Puigdemont agiliza la 'ley de amnistía' para los independentistas

Los independentistas han agilizado la tramitación de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, a pesar de que todavía no se ha celebrado el referéndum de autodeterminación. Sin embargo, PDeCAT ha sucumbido a las presiones de ERC y CUP, partidarias de que esta norma que sienta las bases jurídicas de un hipotético estado catalán fuera aprobada antes del 1 de octubre. La respuesta del Gobierno español y del Tribunal Constitucional a la tramitación de las leyes de ruptura que se lleva a cabo estos días en el Parlamento catalán y que podría derivar en responsabilidades penales, convierte esta norma de transitoriedad en la tabla de salvación de sus impulsores.

En efecto, esta ley contempla la amnistía de quienes hayan sido condenados por defender el proceso independentista. En concreto, establece la posibilidad de archivar o anular los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que “buscaran el pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación del nuevo Estado”. Un artículo que parece hecho a la medida de la "república soñada" por la CUP, según el vocabulario que los propios antisistema están utilizando en este pleno parlamentario agónico y maratoniano.

La inmunidad

La norma también prevé la inmunidad del presidente o presidenta de la Generalitat durante su mandato: no puede ser detenido o retenido excepto en caso de delito flagrante. “Corresponde al Tribunal Supremo de Cataluña decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del presidente”, indica la ley.

Al tratarse de una legislación transitoria, que debe acabar supuestamente en unas elecciones constituyentes, remite a otras leyes futuras la concreción de la “república catalana”, pero ya apunta maneras “populistas y autoritarias”, según algunos juristas. Advierten de que el modelo de país que promueve esta ley “degrada la separación de poderes pero, sobre todo, avala el control absoluto de jueces y fiscales por parte del Gobierno". Es decir, un enorme intervencionismo en el poder judicial a través del nombramiento del “fiscal general de Cataluña”, del presidente del “Tribunal Supremo de Cataluña” (TSC) y una Comisión Mixta de la Sala de Gobierno del TSC integrada por el consejero de Justicia, cuatro miembros de la sala de gobierno del TSC y cuatro personas designadas por el Govern.