El TSJC activa la cuenta atrás para eliminar la inmersión

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena a la Generalitat impartir, al menos, el 25% de las clases en castellano no tendrá una repercusión inmediata en el modelo escolar actual. Sin embargo, el fallo es el inicio de la abolición del sistema de inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán que el Govern aplica desde hace décadas.

Así lo aseguran fuentes jurídicas consultadas por este medio, que coinciden en subrayar que la claridad y contundencia del dictamen conocido este jueves --aprobado por unanimidad de la Sala Contencioso Administrativa-- deja tocado de muerte el modelo lingüístico de la educación catalana, y que solo es cuestión de tiempo que el bilingüismo sea restituido en todos los colegios de Cataluña.

El TSJC activa la cuenta atrás para eliminar la inmersión / CG

25% en castellano para todos los alumnos

La principal novedad de la sentencia estriba en que la obligatoriedad de impartir, al menos, un 25% de las clases en español se extiende a todo el sistema educativo. Hasta ahora --y aunque había numerosos fallos que ordenaban que el castellano fuera vehicular-- el TSJC había ido prescribiendo el 25% para toda la clase cuando un alumno solicitaba judicialmente este derecho, de forma individual. En la práctica, la nueva situación supondrá que, además de la asignatura de lengua española, deberá impartirse en castellano, al menos, otra materia “de carácter troncal o análogo”.

Es por eso que las principales entidades defensoras del bilingüismo escolar tildan el dictamen del TSJC de “histórico”, “trascendental”, “decisión sin precedentes” o “punto de inflexión”.

La Generalitat trata de ganar tiempo

Como era previsible, poco después de difundirse la sentencia, la Consejería de Educación ha mostraado su rechazo a la decisión de la justicia y anunció un recurso ante el Tribunal Supremo (TS). Expertos en derecho administrativo han explicado a Crónica Global que la impugnación de la Generalitat solo pretende ganar tiempo puesto que la argumentación del TSJC es difícilmente rebatible.

Además, el tribunal catalán se ha limitado a compilar y ordenar los razonamientos jurídicos expuestos en sentencias anteriores del Tribunal Constitucional, del TS y del TSJC, por lo que es improbable que el alto tribunal corrija el fallo a favor de la Generalitat. En todo caso, el TS podría tardar más de un año en pronunciarse.

Acelerar la aplicación de la sentencia

Algunas asociaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano y Asociación por la Tolerancia apelan la parte resolutiva de la sentencia del TSJC, que exhorta a la Generalitat a que “en las enseñanzas comprendidas en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.

En cambio, juristas especializados en derecho administrativo consideran que, para que el 25% en castellano se aplique de “forma efectiva e inmediata” mientras el TS analiza el recurso del Govern, sería necesario que la parte legitimada solicitase al TSJC la aplicación cautelar de dicha medida. En este caso, la sentencia emana de un recurso de la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Educación presentado en 2015. Pero todo apunta a que el actual Gobierno no solicitará esta medida. De hecho, consultado sobre esta cuestión, el Ministerio de Educación ha sido tajante con este medio: “No hacemos comentarios sobre la sentencia”.

En manos del Gobierno

De igual manera, expertos en derecho procesal advierten de que, una vez que el TS --probablemente-- confirme la posición del TSJC, a la Generalitat aún le queda una última bala para retrasar la reinstauración del bilingüismo escolar.

Y es que es previsible que, en ese caso, la Consejería de Educación se niegue a aplicar la sentencia, lo que haría necesaria una solicitud de ejecución de la misma por parte del Gobierno --que es la parte legitimada para hacerlo-- o la Fiscalía, y que dependería de los equilibrios parlamentarios de ese momento. Todo apunta a que las presiones al Ejecutivo por parte de los partidos nacionalistas se intensificarían llegados a ese punto.

El 25% no depende de la 'ley Celaá'

La estrategia que, según los juristas, no tiene mucho recorrido es la apelación a la ley Celaá por parte de la Generalitat. “La Lomloe, cuando entre en vigor, la dejará sin efecto [a la sentencia]”, ha indicado la Consejería de Educación en un tuit. “Ahora que está a punto de aprobarse en el Senado la nueva ley [educativa], los hay que pretenden volver al pasado. La política educativa en Cataluña (y en ningún lugar) no la hacen los jueces. Es una resolución que saben que no tendrá ningún efecto ni ninguna consecuencia”, ha añadido el consejero Josep Bargalló.

Sin embargo, el TSJC subraya que la obligatoriedad de impartir, al menos, un 25% de las asignaturas en español no depende de una ley educativa nacional (Wert o Celaá), ni de una autonómica, sino que se fundamenta en múltiples sentencias del TC, el TS y el propio tribunal catalán a lo largo de los años. Estas han dejado claro que es inconstitucional que el castellano no sea “lengua vehicular” de la enseñanza, y la jurisprudencia ha establecido ese 25% de uso mínimo para una lengua vehicular. El TSJC incluso alerta de que actualmente el español es “residual” en el sistema educativo catalán.

“Héroes que llevan años luchando”

Las entidades que promueven el bilingüismo escolar han acogido la sentencia con satisfacción. Para el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, el fallo es “un gran avance” y avala el modelo de “conjunción lingüística” que debe compatibilizar ambas lenguas oficiales. “El modelo de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña debe pasar a la historia”, ha añadido. Además, el dictamen abre el camino a “actuar contra los directores” de colegios que se nieguen a aplicarlo.

La presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, ha considerado que con esta sentencia “se ve la luz al final del túnel tras 30 años de la Generalitat pisoteando los derechos de los castellanohablantes”. Losada ha recordado a “aquellos padres que son pequeños héroes que llevan años luchando, que han soportado el acoso de su entorno, el desprecio de la comunidad educativa y el ninguneo de la Generalitat”. “Vamos a continuar este camino hasta conseguir que la sentencia se aplique en el 100% de los centros”, ha insistido.

El 50%, próxima batalla

El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, se ha mostrado satisfecho de que el TSJC “por fin” ordene establecer el bilingüismo en todo el sistema educativo catalán. “Llevamos desde 2010 con sentencias individuales y eso se ha acabado”, ha añadido. Pese a asegurar que la inmersión camina hacia su final, ha pedido paciencia porque está convencido de que la Generalitat se resistirá a aplicarla. Además, ha advertido de que la siguiente batalla será fijar un 50% para cada lengua.

La Asociación por la Tolerancia hace una valoración “muy positiva” de la sentencia pero pone el foco en el Gobierno. El presidente de la entidad, Eduardo López-Dóriga, ha criticado el intento de excluir el castellano como lengua vehicular en Cataluña con la ley Celaá y se ha felicitado de que el TSJC diga que “esto no se puede hacer”. Pese a que se ha mostrado convencido de que “costará muchísimo” aplicar esta sentencia por el acuerdo entre el Gobierno y los nacionalistas, también ha ironizado: “Han ido a por lana y han salido trasquilados”.

Insumisión y desobediencia

En el ámbito nacionalista, la sentencia no se ha recibido de forma apacible y algunos de los principales actores han mostrado su preocupación. Según Plataforma per la Llengua se trata de “un ataque judicial más contra el catalán”. La entidad se ha mostrado confiada en que el recurso de la Generalitat “pare el recorrido efectivo” del dictamen. Y ha reclamado “un refuerzo profundo y renovador del programa de inmersión lingüística” que incluya “el patio, el comedor y las actividades extraescolares”.

Por su parte, el sindicato USTEC-STEs --mayoritario en la educación pública-- ha hecho un llamamiento “a los trabajadores de los centros educativos a la insumisión y a la desobediencia” frente a la sentencia del TSJC.