y ha apoyado su política monolingüe. Lo estamos viendo ahora en Baleares, donde gobiernan los socialistas con MES y se está imponiendo el programa de política lingüística de Cataluña.

-¿Cuál fue punto de no retorno? ¿La ley de política lingüística o el Estatut?

-Sobre todo a partir de los estatutos renovados en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. Se profundizó en el término lengua propia, cada vez más importante y con más prerrogativas en detrimento del castellano. Ahí hay un salto cualitativo. Catalán y castellano son lenguas oficiales, pero como lengua propia, el catalán se vuelve la lengua de uso preferente en la educación, la cultura o la administración. Este concepto no está en la Constitución. Nos deberíamos preguntar cómo los nacionalistas han podido desarrollar este programa tan fácilmente. algo ha habido por parte del Estado, que dejó en manos de los estatutos todo el régimen jurídico, en lugar de desarrollar el artículo 3 de la Constitución mediante una ley de lenguas.

-En ese terreno solo se ha avanzado gracias a familias de alumnos que han luchado ante los tribunales, asociaciones particulares.

-No hay una normativa que regule los derechos lingüísticos. La Constitución no habla de derechos lingüísticos y era normal en 1978, dada la época de la que veníamos. Reconocer las lenguas españolas como oficiales y como riqueza de todo el país, era incomprensible. En 2014 yo ya había escrito mi libro Sumar y no restar y veía que este tema era como un muro, que no se podía razonar porque la base del nacionalismo es la lengua. Cuando los independentistas dicen que los catalanes son diferentes se basan en la lengua y eso nunca lo van a abandonar. Lo dijo Artur Mas, es una línea roja. Por eso, varias personas pensamos que había que abordar el tema de otra manera. En aquel año conocí a Juan Claudio de Ramón (que prologa el libro de Vilarrubias), que estaba en la embajada de España en Ottawa (Canadá), donde estudiaba el bilingüismo federal. Empezamos a hablar y estudiar esta posición. Hay diferencias, pero allí había un nacionalismo rupturista de Quebec que defendía su condición francófona de la fuerza del inglés. Fue entonces, con Trudeau como primer ministro, cuando el francés se declaró lengua oficial y de todos los canadienses, absorbiendo así esa dimensión sentimental de los nacionalistas quebequeses. Nos pareció un movimiento muy interesante e inteligente. Pensamos si se podía aplicar en España. Las primera formulaciones planteaban oficializar el catalán, el gallego y el vasco según el modelo canadiense.

La lingüista y escritora Mercè Vilarrubias / LENA PRIETO

Crónica Global entrevista a Merçè Vilarrubias / LENA PRIETO

-¿En qué consiste esa ley de lenguas?

-Tiene como objetivo intentar paliar los problemas que hemos tenido estos 40 años. Por un lado, el Estado no ha asumido el plurilingüismo del país, no lo ha entendido. El Estado debe ser un actor lingüístico, debe se activo en la promoción de estas lenguas. Ha hecho cosas, pero no lo ha sabido explicar. La ley de lenguas es una hoja de ruta para dar un mejor uso de estas lenguas en las instituciones oficiales. Por otro lado, se abordan los derechos lingüísticos, de los que nunca se ha hablado, un instrumento clave en la protección de la diversidad. Se intenta solucionar una situación que en el caso de Cataluña es inédita en Europa, como es que una comunidad que tiene una lengua oficial y es mayoritaria, como es el castellano, no tiene ningún derecho. Dos objetivos, por tanto, construcción de un Estado plurilingüe y derechos lingüísticos de todos los ciudadanos.

-¿Aplicar esa ley de lenguas cuánto costaría?

-En el libro explico el coste, pues una ley debe tener una memoria económica. En Canadá se gastan 24.000 millones de euros al año porque el francés se declaró lengua oficial junto al inglés y eso tiene una serie de prerrogativas. Pero en España hemos hecho un cálculo y la inversión de arranque sería 2.300 millones de euros. Nos parece muy poco dentro del presupuesto de un país y para el efecto que tendría una propuesta. En Canadá se habla de inversión, no de gasto, en las lenguas. La inversión en rótulos en el Museo del Prado en las cuatro lenguas, por ejemplo, solo se haría una vez. Y en otros casos, como saludar en los cuatro idiomas, es gratis. Algunos ministerios ya tienen su web en esos idiomas y la publicidad de Renfe también.

-Los presos independentistas invocaron su derecho a utilizar su lengua materna en el juicio del 1-O.

-Me pareció muy interesante que invocaran la lengua materna y los derechos lingüísticos en el juicio en el Tribunal Supremo, que es un tribunal de todos. Con una ley de lenguas, estos acusados sí que podrían haber tenido traducción simultánea si así lo desean. Los catalanohablantes tienen sus derechos reconocidos en Cataluña, pero no a nivel estatal. La ley que proponemos habla de derecho lingüísticos de todos. Igual que los castellanohablantes deberían tener derecho en Cataluña a utilizar su lengua en las administraciones, recibir educación o acceder a subvenciones para crear un medio de comunicación en castellano. ¿Por qué no?

-El uso de eufemismos como “lengua propia”, “habitual” o “preferente” ¿ha sido deliberado, precisamente para negar el derecho de los castellanohablantes?

-La lengua materna está reconocida en numerosos convenios internacionales, conlleva derechos. A los nacionalistas nunca les ha interesado. La invocaron cuando la enseñanza era toda en español. Uno de los argumentos para la enseñanza en catalán era que los niños se educaban mejor en su lengua materna. Pero una vez se lanza la idea de una inmersión para todos, el concepto de lengua materna ya no interesó. Una vez hablé con el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, sobre este tema y se puso muy agresivo respecto a que no había ningún derecho a la lengua materna. Yo hablo de lengua materna y de lengua de preferencia, porque los sujetos deben ser libres para elegir. Pero no les interesa ese debate.

Merçè Vilarrubias en la redacción de Crónica Global / LENA PRIETO

Merçè Vilarrubias en la redacción de Crónica Global / LENA PRIETO

-Hasta el punto de que se da instrucciones para que los niños jueguen en catalán en el patio…

-La inmersión se basa en una obligación. En el aula, el profesor habla en catalán y la mayoría obedece porque no les queda otra salida. Pero una vez se sale al patio o a la calle, cada uno habla como quiere. Las personas tienden a hablar en su lengua materna y eso no se puede controlar. De ahí surgen iniciativas como Al pati, en català para reforzar y medio obligar. Sabemos que la obligación tiene unos límites y la inmersión funciona en zonas catalanohablantes, pero en las zonas más bilingües hay una separación entre lo que impone la escuela y lo que se habla en la calle. Ahí hay un choque. El objetivo es la identificación con el catalán por parte de todos y añadir la mochila nacionalista, pues la lengua está desprovista de ideología.

-Los nacionalistas dicen que el castellano es una lengua de colonización…

-Ellos añaden esos pluses en función de lo que les interesa. En este momento, lo que tenemos que hacer no es discutir con ellos sino hacer un discurso alternativo mejor que el de ellos. Es mucho mejor, ética y democráticamente, apelar al discurso de la diversidad en cuanto al respeto a las libertades individuales y a la igualdad. Esos son los valores de las democracias liberales actuales. Cuando escribía el libro tenía que pararme porque pensaba que no hay políticos para hacer esto. Hay que ser realista y asumir que se necesitarán muchos años para desarrollar algo así. No hay que tener prisa, pero los cambios sociales, de percepción, tardan.

-Hemos pasado del nacionalismo a un 'procés' en el que las posturas están cada vez más enconadas, parece imposible llegar a un acuerdo.

-Se puede dialogar con los nacionalistas, por supuesto. Pero el planteamiento no es que ellos den el visto bueno, porque siempre han tenido el monopolio de la lengua, son los únicos representantes y gestores. Y esto no es así. Son los cuatro partidos nacionales (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) los que deberían comenzar a forjar consensos mínimos, tomar conciencia de que debería ser un tema de Estado. La primera actuación debería ser la constitución de una comisión estatal de expertos lingüísticos que recogieran el sentir de los ciudadanos y de los diferentes sectores, también a los nacionalistas. Y tras dos años de trabajo, hacer un libro blanco sobre cómo debería ser esa ley de lenguas que aprobaría el Congreso.

-El líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto una ley de lenguas…

-No tiene nada que ver con nuestra propuesta, fue dicha así, de pronto, y nunca más se supo. Y además es inconstitucional porque el catalán dejaría de existir prácticamente, sería opcional. Es curioso que el PP no tenga asesores, que lancen propuestas que quedan en nada y que, cuando gobiernan, no hagan nada.

-¿A quién va dirigido el libro?

-Debemos ser realistas. Las ideas comienzan en la sociedad civil y se van ganando consensos. Hablaremos con los partidos políticos, pero esto llevará su tiempo. Los federalistas canadienses nos dijeron que esto va a tardar. La pluralidad en España no va a cambiar, por lo que hay que reconocer errores, mirar hacia el futuro y mejorar la convivencia. Nuestra propuesta no pretende desdibujar la lengua común, el castellano. El motor ha sido la exclusión del castellano en Cataluña, a la que se tilda de lengua facha, de colonos, de delincuentes. Pero me gustaría explicar que negar la promoción de los derechos lingüísticos de catalanes, vascos y gallegos en las instituciones del Estado no ayuda en la defensa de la pluralidad lingüística. Y juega a favor de los nacionalistas y de las trincheras. El castellano es la lengua mayoritaria y funciona como lengua franca. Pero cuando hablamos de lengua común ya desde un punto de vista de adhesión sentimental, debemos aceptar que haya personas que se identifiquen más con el catalán, vasco o gallego. Y son lenguas que se han expandido mucho, que son lengua materna de muchas personas y eso no es una ofensa al español, sino una elección de estos ciudadanos.