Sánchez lleva el tope del aire acondicionado al límite de la normativa laboral vigente

Las medidas con vistas al ahorro energético aprobadas por el Consejo de Ministros referidas a los centros de trabajo se sitúan en el límite establecido por la normativa vigente en materia de seguridad. Esta incluye una temperatura máxima en las oficinas de 27 grados, justamente la fijada como tope por el Real Decreto recién aprobado. 

La intención del Ejecutivo es que la climatización tanto en el transporte público como en edificios públicos y centros de trabajo no implique un consumo excesivo de energía. Debido a la crisis que se ha desatado como consecuencia de las restricciones aplicadas por el Gobierno ruso por las sanciones impuestas por la comunidad internacional a raíz de la invasión de Ucrania. 

Medidas de seguridad

De este modo, las oficinas no podrán registrar temperaturas por debajo de los citados 27 grados que, al mismo tiempo, supone el máximo contemplado por el citado Decreto de medidas de seguridad en los puestos de trabajo, aprobado originalmente en 1997 y después parcialmente modificado en 2004.

Así, podría darse la circunstancia de que se cumpliera el Real Decreto Ley recién aprobado, al situar la temperatura interna por encima de 27 grados, pero no se hiciera la propio con la normativa anterior que continúa en vigor. 

Margen para la calefacción

El hecho de que ambos límites coincidan, dejan sin margen a los responsables de regular las temperaturas en los centros de empleo. 

Algo que, de forma paradójica, no sucede con lo establecido para la calefacción. También con la intención de ahorrar energía, las medidas aprobadas este lunes en el último Consejo de Ministros del curso político contemplan una temperatura máxima en las oficinas durante el invierno de 19 grados.

En este caso, la cifra se sitúa dos grados por encima del mínimo establecido por el Decreto de 1997. La temperatura en las oficinas no pueden bajar de 17 grados, lo que deja un cierto margen para regular los termómetros, algo que no sucede en el caso del aire acondicionado. 

El Gobierno ha vuelto a recurrir a la fórmula del Real Decreto Ley para sacar adelante esta normativa, toda vez que ha considerado este paquete de medidas de ahorro energético de carácter urgente. En las últimas semanas, la Unión Europea ha activado las alarmas ante las consecuencias de los recortes en el suministro de gas natural procedente de Rusia. 

Capacidad de almacenamiento

En este sentido, los países miembros llegaron a un acuerdo para reducir un 15% el consumo de gas en invierno con el fin de evitar posibles problemas de suministro. 

Aunque la situación de España es más favorable, gracias a su capacidad de almacenamiento por la sólida infraestructura de su red de plantas regasificadoras, el Ejecutivo ha determinado la aprobación de estas medidas para promover el ahorro. 

Entrada inmediata en vigor

Al tratarse de un Real Decreto Ley de carácter urgente, la normativa deberá ser convalidada en el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes, es decir, cuando regrese la actividad en septiembre. Para ello, se requiere una mayoría absoluta de votos favorables. 

No obstante, las medidas serán de inmediata aplicación a raíz de su correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).