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Periodistas a las puertas de la Diputación de Barcelona a la espera de la llegada de la Policía Nacional por la macrooperación sobre la presunta malversación en el 'procés' / CG

Subvenciones a dedo, enchufismo y sexismo en la Diputación de Barcelona

La Oficina Antifraude arrancó en 2016 una investigación sobre las irregularidades en la concesión de ayudas al desarrollo con los detenidos Castells y García en el centro de la trama

8 min

La CUP y CGT presentaron en junio de 2016 una denuncia en la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) en la que apuntaban a las irregularidades en las ayudas al desarrollo en la Diputación de Barcelona y que hoy han dado lugar a una macrooperación policial. Jord Castells y Joan Carles García Cañizares, ambos detenidos hoy, figuran en el centro de la trama denunciada.

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso Crónica Global, tras las elecciones municipales de 2011, CiU había modificado sustancialmente las políticas de cooperación al desarrollo a su llegada a la Diputación de Barcelona.

Jordi Castells fue nombrado director de Relaciones Internacionales en 2012 y se convirtió en el máximo responsable de los fondos de cooperación al desarrollo de la Diputación. En julio de 2014 se incorpora Jonathan Jorba como jefe de la oficina de Cooperación “sin tener ninguna experiencia en el sector y que gestiona un presupuesto anual de más de 4 millones de euros”.

El caso Matas

Jordi Castells es nombrado por Josep Maria Matas, ex coordinador general de la Diputación que fue destituido en 2012 al descubrirse negocios con la Asociación Catalana de Municipios (ACM) cuando Salvador Esteve y Mata eran el presidente y el coordinador general de la entidad municipalista.

Con la entrada del nuevo equipo directivo se inicia un nuevo modelo de gestión de estos fondos con una progresiva sustitución de los tradicionales agentes receptores (ONG y entidades sociales) por empresas y patronales catalanas en procesos de internacionalización y conquista de nuevos mercados.

Modelo anglosajón

La Diputación de Barcelona sostenía que estaba “aplicando un cambio de modelo de gestión hacia el ‘modelo anglosajón’, en el que el sector privado tiene un peso creciente en la cooperación al desarrollo. Pero donde los beneficiarios de estos fondos no deben tener necesariamente experiencia en el sector, sino la voluntad de utilizar los recursos públicos para internacionalizar y conquistar nuevos mercados”.

Muchos de estos fondos de cooperación se han vinculado a través de sucesivos contratos menores, concesiones directas ... por tanto sin publicidad ni concurrencia, a unas pocas empresas y patronales catalanas sin experiencia previa en el sector del desarrollo.

Entidades recién constituidas

Algunas de estas empresas obtuvieron financiación simultánea por múltiples vías, contratos directos de la Diputación y otros contratos encargados por otros entidades financiadas por la Diputación para proyectos similares, según la denuncia que se envió a Antifraude.

Asimismo algunas entidades elegidas por la Diputación habían constituido muy poco antes de recibir los fondos. La cifra otorgada a estas empresas, según calculaban los denunciantes, podría superar un millón de euros.

Uno de los casos más significa: os es la subvención otorgada a la asociación hondureña ECOSADE (Expediente 2015/1022) para la elaboración de "planes de cohesión social y seguridad" y la evaluación de los proyectos de cooperación al desarrollo de la Diputación de Barcelona en Honduras". Esta entidad se constituyó formalmente el 12 de diciembre de 2014, según la escritura pública, y muy pocos meses después, en marzo de 2015, obtuvo 83.000 euros de la Diputación por la vía de la concesión directa, se decir, sin cabeza: pus de concurrencia.

Empresas y lobbies

Ninguna de las subvenciones concedidas por la convocatoria pública anual de la institución para cooperación al desarrollo desde 2012 ha superado los 75.000 euros.

El lobby energético Fundación Empresa y Clima fue otra de las entidades más beneficiadaz de las convocatorias de subvenciones en 2013 y 2014, con 67.000 euros y 42.000, respectivamente. Cifras a las que se suman otros fondos de cooperación canalizados a esta entidad que alcanzan los 228.000 euros desde 2013. Todo ello sin contar con los fondos obtenidos por uno de sus patrones, la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber) que obtuvo 183.000 euros durante las convocatorias de 2013.

Destacan, asimismo, la concesión directa de ayudas en 2015 el "Proyecto para la capacitación técnica y mejora de condiciones laborales de los curtidores de la región de Fez" (Marruecos) al Gremio de Curtidores de Igualada.

Jorba renuncia

A finales de mayo de 2015, Jorba anuncia su renuncia inmediata y su incorporación al Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) dependiente de la Generalitat.

A principios de junio dimite Jordi Castells, que vuelve al Servicio de Gestión de Fondos de Cooperación y Estructurales del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat.

Los técnicos de la Dirección de relaciones Internacionales de la Diputación fueron sustituidos progresivamente por cargos vinculados a CiU sin experiencia en el sector. Por ejemplo Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de Tordera, así como otros cargos de su máxima confianza, entraron en la Dirección de Relaciones Internacionales de de la Diputación desde mediados de 2013, cuando los técnicos comenzaron advertir de posibles irregularidades en el reparto de los fondos.

Cargos de confianza

“Para asumir las tareas que antes hacían los técnicos funcionarios expertos en cooperación (aprobar los proyectos, hacer el seguimiento y asegurar que cumplían con las finalidades pactadas, ...) fueron sustituidos por personas vinculadas a García Cañizares que lideraron algunos expedientes polémicos fuera de la supervisión de los técnicos de la casa”, aseguran los denunciantes.

Dos de estas personas relacionadas con el municipio de Tordera eran Marc Unió, que acababa de ser elegido concejal, y Bernat Santjoan, vinculado al partido. “Ambos fueron contratados por la vía de sucesivos contratos menores combinado con facturas por trabajos concretos.

Paralelamente, informaban la CUP y CGT, “se hizo una evaluación de riesgos a las trabajadoras de la Dirección de Relaciones Internacionales “con unas conclusiones demoledoras”. Estas hablaban y así queda recogido en la evaluación “de acoso laboral, presiones, tensiones psicosociales, malos tratos, miedo, represión, amenazas, represalias, gritos, golpes en la mesas, ambiente dictatorial, terror, difamaciones, ambiente insoportable, gritos, falsas promesas profesionales, voluntad de enfrentamiento entre compañeros, malestar y desmotivación por parte de la dirección”.

“La evaluación también recogía los numerosos y desagradables comentarios sexistas por parte de Jordi Castells”, consta en la denuncia ante la OAC