La DGAIA 'pasa' de garantizar la seguridad en los centros de menores

Trabajadores del centro de menores Can Rubió (Esparreguera) han denunciado este miércoles la situación de "violencia insoportable" a la que se ven sometidos y las condiciones de inseguridad que sufren, tanto ellos, como los propios adolescentes que se encuentran allí internados. No es una excepción, también sucede en Els Castanyers (Sant Fost de Campsentelles), y el Maria Assumpta (Badalona). Un solo vigilante se encarga de frenar altercados, agresiones incluidas, y es incapaz de contener a los jóvenes que en ocasiones sufren problemas de consumo y patologías mentales que no reciben el tratamiento adecuado. "Lo único que pedimos es que se cumpla la ley. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) debe garantizar la seguridad y la salud de sus empleados y en este caso también de los menores ingresados en el centro, y no se está produciendo”, denuncia a Crónica Global el responsable de UGT para este ámbito, Pedro González. 

No es una reclamación nueva, desde el sindicato exigen que se implemente el procotolo que la DGAIA suscribió el año pasado. "Pedimos que lleve a término los acuerdos que asumió como propios y no está cumpliendo", subraya González, que también trabaja en un centro de menores. "El ejemplo más claro y más evidente es el de Can Rubió --que acoge a niños con conductas delictivas, y que funciona como tal desde mayo del año pasado--. Ya alertamos hace tiempo que las ratios de apoyo a este equipo educativo eran inexistentes y denunciamos que un solo vigilante de seguridad no es suficiente para contener situaciones de violencia importante, como las que se dan allí”, explica. 

Inseguridad y violencia

"Lo que avisábamos se cumplió en julio de 2018 cuando, tras una serie de altercados, varios miembros de la plantilla cogieron la baja por depresión y estrés. También se produjeron agresiones a menores de edad ingresados en el centro, incluso una de los jóvenes quedó inconsciente debido a un ataque”, relata González. "Fue en ese momento cuando la DGAIA se comprometió a cambiar las cosas, y aún estamos a la espera", denuncia.

“Los trabajadores tienen miedo de acudir a los centros. Temen ser agredidos, al igual que los menores que están allí, porque otros jóvenes con los que conviven manifiestan conductas violentas. Así no se puede trabajar", denuncia este vigilante. El problema es que "no se ponen las medidas de seguridad ni de actuación adecuadas respecto a estos adolescentes, que son una minoría". El protocolo que suscribió la Generalitat  contempla un cambio de centro para los jóvenes que manifiesten conductas problemáticas, agresivas o de consumo de alcohol y/o drogas.

Centros conflictivos

En Can Rubió, denuncian desde el sindicato, se producen incidentes violentos a menudo. “Si algún adolescente se descontrola y hay que practicarle una contención, requiere un tiempo y un personal que no hay". Frente a 20 plazas de menores hay cuatro o cinco educadores y un vigilante de seguridad. "Para solventar una situación de estas características necesitas prácticamente a todo ese personal, con lo que el resto de menores ingresados se encuentran sin nadie que les atienda durante 45 minutos o una hora, en el mejor de los casos", relata este trabajador, que explica que algunos niños tiene "una fuerza física difícil de contener con los medios actuales. Así nos encontramos”, lamenta. “Cada turno es una lotería, porque no sabemos lo que va a pasar", critica.

Pedro González (d), trabajador en un centro de menores y responsable de UGT en la DGAIA / EP

Pedro González (d), trabajador en un centro de menores y responsable de UGT en la DGAIA / EP

Aunque no es tan coflictivo como los dos anteriores, el El Centre Residencial d'Atenció Educativa (CRAE) Maria Assumpta de Badalona también registra numerosos incidentes. “No alberga perfiles tan agresivos, pero allí se encuentran chicos con problemas graves de salud mental que llevan a la misma situación: dos o tres contenciones a la semana”, relata. “Otros niños de 12,13 o 14 años tienen que ver a diario estas situaciones, y no son fáciles de gestionar. No se solucionan en 10 minutos y luego se retoma la vida cotidiana”, lamenta. 

Atención psicológica

“Estos tres centros son los más conflictivos ahora mismo. Lo único que pedimos es que DGAIA actúe tal y cómo se ha comprometido. Estamos detectando casos, bien por temas de delincuencia, o por consumo de tóxicos, o problemas de salud mental, que están distorsionando la dinámica y la seguridad en estos centros. La Administración tiene la obligación de actuar, y no lo está haciendo”, reitera.

“O se aumenta el número de horas de atención psicológica a los menores que las necesitan, o se trasladan de manera temporal a las unidades de crisis de adolescentes que hay", señala. ¿No reciben atención médica? Sí, pero "no existe continuidad en el tratamiento. Pasan tres o cuatro días ingresados en estos centros específicos y luego regresan". "Lo que no puede hacer la Generalitat es dejar de garantizar la salud y la seguridad de todas las personas de los centros: sean trabajadores o menores ingresado", subrayan desde el sindicato. 

Inspección de trabajo

González explica que han interpuesto una denuncia ante Inspección de Trabajo, y que volverán a recurrir al Síndic de Greuges y al Parlament “para denunciar que la DGAIA incumple sus promesas. El protocolo recoge que en caso de menores reincidentes se deben agilizar las actuaciones para dar una respuesta, una salida a estas personas, y no está sucediendo". 

Desde el departamento sostienen que el protocolo de prevención y actuación ante las situaciones de violencia en estos centros "se ha cumplido debidamente", y anuncian que están tramitando "un nuevo contrato para incrementar la cobertura" en Can Rubió. Mientras tanto, los vigilantes tienen que acudir a sus puestos de trabajo con miedo por su propia seguridad y por no poder garantizar la de los menores.