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El TC suspende la ley que pretende crear una seguridad social catalana

El TC suspende las partidas del presupuesto de la Generalitat para el referéndum independentista

El alto tribunal acepta el recurso del Gobierno y advierte a Puigdemont y 18 cargos de la responsabilidad penal

04.04.2017 14:09 h. Actualizado: 04.04.2017 15:55 h.
5 min

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes, por unanimidad, la suspensión cautelar de las partidas del presupuesto de la Generalitat de Cataluña de 2017 destinadas a la organización de un referéndum independentista.

La suspensión cautelar --que se mantendrá mientras el alto tribunal estudia el fondo del asunto y, como máximo, durante cinco meses-- se ha producido automáticamente por la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra las partidas de las cuentas catalanas relativas a procesos y consultas populares y procesos de participación ciudadana.

Esta decisión se ha adoptado en la primera reunión jurisdiccional que el pleno del Tribunal Constitucional ha celebrado tras su renovación el mes pasado.

Notificación a Puigdemont y 18 altos cargos del Govern

Cabe destacar, además, que el alto tribunal ha atendido la petición del Gobierno de notificar personalmente la suspensión --y advertir de que, de no atenderla, podrían incurrir en responsabilidad penal-- al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; a sus 13 consejeros, y a otros cinco altos cargos del Govern por los que necesariamente pasa la ejecución de los presupuestos y la contratación de las prestaciones relacionadas con el referéndum secesionista.

Los miembros del Gobierno autonómicos advertidos, además de Puigdemont, son el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras; la consejera de la Presidencia, Neus Munté; el consejero de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Raül Romeva; la consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz; el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs; el consejero de Salud, Antoni Comín; la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa i Coll; el consejero de Interior, Jordi Jané i Guasch; el consejero de Cultura, Santi Vila; el consejero de Empresa y Conocimiento; Jordi Baiget; el consejero de Justicia, Carles Mundó, y la consejera de Agriculltura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.

Los cinco altos cargos apercibidos por el TC son el secretario general del Govern, Joan Vidal; el secretario general de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové; la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal; la directora general de Contratación Pública, Mercè Corretja, y la directora general de Presupuestos, Anna Tarrach.

Advertencia del TC

El alto tribunal advierte a todos ellos su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". Y, en particular, les insta a abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras, incluido el Fondo de Contingencia, "con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum a que se refiere la disposición adicional impugnada; especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por la Generalitat instrumentales para la preparación del referéndum; o de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de ampliación, modificación o transferencia de las partidas presupuestarias impugnadas o de cualesquiera otras partidas presupuestarias o del Fondo de Contingencia".

La suspensión de las partidas del presupuesto destinadas al referéndum independentista por parte del Tribunal Constitucional se suma al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y al pronunciamiento de los letrados del Parlament, quienes también han advertido de la ilegalidad de esas partidas.

La Generalitat y el Parlament tienen ahora 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.