Sede del Palau de la Generalitat, donde los funcionarios deberán acatar el 155 / CG

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Política

SegurCaixa también rescinde las pólizas de la Generalitat por la independencia

Esta decisión de la compañía afecta a la institución y a los altos cargos

18 octubre, 2017 15:14

La aseguradora SegurCaixa Adeslas ha rescindido las dos pólizas de responsabilidad civil contratadas por la Generalitat, a raíz del “riesgo” por los últimos acontecimientos políticos en Cataluña y, singularmente, por la suspensión de la Ley de Transitoriedad Jurídica ordenada por el Tribunal Constitucional.

La firma ha notificado por carta al Parlament y a la Generalitat la decisión de rescindir las dos pólizas, una general para la Administración y otra específica para los directivos y altos cargos. La acción se produce un día después de que la aseguradora hiciera lo propio con la Cámara catalana por idénticos motivos.

Dos lotes

El 19 de septiembre de 2016, se formalizó el contrato del seguro de responsabilidad civil y patrimonial y de daños del Parlament de Cataluña que estaba dividido en dos lotes, el primero incluía la cobertura de seguros de responsabilidad civil y patrimonial y, el segundo, la cobertura de seguros a todo riesgo de daños materiales.

Por parte de la Generalitat, una de las pólizas rescindidas cubre a la Administración catalana en general y data de 2011, mientras que la segunda se contrató en mayo de 2017 y se trata de una ampliación de coberturas para altos cargos y directivos, según Efe.

Primero fue Mas

Para justificar que se deje sin efecto las pólizas contratadas con SegurCaixa, la aseguradora señala que es causa de rescisión, en aplicación de la ley del seguro, que ni el Parlament ni la Generalitat hayan informado del agravamiento del riesgo como consecuencia de la aprobación y la suspensión por parte del Constitucional de la Ley de Transitoriedad Jurídica.

Precisamente, SegurCaixa Adeslas, participada por Mutua Madrileña (50%) y CaixaBank (49%), rechazó pagar la fianza de 5,2 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso al expresidente de la Generalitat Artur Mas por el desvío de dinero público para la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, por entender que es un supuesto no cubierto por la póliza.