El trato de favor de la UAB a estudiantes independentistas acaba en el juzgado

Los jueces examinarán la legalidad de la evaluación única acordada por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con la finalidad de facilitar la aprobación del curso a los estudiantes que han participado en las movilizaciones independentistas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. 

Tres alumnos y un profesor de la UAB han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de este centro que habilita ese mecanismo de evaluación única para dar satisfacción a las peticiones de los estudiantes que han participado en las protestas. Los alumnos son Julia Moreno, presidenta de S’ha Acabat, y Alex Serra y Paula Díaz, también miembros de esta asociación, y el catedrático de Derecho Internacional Privado Rafael Arenas, miembro Universitaris per la Convivència y vicepresidente de Impulso Ciudadano.

"Contraviene la neutralidad"

Los recurrentes han explicado que han interpuesto el recurso al no tener otra alternativa ante una medida "contraria a Derecho, que vulnera la normativa académica, supone un cambio del sistema de evaluación con el curso ya iniciado, implica el apoyo explícito de la Universidad a unas protestas de carácter partidista", lo que a su juicio contraviene la obligación de neutralidad e implica, además, "la creación de bases de datos sin cobertura legal que permitirían vincular a los alumnos con determinadas posiciones ideológicas".

Los recurrentes de la evaluación única acordada por la UAB

Entre los principales argumentos que incluye el recurso se destaca que la medida "supone una excepción singular a la normativa de la UAB en materia académica, lo que es contrario a lo previsto en el artículo 37.1 de la Ley 39/2005, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común". Asimismo, la evaluación única introducida "desconoce las exigencias derivadas de la normativa universitaria sobre correspondencia entre evaluación y resultados de aprendizaje. Choca, además, con la obligación de que los elementos esenciales del curso, incluida la forma de evaluación, sean conocidos con anterioridad al inicio del mismo".

Sostienen que "no se pueden cambiar las reglas sobre evaluación una vez iniciado el curso. Todas estas irregularidades, además, pueden tener transcendencia en los procesos de verificación y acreditación de los títulos universitarios con las consecuencias que ello tendría para los estudiantes y para el conjunto de la comunidad universitaria".

"Razones extraacadémicas"

El cambio en el sistema de evaluación "no solamente no responde a razones académicas, sino que se ha hecho explícito que su justificación es completamente extraacadémica". En concreto, la propia rectora de la UAB afirmó que buscaba "mantener la paz social; esto es, plegarse a las peticiones de los estudiantes que han participado en las protestas contra la Sentencia del Supremo que condena a los líderes secesionistas". En este sentido, el acuerdo "es colofón del manifiesto firmado por los rectores de las universidades públicas el 14 de octubre, y que ha sido declarado contrario a la obligación de neutralidad de las administraciones en período electoral por la Junta Electoral Central, y a los manifiestos aprobados una semana después por los claustros de las universidades. Esta falta de neutralidad y la instrumentalización partidista de la institución llega así a la forma de evaluación, lo que también es contrario a Derecho.

Finalmente, la ejecución del mecanismo de evaluación única implica que se elaboren listados de alumnos que pueden facilitar la creación de perfiles ideológicos dentro del alumnado. Estos listados son creados al margen de cualquier habilitación legal y en contra de lo preceptuado en la normativa sobre protección de datos por lo que consideramos imprescindible que se ponga fin de inmediato a su creación y tratamiento.

Dada la gravedad de la situación y los perjuicios que se derivarían de un retraso en la resolución del recurso planteado, en este primer escrito "se solicita la adopción de la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acuerdo impugnado". De no adoptarse esa suspensión cautelar "podría suceder que los estudiantes que se acogieran al mismo no pudieran ser finalmente evaluados, al haber dejado pasar la posibilidad de hacerlo a través del único mecanismo legal: la evaluación continua, imposible de recuperar una vez concluido el curso", afirman los recurrentes. 

Universitaris per la Convivència acaba de solicitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al presidente del Parlament, Roger Torrent, sendas entrevistas para exponerles su posición con respecto a los manifiestos que recientemente les han entregado una serie de claustrales "que se han arrogado indebidamente la representación de sus universidades".