Jordi Turull (i) y Josep Rull (d), a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado jueves 2 de noviembre / EFE

Jordi Turull (i) y Josep Rull (d), a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado jueves 2 de noviembre / EFE

Política

Turull y Rull acatan el 155 y piden a la Audiencia su excarcelación

Los 'consellers' cesados de Presidencia y Territorio solicitan que se les apliquen los mismos criterios que el Tribunal Supremo empleó con los miembros de la Mesa del Parlament

20 noviembre, 2017 16:07

Turull y Rull acatan el 155 "sin resistencia". De esta forma lo ha anunciado la defensa de ambos. Ha pedido a la Audiencia Nacional que los ponga en libertad. Los exconsellers de Presidencia y Territorio han optado por concurrir a las elecciones autonómicas del 21D. De hecho, ocupan el tercer y cuarto lugar en la lista de la coalición Junts per Cataluña (JxCat) que lidera Carles Puigdemont.

En sendos recursos, los dos exconsellers solicitan a la sala de apelación de la Audiencia Nacional que revoque la orden de la juez Carmen Lamela de enviarlos a prisión preventiva y que se les apliquen los mismos criterios por los que el Supremo dejó en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de Junts pel Sí (JxSi).

No habrá reiteración

En sus escritos, el abogado de ambos, Jordi Pina, descarta el riesgo de reiteración delictiva en que Lamela basó su ingreso en prisión. Para ello, dice que tras proclamar la independencia, el Govern se reunió pero "no cerró ningún acuerdo".

El magistrado defiende en sus textos que el encarcelamiento del político de Parets del Vallés (Barcelona) y del de Terrassa "contraviene el derecho de elecciones libres". "De no estar en prisión hubiesen participado sin duda en la campaña electoral".

Tampoco se fugarán

Pina descarta en la defensa de los exconsellers el riego de fuga tras la marcha de Carles Puigdemont a Bélgica y lamenta que se justifique con ese argumento dejarlos más tiempo en la prisión de Estremera (Madrid).

Por último, la defensa insiste en que no hay base para acusar a los querellados de un delito de rebelión. Asegura que en el proceso soberanista no hubo violencia en las calles, ni de sedición. Considera que "no hubo ningún alzamiento tumultuario que quebrantara el orden público".