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La presidenta del Parlament, Laura Borràs, encabeza una delegación de Junts que acompaña a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a declarar en el TSJC por el 1-O / EP

El TSJC mantiene los cargos de corrupción contra Laura Borràs

El instructor da traslado al fiscal para que elabore su escrito de acusación tras concluir la investigación y asegurar que "hay indicios suficientemente sólidos de concertación para defraudar"

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El magistrado instructor de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga a Laura Borràs y a otras tres personas ha acordado, una vez finalizada la instrucción, dar traslado al Ministerio Fiscal del caso. Deberá decidir si presenta escrito de acusación o pide el archivo en relación al procedimiento abierto por los presunto delitos de delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos cuando la presidenta del Parlament era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Los hechos se refieren al fraccionamiento de contratos que Borràs, que de la categoría de investigada pasa a estar procesada, hizo supuestamente para favorecer a un amigo suyo, Isaías H., y el paso que se ha dado acerca a la líder de JxCat al banquillo de los acusados. 

El auto indica que “las comunicaciones electrónicas mantenidas entre Borràs e Isaías H. son indicios suficientemente sólidos de la concertación entre ellos dos para defraudar a la ILC, propiciando contrataciones formales de servicios informáticos reveladores de una vulneración de especial relación de confianza surgida a raíz de aquella como directora de la institución pública”. 

"Tengo marrones"

Según la sala, entre marzo de 2013 y febrero de 2017, la ILC adjudicó por medio de su directora 18 contratos menores relativos a la programación y mantenimiento del portal web de la institución. “En los 18 contratos menores, Borràs intervino en su condición de directora de la ILC, proponiendo la contratación, acordando la adjudicación, aprobando el gasto, certificando la ejecución del servicios, conformando la factura correspondiente y autorizando finalmente el pago”.

Fachada del TSJC, donde se juzga al acusado de dejar morir a su pareja y grabar su agonía / EUROPA PRESS
Fachada del TSJC, donde se ha instruido la causa que afecta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs / EUROPA PRESS

Alude el juez a la conversación telefónica mantenida el 6 de noviembre de 2017 por Isaías H. en el que expresaba su temor de que, a raíz de la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno español en aplicación del artículo 155 de la Constitución, una investigación económica permitiera sacar a la luz “marrones” (“Porque yo tengo una de marrones”). Explica que en la contratación de los servicios que efectuaba para la ILC, "tenía que hacer dos presupuestos buenos y cuatro no buenos”.

"Se le avisaba siempre a él"

En el disco duro intervenido a Isaías H. en el registro efectuado en su domicilio particular se encontraron la totalidad de los presupuestos y facturas presentados en los 18 expedientes de contratación menor. “En particular, una carpeta denominada presupuestos-Laura contenía tres archivos correspondientes a los presupuestos presentados por Hermeneia, un grupo de investigación literaria y tecnológica dirigido por Borràs en los que Isaías participa en los expedientes que dieron lugar a los tres primeros de los contratos objeto de investigación”.

El auto añade que la responsable de gestión administrativa de la ILC hasta 2016 declaró que “en la institución todo el mundo sabía que Isaías era asociado de Xarxa Integral --la adjudicataria-- y otras cooperativas” y que “se le avisaba siempre a él y no a las cooperativas para cuestiones relativas al desarrollo de los trabajos contratados”.

Esta gestora explicó que “la intervención no veía con buenos ojos que un mismo proveedor fuera contratado año tras año y que al comprobar ella misma que los contratos con Isaías H. relativos al portal podían estar relacionados, sugirieron a Borràs en varias ocasiones tramitarlo como un solo contrato negociado, hasta el punto de que comenzó a redactar un borrador de pliego de condiciones, rechazando la propuesta la directora alegando que los contratos eran diferentes”. El juez instructor ve indicios de los delitos vinculados a la corrpución. Falta que se pronuncie el ministerio público.