El TSJC juzgará a los exmiembros de la Mesa del Parlament el 28 de noviembre

El próximo 28 de noviembre se celebrará el juicio por desobediencia contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament durante la etapa de Carme Forcadell como presidente del órgano. Así lo ha fijado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un una diligencia este martes, tras acordar la nueva fecha con los abogados de las partes. 

Se trata de Lluís Corominas (PdeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT) y Joan Josep Nuet (EUiA), además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, para los días 28 y 29 de noviembre y 3 y 4 de diciembre, en sesiones de mañana y tarde.

Leyes de desconexión

El juicio por desobediencia contra los diputados soberanistas de la Mesa del Parlament en la etapa de Forcadell se fijó inicialmente entre los días 18 y 22 de noviembre, pero se aplazó porque dos de los letrados de la defensa tenían previstas otras vistas para esos días con anterioridad.

Están acusados de permitir que la Cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos. Así, tras la declaración unilateral de independencia del 27-S, los miembros de la Mesa de JxCat y CSQP declararon como investigados ante el Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, por permitir la tramitación de la ley que preveía el 1-O, así como la de transitoriedad nacional, aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el TC. 

Inhabilitación por desobediencia

Cuando la causa aún dependía del Tribunal Supremo, Fiscalía solicitó un año y ocho meses de cárcel para los seis acusados, así como una multa de 30.000 euros. Por su parte, la Abogacía del Estado pidió un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet y multa de 30.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación para Boya y Nuet y multa de 24.000 euros, todos ellos acusados de desobediencia grave. Mientras que Vox, que ejerce la acusación particular, solicita 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa e inhabilitación para esos seis acusados.