Menú Buscar
Fachada del Tarraco Arena Plaza / CG

El Tarraco Arena será cómplice de delito por acoger el inicio de la campaña del 1-O

El Gobierno avisa a los responsables de las instalaciones de la ilegalidad del acto

3 min

El referéndum del 1-O es ilegal y cualquier acto público derivado también. Por ejemplo, el inicio de la campaña, que tiene que arrancar en el Tarraco Arena Plaza de Tarragona este jueves, 14 de septiembre. El Gobierno ya ha advertido al responsable de las instalaciones de que puede incurrir en “delito” si cede el espacio para tal fin y que puede enfrentar consecuencias penales.

El Tarraco Arena es propiedad de la Diputación de Tarragona, pero es la compañía privada Agència de Publicitat Internacional Catalana la que gestiona las actividades. En este inicio de campaña participarán el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de líderes independentistas. En cualquier caso, el acto se celebrará y las actuaciones se producirán después.

Tampoco en Badalona

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha avisado a la Generalitat, las entidades y los partidos independentistas sobre las consecuencias que puede conllevar la celebración del mitin en Tarragona. El representante espera una “rectificación” de los promotores de estos actos “que podrían ser constitutivos de delito”, ha dicho a los periodistas tras presidir una reunión de trabajo en Girona.

El subdelegado del Gobierno en Tarragona, Jordi Sierra, recibió la notificación el miércoles por la noche. El subdelegado en Barcelona, Emiliano Ablanedo, también ha comunicado la ilegalidad de todos los actos a los responsables de inicio de campaña en Badalona, previsto en el Teatre Principal. El consistorio habla de “intimidación”, mientras Millo habla de información de la situación.

Cada uno es responsable de sus actos

Millo ha afirmado que las órdenes de la Fiscalía sobre el referéndum “han sido muy claras” y ha avisado a los independentistas de que deben ser conscientes de que se saltan la ley y de las consecuencias que ello supone.

“Cada uno es responsable de sus actos y cuando uno decide unilateralmente saltarse la ley, debe ser igual de valiente para asumir las consecuencias”, ha concluido.