Así protegió el presidente del Parlament a Ribó de Antifraude
Roger Torrent rechazó una especie de “suplicatorio” presentado por la OAC tras recibir dos denuncias contra el Síndic por aceptar viajes gratis de un empresario del 3%
5 febrero, 2020 00:00No existen precedentes de esta especie de “suplicatorio” presentado por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) contra una institución regulada en el Estatut. Los viajes pagados por un empresario del 3% al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, están ahora en manos del juez. Lo cierto es que la OAC no pudo investigar los hechos porque el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), lo impidió.
Crónica Global ha accedido al cruce de cartas entre el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), sobre las denuncias recibidas por este órgano, dirigido por el magistrado Miguel Ángel Gimeno, y cuya finalidad es preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público de Cataluña.
La denuncia de Cs y de un particular
Los hechos se remontan al 23 de septiembre de 2019, cuando la OAC recibió la denuncia de dos diputados de Ciudadanos en la que se instaba a investigar los favores del empresario implicado en la trama del 3% al Síndic, Jordi Soler. En concreto, un viaje gratis para ver la final de la Champions League en 2015 en Berlín que, según se supo el lunes, no fue el único que pagó Soler. Seis años antes, el investigado por la supuesta financiación irregular de CDC ya invitó a Ribó a regresar de un encuentro celebrado en Roma en un avión fletado por el empresario.
Posteriormente, el 3 de octubre, un particular presentó otra denuncia en la OAC, que acumuló ambas causas.
Extender las funciones de la OAC
“Como cuestión preliminar y suspensiva de la citada tramitación, hay que tener en cuenta que, si bien de acuerdo con el artículo 2 de la ley 14/2008 del 5 de noviembre de la OAC, el Síndic no forma parte del ámbito de actuación de la Oficina, el apartado segundo del artículo 4 de la misma ley establece que la OAC puede extender sus funciones sobre la actividad administrativa y de gestión patrimonial del Parlament y de las instituciones que establece el capítulo V del título II del Estatut de Autonomía, entre los cuales se encuentra el Síndic de Greuges, si la Mesa del Parlament o el presidente o presidenta del Parlament o el órganos correspondientes de dichas instituciones lo piden”.
Por eso, Gimeno pide en su misiva a Torrent “su parecer a efectos de resolver la cuestión preliminar planteada”.
Torrent no da el plácet
El pasado 12 de noviembre, el presidente del Parlament respondía al director de la OAC informando de la comparecencia parlamentara del Síndic el 16 de septiembre para dar cuenta de su acción. Torrent rechazaba que la Oficina ejerciera sus funciones sobre la presunta irregularidad denunciada, por lo que la OAC informaba que daba “por finalizada la actuación previa” y procedía “a su archivo". Fuentes conocedoras del procedimiento explican que se trata de la primera vez que una institución dependiente del Parlament y regulada por el Estatut era objeto de esta especie de “suplicatorio” por parte de la OAC.
Actualmente, el caso está judicializado, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que investigara a Ribó por un delito de cohecho pasivo.