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Quim Torra durante el juicio por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña / EFE

Torra presenta el recurso ante TS que podría acortar aún más la legislatura

Mañana acaba el plazo para impugnar ante la sala penal del Supremo la condena de 18 años de inhabilitación, cuya firmeza acabaría con el mandato del 'president'

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"Domingo de casación... así están las cosas", explica el abogado Gonzalo Boye. Se refiere al recurso contra el condena de 18 meses de inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a Quim Torra por desobediencia. Mañana acaba el plazo para formalizar la impugnación y, a partir de ahí, se abre un período que habitualmente puede durar entre cuatro y seis meses.

Sin embargo, juristas consultados por Crónica Global consideran que, al tratarse de un caso jurídicamente rutinario, la sentencia definitiva podría conocerse en breve. Incluso antes de la fecha que Torra ha anunciado que convocará elecciones. El presidente catalán, que ha dado por finiquitada la legislatura tras la pérdida de confianza entre los socios de gobierno --ERC avaló la suspensión del voto de Torra en el Parlament tras las recientes resoluciones judiciales--, anunció que convocaría los comicios tras la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2020. Según el calendario parlamentario, eso tendrá lugar el 18 de marzo.

Pero algunos expertos jurídicos creen que, precisamente por el embrollo judicial que ha generado la Junta Electoral Central (JEC) al aplicar un artículo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que permite inhabilitar a un cargo público sin condena firme, el Supremo podría dar a conocer su resolución definitiva antes de lo previsto. Hay que tener en cuenta que Torra reconoció ser autor de los hechos, es decir, la colocación de símbolos independentistas en edificios de la Generalitat durante la campaña electoral, en contra del

La firmeza penal acortaría todavía más la legislatura, pues Torra ya no podría ostentar el cargo de presidente. Ciudadanos y PP consideran que ya lo ha perdido tras la inhabilitación de la JEC, que dio lugar a un procedimiento contencioso-administrativo en el Supremo. El que dio lugar a la crisis entre Junts y ERC.