Rubí 'planta' a la DGAIA y paraliza el centro de menores "sin licencia de obra"

Fuego cruzado en plena campaña electoral entre la Generalitat, el Ayuntamiento y vecinos de Rubí por un centro de menores extranjeros no acompañados, los denominados MENAs. Todo comenzó el pasado lunes, cuando residentes en el barrio de Can Rosés se manifestaron contra el traslado de los jóvenes desde Sant Just Desvern al Hotel Terranova, que ahora se encuentra en desuso. Una concentración que convocó la plataforma STOP Centre Menors Rubí, y que volvió a repetirse al día siguiente. "La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha decidido de manera unilateral abrir este centro. A mí me llamaron el 2 de mayo para comunicármelo, sin dar ninguna explicación o justificación más allá de que el dueño del edificio es el mismo que el del lugar donde se encuentran ahora los jóvenes, y quiere cambiarlos de sitio", cuenta a Crónica Global la alcaldesa de la localidad Anna Martínez (PSC). Además, explica que el proyecto no tiene licencia y que por ello se paralizarán las obras, lo que impedirá que el espacio esté operativo a mediados de junio, tal y como preveía el Govern. 

¿Las obras tienen autorización? "No, no tienen licencia", explica Martínez. Los trabajos de adecuación del hotel se llevaron a cabo sin el consentimiento del consistorio de Rubí. En principio, si la actuación a realizar es una intervención menor --sin proyecto-- no es necesario este permiso municipal, pero ahora la actuación se ha parado porque la acometida realizada en el espacio no está permitida. Todo lo que se haya hecho fuera de la normativa requerirá la aprobación del consistorio. "Han solicitado la legalización de las obras ya efectuadas, porque no se ajusta a los trabajos que constan en el expediente. Así, dependen de nuestra autorización", sostiene la primera edil de la localidad. "Por eso, el traslado que anuncia la DGAIA, al menos en esas fechas, será imposible por una cuestión procedimental", apunta. Aunque la Generalitat tiene la competencia para decidir dónde ubica el centro de menores, Martínez recuerda que el Ayuntamiento tiene la última palabra a nivel urbanístico, "por eso tenemos las obras paralizadas", señala.

Protesta vecinal

Según la primera edil, los vecinos se enteraron de la intención del Govern el mismo día que ella, "por casualidad. Es un operario de la obra el que les explica para qué va a servir el espacio", sostiene. Es entonces cuando éstos acuden al consistorio para manifestar su malestar por no estar al tanto del proyecto. "Nosotros tampoco lo sabíamos", explica, y es por ese motivo por el que se implementa "una petición formal para parar las obras y encontrar la mejor solución". 

La alcaldesa de Rubí, Anna Martínez (PSC) / AJUNTAMENT RUBÍ

La alcaldesa de Rubí, Anna Martínez (PSC) / AJUNTAMENT RUBÍ

¿Por qué el Ayuntamiento rechaza acoger a menores extranjeros? "No compartimos el modelo de integración que propone la Administración. Estamos hablando de un centro que no es el adecuado", señala la alcaldesa de Rubí, quien critica el baile de cifras en el número de niños: "A mí me habían dicho que eran 70, y ahora hablan de 80. Que vayan a estar en un hotel, donde no habrá zonas comunes y solo podrán usar las habitaciones, no es la manera", explica. 

"Entorno hostil"

Martínez sostiene que "el lugar en estos momentos es un entorno hostil" para los menores extranjeros. ¿Por qué los vecinos rechazan que el centro se sitúe en Rubí?  "Los motivos no son homogéneos, existen muchas razones. Uno de ellos es que este modelo no garantiza la integración, y también por desconocimiento. Insisto, cuando las cosas se hacen mal --en referencia a la decisión de la DGAIA--, la reacción de la gente es imprevisible. En este sentido, cuando la protesta es masiva, puede ser irracional pero, en todo caso, es legítima”, ha subrayado. 

“Esta situación es consecuencia de una pésima gestión de la Generalitat de Cataluña, y también de una parte de Esquerra Republicana”, señala la primera edil. Además, apunta que "la razón por la que se ha planteado esta localización es puramente económica, ya que el dueño de los dos hoteles es la misma persona". Por su parte, desde la Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat explican a este medio que la intención continúa siendo “abrir el centro”, tal y como hicieron saber a Martínez el pasado 2 de mayo. "Nos hemos puesto a disposición del Ayuntamiento y de los vecinos para resolver todas las dudas que puedan tener”. Subrayan, eso sí, que la “prioridad” es dar una respuesta a los “menores que se encuentran en una situación de emergencia”, y recuerdan que el pasado 1 de abril todos los partidos se comprometieron --con la firma de un acuerdo en el Parlament-- a luchar “contra el racismo y la xenofobia” y no utilizarlo como arma electoral. 

¿Racismo? 

¿Que los vecinos rechacen que el centro de menores se instale en Rubí, responde a motivaciones racistas? "Que se acuse de racista a nuestra ciudad, por una situación que se ha gestionado mal, es lo que faltaba. No aceptaré que se nos acuse de intolerantes, ni de racistas, cuando el malestar de los vecinos es la consecuencia de la actuación de una Administración irresponsable, por tomar una decisión así", sostiene. "Hemos trabajado mucho por la buena convivencia y no aceptaré que nadie nos tache de lo que no somos”, apuntilla. 

¿Mientras tanto, qué solución se plantea para unos menores que se encuentran en situación de emergencia, según la DGAIA? “Están en otro hotel, la emergencia es porque el propietario ahora necesita el espacio”, critica la alcaldesa. ¿Y, mientras tanto, que pasará con estos jóvenes? "En todo caso, si la situación es de verdadera emergencia, como Administración competente, lo que no puede hacer la Generalitat es tomar decisiones unilaterales que crean dificultades en el territorio. Tiene que trabajar con responsabilidad y respeto, y destinando recursos", argumenta. "Por ahora, el proyecto está parado. Sentémonos y hablemos con todos los municipios de Cataluña para ver cómo abordar esta situación", propone. "Lo que pido es diálogo, por parte de la Govern, con todos los ayuntamientos”.