La Justicia obliga a tres escuelas a usar también el castellano como lengua vehicular

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado seis nuevos autos en los que obliga a la Consejería de Enseñanza a cambiar el modelo lingüístico de tres centros educativos de Barcelona y Tarragona a raíz de la petición de seis familias.

Con estas resoluciones, el tribunal reitera su doctrina que reconoce el derecho de los recurrentes “a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalitat deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”, según ha informado hoy la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), que asesora a las familias.

25 horas lectivas

Esta entidad explica que, tomando en consideración un horario semanal estándar de 25 horas lectivas, el 25% de las horas lectivas deben impartirse al menos en castellano y que los centros educativos en los que el catalán está reconocido como única lengua vehicular deben utilizar el castellano “además de en el área, materia o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, en otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga”. Este mandato se traduce en 6'25 horas semanales de presencia del castellano de las 25 horas lectivas.

Por primera vez, el TSJC ordena a los centros educativos a preservar la identidad e intimidad de las familias y alumnos demandantes de educación bilingüe. "Este hecho tiene como finalidad evitar las situaciones de acoso y de presión sufridas por algunas familias que, con anterioridad, han solicitado la aplicación del modelo de conjunción lingüística en los centros educativos, indica la asociación.

Petición de las familias

La resolución acoge la petición expresa de protección que han formulado las familias y tiene su origen en los incidentes registrados en la ciudad de Balaguer en septiembre de 2015 en el que el centro educativo, políticos locales y el propio Departamento de Enseñanza "crearon una clima irrespirable en el centro que llevó a la familia demandante de escuela bilingüe a abandonar el centro educativo en el que estaban matriculados los alumnos". El Síndic de Greuges, en resolución de 22 de noviembre de 2016, instó a la Generalitat a aprobar un protocolo destinado a proteger la intimidad de los niños cuyas familias solicitasen la educación bilingüe. Hasta la fecha este protocolo no ha sido elaborado y tampoco consta a la AEB que el Síndic de Greuges haya reiterado su petición.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe lamenta "que la plataforma contraria al castellano y a los derechos lingüísticos de los castellanohablantes Som Escola haya inundado las proximidades de alguno de los centros escolares afectado por la implantación del nuevo modelo lingüístico de propaganda alarmista en la que se llama a la movilización en contra de la aplicación de las resoluciones judiciales". La AEB recuerda "que el modelo integrador y de convivencia es el que respeta las dos lenguas oficiales de Cataluña y que los que pretenden implantar un modelo monolingüe generalizado son totalitarios de la lengua y contrarios a la cohesión social.  

Condena en costas

Asimismo, el TSJC ha condenado a la Administración al pago de las costas correspondientes al incidente de medidas cautelares. Hasta ahora, las costas eran establecidas por el tribunal hasta un máximo de 400 euros y por la actitud insistente del Departamento se ha incrementado la condena a 800 euros.

AEB lamenta "el cinismo de la Administración educativa catalana que sigue obligando a las familias a acudir a los tribunales para reclamar sus derechos lingüísticos en el ámbito de la educación, en vez de adaptar la normativa vigente y las instrucciones al modelo de conjunción lingüística que consiste, como es conocido, en la escolarización en las dos lenguas oficiales en Cataluña y en las tres en el Valle de Arán".

Esta situación anómala que priva de sus derechos lingüísticos a los alumnos castellanohablantes de Cataluña ha sido puesta de manifiesto por la Asamblea en la reciente reunión que ha mantenido con el relator de Naciones Unidas para Asuntos de las Minorías, Fernand de Varennes, al que se le ha solicitado que en su informe "defienda la compatibilidad de los derechos lingüísticos de las minorías con los de las mayorías en las comunidades plurilingües", y que la defensa de los derechos de los hablantes de lenguas minoritarias "no pueden conculcar los derechos de las comunidades con más hablantes". A esos efectos, en el curso de la entrevista "se le hizo llegar abundante documentación sobre la relegación de los derechos lingüísticos de los integrantes de la  comunidad castellanohablante que constituye el 55% de la sociedad catalana en ámbitos tan sensibles como el de la enseñanza".