Los presos independentistas también están divididos

Sostiene un diputado de Junts per Catalunya: “Llarena ha ganado la batalla, ha logrado dividir al independentismo”. No es el único secesionista que, el pasado jueves, expresaba esa sensación en los pasillos del Parlament, mientras la formación neoconvergente y ERC protagonizaban su enésimo enfrentamiento. Durante horas pareció que los socios del Govern asistían a su batalla final. No fue así, pero sus diferentes estrategias hicieron mella incluso entre sus compañeros de filas encarcelados por la organización del referéndum del 1-O.

Según aseguran a Crónica Global fuentes soberanistas, el enrocamiento de JxCat sobre la situación de los diputados procesados y suspendidos provocó división entre los parlamentarios que están en prisión preventiva. Así, mientras Jordi Turull y Josep Rull apostaban por mantener el acuerdo entre JxCat y ERC votado el pasado martes, Jordi Sànchez se posicionó con los duros de Carles Puigdemont, huido a Bruselas. Turull y Rull, añaden estas fuentes, expresaron cierta inquietud sobre las consecuencias jurídicas de firmar un documento que expresa desobediencia a la interlocutoria del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

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Documento presentado por Turull sobre su suspensión

Como se sabe, tras varias semanas de tira y afloja que bloquearon el Parlament, los socios de gobierno llegaron a un acuerdo sobre la resolución de Llarena, que confirmaba el procesamiento y suspensión de seis diputados –Puigdemont, Turull, Rull, Sànchez, Oriol Junqueras y Raül Romeva—. El magistrado abría la puerta a una suspensión temporal y a la designación de un diputado que ejerza los derechos parlamentarios procesados a la espera de que se resuelva la causa judicial, con la finalidad de garantizar la mayorías parlamentarias. El salomónico acuerdo de los dos partidos pasaba por declarar que los diputados no estaban suspendidos para, a continuación, designar al sustituto.

Junqueras y Romeva utilizaron la fórmula pactada: “Designo al diputado Sergi Sabrià (presidente del grupo parlamentario de ERC) para que ejerza mis derechos parlamentarios mientras dure la situación jurídica actual”, fue el escrito presentado en la Mesa del Parlament

Documento presentado por ERC sobre los diputados procesados

Documento presentado por ERC sobre los diputados procesados

Pero en un nuevo alarde de desacato, JxCat proclamó 48 horas después de votar el acuerdo en el Pleno, que Puigdemont y sus tres diputados encarcelados no tenían intención de designar a ningún sustituto. Y así lo hizo constar en un documento presentado por el portavoz del grupo, Albert Batet.

“Verifico que el documento entrado en el Registro General expresa mi voluntad de acuerdo con la Resolución del Pleno del Parlament de 2 de octubre de 2018”, reza la fórmula de JxCat. Toda una encerrona para el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent. Los letrados de la Cámara catalana advirtieron de las consecuencias jurídicas de esa fórmula, ya que hacían referencia a la voluntad explícita de no admitir la suspensión de los diputados.

De ahí la inquietud de Turull y Rull, cuyo abogado, Jordi Pina, ha intentado mantener una línea más profesional y menos mediática que Gonzalo Boye, letrado de Puigdemont y que es el único letrado que firma la querella contra Llarena, mientras que el resto de las defensas de los procesados se han mantenido al margen de esa estrategia de desgaste de los poderes del Estado. Rull y Turull estaba representados inicialmente por Jaume Alonso-Cuevillas, pero renunciaron a que este letrado, que también asesora a Puigdemont, les defendiera.

Jordi Pina, del despacho Molins & Silva, también defiende a Jordi Sànchez, que en esta última crisis entre JxCat y ERC, se posicionó con Puigdemont.

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Lo que dicen los expertos

Del lío de la suspensión de los diputados daba cuenta Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, en el portal Agenda Pública. Asegura que la suspensión, con base en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aplica Llarena (contempla en delito de rebelión), es automática y que, por tanto, el diputado no puede ejercer sus funciones. “Tampoco las puede delegar en nadie, porque ya no dispone de las mismas. Tampoco puede, por tanto, hacerse sustituir por nadie. Se abre entonces el debate de cómo conseguir que no se alteren las mayorías parlamentarias”, dice el juristas.

En este sentido, solo quedaban dos caminos. Para Nieva, “lo más correcto sería que el propio grupo designara a los sustitutos de los procesados”, cuya opinión, en este caso, “puede escucharse, pero no es determinante para la decisión del grupo”.

Otra solución, afirma, sería la renuncia al acta de diputado, que en este caso recuperaría, también automáticamente, sus funciones en cuanto quede libre o sea absuelto. Correría así la lista, pero los independentistas no aceptaron esta fórmula.